En la investigación de la Dijín se determinó que estos funcionarios públicos y un contratista se habrían quedado con el 40% del convenio, unos 200 millones de pesos.
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Así lo indica el informe 2021 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, elaborado junto con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Las investigaciones de la corrupción judicial habían detectado al menos 135 casos de condenados que fueron favorecidos ilegalmente con detención domiciliaria.
La Fiscalía encontró evidencias de posibles falsedades y falta de idoneidad del contratista seleccionado para suministrar elementos de bioseguridad por un valor de 220 millones de pesos.
En un proceso se investigan irregularidades en el manejo de $234 mil millones que le giró la ADRES a esta EPS y en otro se investiga el pago de servicios médicos a fallecidos y anticipos por legalizar.
En los operativos de las autoridades también fueron detenidos dos presuntos narcotraticantes identificados como Óscar Gómez Romero y Mauricio René García Quimbayo.
La medida se tomó luego de la audiencia de legalización de captura de nueve personas, entre ellas un integrante de la UTL del congresista, relacionadas con irregularidades en convenidos en el suroccidente colombiano.
El general Ricardo Martínez aseguró que es inocente y que se defenderá judicialmente de los cargos en su contra, además, afirmó que nunca le causaría “inconvenientes a la institución y a los miles de hombres y mujeres que sirven a Chile desde sus filas”.
[VIDEO] La representante legal de la empresa contratista, al igual investigada, también recibió medidas privativas de la libertad en centro carcelario.
En total eran ocho los integrantes de esta banda que sustraía lotes de productos para venderlos a bajo costo en supermercados de Pasto e Ipiales. Varios de los imputados aceptaron cargos y reintegraron la mitad del valor de los víveres sustraídos.