La Fiscalía General de la Nación suscribió preacuerdos con seis de los presuntos involucrados, quienes deberán aceptar su responsabilidad en diferentes delitos y restituir el dinero que habría sido apropiado, además de colaborar con la justicia.
El pasado 24 de mayo, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá reconoció a Prosperidad Social como víctima en el proceso conocido como “Las Marionetas”.
Cinco personas fueron capturadas, quienes ya presentaban antecedentes en esta modalidad delictiva, además, les fueron incautados 34 mil dólares y más de 39 millones de pesos falsos.
Pierre Augusto García Jacquier habría aprovechado el cargo que ocupaba para asignar irregularmente un contrato superior a los 48.000 millones de pesos y 27 contratos más derivados de este. Por su posible actuar ilícito, al parecer, recibió junto a otra persona dádivas por 1.000 millones de pesos.
[VIDEO] Estás personas tienen anotaciones judiciales por extorsión y concierto para delinquir, por su presunta relación con ‘Los Costeños’ y los ‘Rastrojos Costeños’.
[VIDEO] Las víctimas eran citadas en apartamentos alquilados mediante plataformas virtuales y por pocos días, donde posteriormente eran sometidas violentamente para arrebatarles dinero y otras pertenencias.
[FOTOS+VIDEO] La desarticulada organización criminal, con fines de lucro, facilitaba y colaboraba con el ingreso, tránsito y salida de migrantes sin el cumplimiento de los requisitos legales en el territorio nacional, utilizando la modalidad de coyotes.
Una juez penal de conocimiento de Cali lo declaró responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y prevaricato por acción, por 16 eventos distintos. La pena se conocerá en diligencia que será programada por la Judicatura para junio del año en curso.
[VIDEO] Se incautaron 300 celulares de distintas marcas, 10 Ipad, tablets y un inhibidor de alarmas. La Fiscalía General determinó que los celulares hurtados eran enviados a Pasto (Nariño) y Leticia (Amazonas); entre otras ciudades fronterizas para luego ser comercializados en Ecuador y Brasil.
Los sentenciados, familiares entre sí, fueron declarados responsables de al menos nueve eventos delictivos en los que dieron apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. Los condenados deberán pagar multas que oscilan entre los 1.350 y 1.850 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.