El ataque en vía pública, habría sido realizado por la disidencia Estructura 28 y afectó de manera indiscriminada a la población civil y a la Fuerza Pública, con medios y métodos de guerra no convencionales. Cinco heridos más fueron trasladados para su atención médica.
La solicitud de traslado del proceso, hecha por la Procuraduría, evitó que prescribiera la investigación por los hechos ocurridos en el año 2000.
Los seis integrantes de este grupo delincuencial escaparon al sentir la presencia de Ejército y abandonaron el vehículo avaluado en más de $120 millones.
[VIDEOS] “Felicitaciones al trabajo articulado de la inteligencia de la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Fiscalía General, que permitió que se lograra con éxito esta operación. Así es como construimos la Paz con legalidad”, expresó el comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo.
[FOTOS+VIDEO] Se logró la incautación de una ametralladora calibre 7.62 mm, 3 fusiles, 3 pistolas, 15 artefactos explosivos improvisados de alto poder, abundante munición de diferente calibre e información que fue entregada a las autoridades competentes.
Los semovientes fueron devueltos a sus propietarios en el municipio de Puerto López, a donde previamente llegaron seis hombres armados que amenazaron y amordazaron a los administradores del predio.
Las unidades fueron atacadas con explosivos y ráfagas de fusil por terroristas de la estructura criminal, hay también, tres militares heridos. El Ejército Nacional continuará con la ofensiva en el marco de la operación Agamenón.
[FOTOS] Incautaron 44 celulares, que serían utilizados para coordinar homicidios y extorsiones. También fueron incautados 24 cargadores, 22 simcards, 15 manos libres, 8 baterías para celulares, 34 gramos de clorhidrato de cocaína, 170 gramos de marihuana y 17 armas corto punzantes.
[FOTOS] El Ejército Nacional en el departamento del Meta, a través del departamento Jurídico de la Séptima Brigada, brindará asesoría y orientación en su proceso de reconocimiento como víctimas. Conozca los requisitos.
La Procuraduría tomó la decisión contra el comandante de la unidad militar y otros seis soldados, quienes no habrían adoptado medidas de seguridad necesarias para mantener a salvo las instalaciones.
