Expresa su rechazo a los actos y manifestaciones de violencia, así como cualquier clase de presión y bloqueo en contra de las instituciones del Estado y de los poderes públicos, en particular de la Rama Judicial y los miembros que la conforman.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó en segunda instancia las medidas en contra de la exfuncionaria, expedidas en mayo de este año. Por los mismos hechos la Corte Suprema de Justicia la había condenado a 20 meses de prisión.
El ente investigador asegura que la acusación por desaparición forzada se basó, entre otras pruebas, en la confesiones. El juez que los liberó será investigado en la Comisión de Disciplina Judicial.