El Ministerio Público desplegó a cuatro delegados especiales para hacer seguimiento sobre el proceso judicial y la verificación de posibles irregularidades en el programa Buen Comienzo de Medellín.
La Procuraduría General de Nación reveló las acciones especiales que inició para garantizar el restablecimiento de derechos de los niños víctimas de violación de alias ‘Manolo’, quien hacía parte del programa Buen Comienzo de Medellín.
Los delegados avanzarán en acciones preventivas, disciplinarias y de intervención judicial y administrativas relacionadas con este caso que indignó a la opinión pública en Colombia.
Primero que todo, la Procuraduría Judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres adelanta acciones que eviten la revictimización y se garantice de forma efectiva el acceso a la justicia como víctimas de violencias sexuales. Asimismo, se evalúa si hay personas que hayan actuado negligentemente ante las primeras denunciar sobre posibles caso de abuso.
Por otra parte, la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales se encuentra interviniendo en el proceso penal que se sigue contra alias Manolo, el presunto agresor, velando por el cumplimiento del ordenamiento jurídico en el desarrollo del mismo.
Entre tanto, la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá y la Procuraduría Judicial de Familia en Medellín han asistido a las mesas interinstitucionales que se conformaron con el fin de atender de forma articulada todas las acciones institucionales frente a este delicado asunto.
Finalmente, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal abrió indagación preliminar, por las presuntas irregularidades que se cometieron en el marco del desarrollo de este Convenio y que pudieron incidir en esta lamentable situación de violación a los derechos humanos de varios niños y niñas beneficiarios del programa.
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“Se trata de más de 1.300 folios para analizar, que incluyen, entre otros, el convenio interadministrativo entre la Alcaldía de Medellín y el ICBF, donde se describen las obligaciones de seguimiento al desarrollo del mismo, el informe de interventoría, el contrato que tenía el presunto agresor con el operador, la regulación de Buen Comienzo, así como los lineamientos del programa”, señaló la Procuraduría por medio de un comunicado de prensa.
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