El trabajo investigativo adelantado por la Fiscalía General de la Nación permitió esclarecer el homicidio colectivo de cinco jóvenes asesinados la madrugada del 24 de enero de 2021 en una finca ubicada en la vereda Cerro Rico del corregimiento Chambimbal, a 30 minutos de Buga en el departamento del Valle del Cauca.
La priorización de este tipo de hechos, dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, permitió identificar a Diego Fernando Rivas Zuleta, alias ‘Simón’; y Jhon Jaime Ramírez, alias ‘JJ’, como presuntos responsables del homicidio de cinco personas; entre ellos un menor de edad.
‘Simón’ y ‘JJ’, harían parte del grupo armado organizado residual (Gaor) Adán Izquierdo, serían quienes llegaron al lugar y presumiblemente preguntaron por uno de los asistentes. Las investigaciones dan cuenta de que en la madrugada, y portando armas de fuego, los presuntos agresores llegaron a la finca y se habrían dirigido a la piscina y al jacuzzi donde departían los jóvenes; algunos de ellos eran adolescentes.
Los hoy imputados habrían ubicado a las víctimas y dispararon contra ellas en repetidas oportunidades causando la muerte de cinco jóvenes e hiriendo a otros dos.
Una hora después de ocurrido el crimen, la Policía Nacional fue informada sobre lo ocurrido. En pocos minutos un fiscal especializado, destacado para el caso, inició y coordinó los actos urgentes. De inmediato servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Buga y del grupo itinerante iniciaron el procesamiento de la escena el cual se prolongó hasta finalizada la tarde del mismo día.
Las labores de policía judicial permitieron recolectar evidencia física y más de 100 elementos materiales probatorios que permitieron a la Fiscalía encausar la investigación.
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La Fiscalía imputó a Rivas y a Ramírez como posibles responsables de los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones agravado.
Por determinación del juez los dos presuntos implicados, quienes no aceptaron los cargos, deberán continuar privados de la libertad en los centros carcelarios donde están recluidos como posibles responsables del delito de porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
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