Las diligencias de la Fiscalía General se realizaron de manera simultánea en Buenaventura, Dagua y Cali (Valle del Cauca), y en Medellín (Antioquia).


Las diligencias de la Fiscalía General se realizaron de manera simultánea en Buenaventura, Dagua y Cali (Valle del Cauca), y en Medellín (Antioquia).
[FOTOS] En dos procedimientos independientes, la Fiscalía General impuso medidas cautelares a estos bienes y propiedades en Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca, que habrían sido adquiridos con dineros producto del envío de cocaína a Estados Unidos y países de Europa.
[FOTOS] Se trata de 11 inmuebles urbanos y 2 rurales y 10 vehículos ubicados en Fortul (Arauca), Yopal (Casanare), Villavicencio (Meta) y Bogotá. Los cálculos preliminares dan cuenta de que los activos ascenderían en valor a 7.624 millones de pesos.
[FOTOS] Se trata de 13 inmuebles valorados en 26 mil 400 millones de pesos y, para la Fiscalía, los dueños no realizaron acciones para vigilar que no se estuviera violando la ley al interior de ellos.
Así mismo, la entidad encontró que unos 581 predios de gran extensión registran un avalúo catastral por debajo de un millón de pesos.
[FOTOS] Según la Fiscalía, los inmuebles se encuentran en Risaralda, Caldas, Valle del Cauca y Tolima, los cuales tendrían un valor comercial de unos 1.600 millones de pesos.
El exdirector de la Policía, mediante un comunicado, manifestó que su intención de administrar un predio de la entidad corresponde a un sueño de retomar las actividades que llevaba con su padre cuando era niño.
[FOTOS] Se trata de 16 predios entre rurales y urbanos, 6 vehículos y 4 establecimientos de comercio. Varios de los activos eran usados para el acopio y la comercialización de sustancias ilícitas en las comunas 8, 9 y 10, en el área metropolitana del Valle de Aburrá.
“Podemos estar ante uno de los peores hechos de corrupción de la historia”, denunció el Mandatario a través de su cuenta de Twitter.
[FOTOS] Se trata de 184 propiedades con un valor de unos 69 mil millones de pesos, que habrían adquirido contratistas y funcionarios públicos investigados por irregularidades entre las que también se encuentran el Carrusel de las Pensiones y la construcción del nuevo Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá.