A pocas semanas de una nueva ronda de negociaciones prevista para finales de marzo en Ginebra y con la fecha límite de mayo de 2026 acercándose, los países del mundo continúan negociando las reglas que definirán cómo se distribuirán vacunas, diagnósticos y tratamientos durante futuras pandemias. Organizaciones de salud pública advierten que la Unión Europea está bloqueando compromisos vinculantes de equidad sanitaria, lo que podría permitir que en la próxima emergencia sanitaria se repita el patrón observado durante el COVID-19: acceso temprano para los países más ricos y largos retrasos para gran parte del resto del mundo.
En la sede de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Estados miembros negocian el Anexo sobre Acceso a Patógenos y Reparto de Beneficios (PABS), una pieza clave del Acuerdo sobre Pandemias adoptado en mayo de 2025. Este mecanismo busca establecer reglas para garantizar que cuando los países compartan muestras de virus y datos científicos que permiten desarrollar vacunas, diagnósticos y tratamientos, los beneficios derivados de esa información también se distribuyan de manera equitativa.
El acuerdo pandémico no puede entrar en vigor hasta que este anexo sea finalizado, por lo que el resultado de las negociaciones que continúan durante marzo y abril será determinante para su implementación.
Durante la cuarta sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de la OMS celebrada en diciembre de 2025, más de 80 países en desarrollo propusieron establecer contratos estándar obligatorios para regular el uso de muestras de patógenos y datos genéticos con potencial pandémico. Estos contratos incluirían condiciones claras de reparto de beneficios, transferencia de tecnología, cooperación científica y acceso equitativo a vacunas, diagnósticos y tratamientos.
Delegaciones de la Unión Europea, particularmente algunos Estados miembros como Alemania, se opusieron a iniciar la negociación de estos contratos y promovieron un modelo basado en compromisos voluntarios de la industria farmacéutica.
Bajo esta propuesta, algunos fabricantes podrían decidir entregar alrededor de 20% de su producción de vacunas, tratamientos o diagnósticos durante una pandemia, de los cuales apenas 10% estaría garantizado como donación, mientras el resto quedaría sujeto a acuerdos comerciales.
Durante la pandemia de COVID-19, iniciativas internacionales como COVAX lograron distribuir cerca de 2.000.000.000 de dosis de vacunas en 146 economías. Aun así, la distribución global siguió siendo profundamente desigual. En 2021, América Latina representaba alrededor del 8% de la población mundial, pero concentró cerca del 30% de las muertes registradas por COVID-19. La desigualdad también se reflejó en las compras anticipadas de vacunas. Según análisis publicados en The Lancet, países de altos ingresos que representan apenas 16% de la población mundial aseguraron al menos 70% de las vacunas disponibles en 2021, dejando a gran parte del mundo esperando acceso a herramientas esenciales para salvar vidas.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, en Colombia, la pandemia de COVID-19 tuvo un fuerte impacto sanitario. Hasta 2023 el país registró más de 6,3 millones de casos y alrededor de 142.700 muertes asociadas al virus. Durante este periodo también se evidenció un exceso de mortalidad en distintos grupos poblacionales; por ejemplo, la mortalidad materna aumentó un 12,6 %. Además, el llamado COVID prolongado generó cerca de 200.000 años de vida saludable perdidos en la población. De acuerdo con el Instituto “al analizar estos datos se observa que las cifras fueron tres veces mayores en los territorios de menores recursos, en comparación con los municipios de mayores ingresos. Los nuevos análisis también evidencian cómo se documenta en los informes del ONS que dieron cuenta del avance, impacto y desigualdades sociales de la pandemia por covid-19, que durante la emergencia sanitaria no solo aumentó la mortalidad materna, también se profundizaron las inequidades sociales ya existentes en las poblaciones más afectadas.” En conjunto, estos factores produjeron una enorme presión sobre el sistema hospitalario, un fuerte desgaste del personal de salud y secuelas médicas en parte de la población.
Para América Latina y el Caribe, el resultado de estas negociaciones tiene implicaciones directas. La región participa activamente en redes globales de vigilancia epidemiológica y comparte información científica clave cuando emergen nuevas enfermedades, pero durante la pandemia muchos países enfrentaron retrasos significativos para asegurar vacunas y tratamientos.
¿Qué pide la sociedad civil para evitar otra desigualdad sanitaria?
Entre las principales demandas dirigidas a los responsables de la toma de decisiones en la Unión Europea se encuentran:
- Sin equidad, no hay acuerdo: El Acuerdo sobre Pandemias no puede ser ratificado sin el Anexo PABS, y este anexo no debería aprobarse sin disposiciones vinculantes de equidad sanitaria.
- Cooperación, no extracción: Quienes se benefician del sistema deben contribuir al sistema. Los fabricantes y usuarios comerciales deben participar en mecanismos obligatorios de reparto de beneficios mediante contratos vinculantes. Esto incluye acceso equitativo a vacunas, diagnósticos y tratamientos, licencias no exclusivas para fabricantes en países en desarrollo durante emergencias sanitarias graves y contribuciones financieras anuales.
- Sin registro, no hay acceso: El sistema debe incluir mecanismos de registro de usuarios y trazabilidad que permitan saber quién accede a los patógenos y cómo se utilizan.
- Participación significativa de la sociedad civil: La transparencia, la rendición de cuentas y la participación de comunidades son elementos clave para proteger la equidad sanitaria.
- Finalizar el acuerdo con disposiciones efectivas de equidad: Un anexo débil corre el riesgo de repetir las desigualdades observadas durante la pandemia de COVID-19.
- Proteger la producción regional: Sin un reparto equitativo de beneficios, los esfuerzos por desarrollar producción regional y fortalecer la soberanía sanitaria en países de ingresos bajos y medios podrían quedar limitados.
“La lección del COVID es clara: cuando las reglas son débiles, la desigualdad se impone. No puede volver a existir una fila VIP en la próxima pandemia”, señaló Francisco Rubio, Director de Incidencia de AHF para América Latina y el Caribe.
“Durante el COVID vimos cómo los países con más recursos aseguraban vacunas y tecnología médica mientras millones de personas en regiones como América Latina esperaban acceso a herramientas básicas para salvar vidas. La equidad sanitaria no puede depender de donaciones tardías; requiere compromisos claros” añadió, Sandra Ávila, Gerente de Programa de AHF Colombia.
Las negociaciones sobre el sistema PABS continuarán durante 2026 y definirán las reglas globales para el acceso a vacunas, diagnósticos y tratamientos en futuras pandemias.
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Para organizaciones de salud pública, el debate actual gira en torno a un punto central: si el nuevo acuerdo establecerá obligaciones claras de reparto de beneficios —incluyendo acceso a vacunas, diagnósticos y tratamientos derivados de patógenos compartidos— o si esos compromisos quedarán sujetos a mecanismos voluntarios.
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