La expansión de grupos armados y organizaciones criminales en distintas regiones de Colombia aumenta el riesgo para líderes sociales que defienden el territorio, acompañan a sus comunidades y desarrollan actividades civiles en zonas donde estas estructuras buscan imponer su control.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó el lunes 88 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados entre el 7 de enero y el 2 de agosto de 2026.
El caso más reciente fue el de Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, gobernador y máxima autoridad tradicional del resguardo indígena Kwe”sx Yu Kiwe, quien murió tras un ataque armado en Florida, en el departamento del Valle del Cauca.
Juana Valentina Cabezas, investigadora del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, explicó a la Agencia Sputnik que la violencia contra los liderazgos presenta características distintas en cada región, pero suele coincidir con la presencia y el posicionamiento de estructuras armadas.
“Lo común en términos de control armado (…) tiene que ver uno con el posicionamiento de actores armados y sobre todo la disputa actual que tienen los actores armados en esos territorios”, señaló Cabezas.
Cauca, Antioquia y Valle del Cauca encabezan, según Cabezas, los registros acumulados de asesinatos de líderes sociales desde la firma del acuerdo de paz de 2016, seguidos por Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Arauca.
En Cauca, las comunidades indígenas y campesinas desarrollan procesos organizativos en medio de la presencia de disidencias de las antiguas FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y operaciones de la fuerza pública.
Cabezas explicó que el riesgo para los líderes está relacionado con la fortaleza de los movimientos sociales y con su trabajo para atender las necesidades de las comunidades.
“En Cauca tiene que ver mucho con el movimiento social tan fuerte y con los procesos sociales que llevan a cabo los liderazgos”, afirmó.
Entre esos procesos se encuentran las guardias indígenas, la protección del territorio, las campañas ambientales y las actividades pedagógicas.
“Esas expresiones de los actores sociales, como las guardias indígenas y los procesos de cuidado del territorio, ambientales, sociales, de campañas y pedagogía, están disputando la posibilidad de generar acciones a largo tiempo“, explicó.
La investigadora utilizó la expresión “disputar la gobernanza” para describir cómo las comunidades mantienen formas civiles de organización en territorios donde los grupos armados pretenden controlar la vida cotidiana mediante la violencia.
No se trata de una confrontación armada de los líderes contra esas estructuras, sino de procesos comunitarios que pueden limitar la imposición de órdenes, restricciones y mecanismos de control sobre la población.
Los liderazgos, señaló Cabezas, “le están disputando precisamente, y lo repito, la gobernanza a ese grupo armado que quiere ejercer control por medio de las armas“.
El último balance de la Defensoría del Pueblo, con corte al 31 de mayo, confirmó 16 asesinatos de líderes sociales en Cauca, la cifra más alta del país durante los primeros cinco meses del año.
En Antioquia, la situación es diferente, pues allí los dirigentes comunitarios quedan expuestos por los enfrentamientos entre estructuras armadas que buscan ampliar o conservar su influencia.
“En Antioquia vemos una expresión también de disputa, pero en este caso es de una disputa abierta entre actores armados“, dijo Cabezas.
La investigadora mencionó la presencia de disidencias de FARC, el Clan del Golfo y el ELN en zonas como el Bajo Cauca, el nordeste antioqueño y áreas cercanas al sur de Bolívar.
Las confrontaciones y alianzas temporales entre esas organizaciones alteran las condiciones de seguridad de las comunidades y aumentan las amenazas contra quienes ejercen labores de representación social.
“Todo esto, digamos, que ha reconfigurado un poco el escenario y ha incurrido también en que se empiecen a amenazar a los liderazgos”, señaló.
Cabezas advirtió que los dirigentes comunitarios pueden quedar expuestos a señalamientos de los distintos actores, pese a no formar parte de ninguno de ellos. Además, deben “sortear entre parecer de uno u otro sector para poder sobrevivir”, añadió.
En Valle del Cauca, el riesgo para los liderazgos también está relacionado con dinámicas urbanas y con la actuación de bandas criminales, explicó Cabezas.
En este departamento, además de la presencia de disidencias, operan organizaciones interesadas en controlar rutas, redes logísticas, economías ilegales y sectores urbanos.
“Tiene que ver más con las bandas delincuenciales y esas expresiones de poder en lo urbano que buscan el control también territorial, el control del tema de rutas, logístico, de drogas, etcétera“, agregó.
La Defensoría confirmó cinco asesinatos de líderes sociales en Valle del Cauca hasta el 31 de mayo.
El asesinato de Gutiérrez Grajales mostró además que la existencia de un esquema individual de protección no necesariamente neutraliza los riesgos que enfrentan las autoridades comunitarias en territorios con presencia armada. La Gobernación del Valle ofreció hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables del ataque.
En Arauca, aunque el departamento no aparece entre los tres con más asesinatos acumulados desde 2016, Indepaz alertó sobre un repunte de los casos durante 2026.
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Según la investigadora, Arauca pasó de registrar 18 asesinatos de líderes sociales en 2024 a cuatro en 2025, aunque la cifra volvió a repuntar este año. La Defensoría confirmó seis asesinatos hasta mayo. El registro casi duplica la cifra de 2025, aunque Cabezas estimó que, si se mantiene la tendencia actual, los casos no superarían los 18 contabilizados en 2024.
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Con información de Sputnik.