El abandono de un menor de edad puede constituir un delito y activar un proceso de restablecimiento de derechos para garantizar su protección integral.
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En Colombia, la protección del adulto mayor no es una opción discrecional, sino un mandato constitucional. El artículo 46 de la Constitución Política establece que el Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y asistencia de las personas de la tercera edad, garantizando su integración a la vida activa y comunitaria.
