De acuerdo con el análisis jurídico, la forma de proceder depende principalmente de si existe o no un vínculo legal entre la madre y los presuntos padres. Jimmy Jiménez, abogado de familia del bufete Integrity Legal explica.
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En Colombia, la protección del adulto mayor no es una opción discrecional, sino un mandato constitucional. El artículo 46 de la Constitución Política establece que el Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y asistencia de las personas de la tercera edad, garantizando su integración a la vida activa y comunitaria.
