La Cumbre Think20 (T20) del G20 2021 que se inició desde el 4 de octubre y culmina este miércoles 6 de octubre en Milán, Italia, recibió un documento con recomendaciones para el acceso a la educación para estudiantes migrantes y desplazados en el contexto de la pandémica COVID-19: retos y buenas prácticas para reducir la desigualdad. Este documento fue entregado por parte de la Fundación Empresarios por la Educación (ExE) junto con Educación para América Latina y el Caribe (SUMMA), y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Este informe de política lo componen 5 recomendaciones de diversas prácticas en América Latina y el Caribe, que tienen como objetivo garantizar el derecho a la educación de los estudiantes migrantes y refugiados. Las mismas son para informar a las autoridades nacionales de migración y educación, así como a los responsables políticos y a la sociedad civil, para promover regulaciones adecuadas en la población migrante. Dado que estos desafíos para los niños y adolescentes refugiados son un fenómeno mundial, la revisión de buenas prácticas y el desarrollo de soluciones basadas en experiencias exitosas genera una contribución significativa y brinda orientación para el diseño de políticas adecuadas en los países del G20.
Debido a la pandemia de COVID-19, la economía mundial está experimentando la recesión más profunda desde la Gran Depresión de 1929 y un retroceso en el desarrollo humano. En este escenario, los migrantes y refugiados se encuentran entre los más perjudicados. Ellos tienden a trabajar en empleos de menor remuneración, informales y temporales, en los sectores más afectados por la crisis (servicios domésticos, construcción y agricultura). De igual manera tienden a vivir en hogares con hacinamiento, por debajo de la línea de pobreza y sin acceso a los programas de protección social debido a la falta de documentación. Dado que las fronteras son restrictivas, cada vez más militarizadas, y los programas de asilo se han retrasado, el número de refugiados y migrantes que se quedan varados ha ido en aumento, así como el número de migrantes que son expulsados o se les impide cruzar la frontera.
El cierre masivo de escuelas desde marzo de 2020, afectó a 165 millones de estudiantes en América Latina, interrumpió los programas de comidas escolares para 80 millones de estudiantes y brindó educación a distancia en un contexto no preparado, donde casi la mitad de los niños de 5 a 12 años (31 millones) no tenían acceso a Internet en su hogar. En este contexto, los migrantes y refugiados latinoamericanos estaban en desventaja incluso antes de la pandemia. Los estudiantes inmigrantes tenían menos posibilidades de matricularse, continuar y/o finalizar la escolaridad obligatoria, desempeñándose con niveles inferiores a sus pares no inmigrantes. No solo se ha visto afectado su aprendizaje, sino también su acceso a las comidas diarias y a un entorno seguro, lo que aumenta sus posibilidades de deserción escolar, matrimonios tempranos, violencia sexual y trabajo infantil.
Las recomendaciones que expone el informe son:
- REDUCIR / ELIMINAR LA EDUCACIÓN RESTRICTIVA
Los migrantes pueden no solo enfrentar desafíos para acceder e inscribirse en las instituciones, sino también para certificar y validar su nivel educativo. Actualmente en Colombia se les permite inscribirse, así como acceder a las comidas, textos escolares y computadoras provistas, la homologación de años escolares hasta décimo grado a través de evaluaciones o actividades académicas. También se facilita el acceso al transporte escolar, educativo suministros y comidas escolares, y permite la inscripción en la prueba nacional obligatoria (SABER) para graduarse de la escuela secundaria.
2. PROMOVER PROGRAMAS COLABORATIVOS ENTRE EL SECTOR PRIVADO, ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG) Y AUTORIDADES LOCALES FACILITA LA PROVISIÓN DE EDUCACIÓN PARA CA MIGRANTE Y REFUGIADA
La colaboración entre el sector privado, público y social se vuelve fundamental cuando las legislaciones nacionales no garantizan el derecho a la educación de los migrantes y refugiados, no se está implementando alguna acción pública, o los presupuestos nacionales y locales son escasos para cumplir con este propósito.
En Colombia, los sectores público y privado han impulsado iniciativas para enfrentar la crisis humanitaria venezolana, con mayor implementación durante la pandemia. Círculos de Aprendizaje es un programa de educación flexible implementado por UNICEF, Fundación Escuela Nueva y Opción Legal, en asociación con el Ministerio de Educación Nacional y Secretarías de Educación del país. Otro programa distintivo en Colombia es La Educación Que Nos Une, que surgió como una estrategia colectiva liderada por la Fundación Empresarios por la Educación, y se ha convertido en una alternativa crucial para la educación a distancia durante cierres de escuelas.
3. FACILITAR AL MENOS LA LEGALIZACIÓN TEMPORAL DE INDOCUMENTADOS Y / O SUS FAMILIAS, PARA GARANTIZAR SU ACCESO A DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES DE PROTECCIÓN
Solo Brasil ha brindado programas sociales a las familias migrantes, independientemente de su estatus legal. En Chile, Argentina y Colombia llegaron solo a un grupo de familias migrantes que ya estaban registradas, mientras que Perú y Ecuador restringieron su asistencia.
En Colombia se definió una buena práctica en materia de nacionalización de migrantes y refugiados. Primero, la Resolución 847 (2019) garantiza la nacionalidad a los niños nacidos en Colombia de padres venezolanos, independientemente de su condición jurídica. En segundo lugar, la Ley 1997 (2019) establece una residencia legal excepcional para venezolanos que han migrado regular o irregularmente, así como a los solicitantes de asilo, con hijos nacidos en Colombia desde noviembre de 2015. Además, desde 2018, los migrantes que carecen de cédula colombiana vigente pueden solicitar un Permiso Especial de Permanencia (PIP) por dos años.
Chile introdujo la Visa Temporaria para Niños, Niñas y Adolescentes que otorgó a los migrantes irregulares un estatus regular temporal, con el fin de garantizar su acceso a todos los servicios sociales, sanitarios, nutricionales y educativos, independientemente de su situación jurídica. La Ley 21325 estableció que los migrantes eran elegibles para becas y transferencias de asistencia social, y podían inscribirse en el Registro Público de Hogares Sociales.
4. DEFINIR ORIENTACIONES Y DISEÑAR PROGRAMAS PARA EVITAR LA XENOFOBIA Y EL RACISMO, Y PROMOVER EL BIENESTAR DE LOS MIGRANTES
En el contexto de la pandemia, los niños y adolescentes han sido víctimas silenciosas. Son afectados por el cierre de escuelas, la pérdida de miembros de la familia, el encierro permanente, la fragilidad de su hogar y condiciones económicas. Además, son más vulnerables a la violencia doméstica, la deserción escolar y el trabajo infantil. Su bienestar socioemocional se ha visto afectado, y se están volviendo más ansiosos, menos motivados y más pesimistas.
En Colombia, La Educación Que Nos Une ofrece formación para profesores y directivos docentes, con el fin de promover la inclusión de acceso a la educación para estudiantes migrantes y desplazados en el contexto de la pandemia COVID-19, migrantes venezolanos en las escuelas y brindar herramientas que garanticen el desarrollo socioemocional de los estudiantes, apoyo y bienestar.
5. RECOPILAR UNA MAYOR CANTIDAD DE DATOS PARA MEJORAR, DIAGNOSTICAR LAS NECESIDADES DE LOS MIGRANTES, Y MEJORAR DISEÑO DE POLÍTICAS
El análisis que aquí se presenta revela la escasez de datos disponibles sobre la situación específica de los migrantes durante la pandemia. Para definir una evaluación adecuada de los requisitos, desafíos y necesidades de los migrantes y sus familias, es imperativo recopilar más datos y monitorear su situación en el tiempo. Por ejemplo, se necesitan mejores datos para diagnosticar cómo los migrantes y refugiados se están quedando atrás con respecto al aprendizaje, cuántos han abandonado la escuela o están en riesgo, y también en qué medida se ven afectados por la falta de acceso a servicios básicos como refugio, alimentación y educación.