En una era digital donde gran parte de nuestra vida está expuesta en redes sociales, muchos cónyuges enfrentados a un proceso de divorcio recurren a este tipo de plataformas para obtener evidencias. Sin embargo, según el bufete de abogados Integrity Legal, el uso de contenido privado obtenido sin consentimiento puede constituir una grave violación a derechos fundamentales como la intimidad y la protección de datos personales.
La Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales) protege la información personal incluyendo datos en redes sociales y prohíbe su tratamiento sin autorización del titular. Por otro lado, el Código Penal (Ley 599 de 2000) tipifica en el artículo 269F el delito de “violación de datos personales”, que puede aplicarse si se accede ilegalmente a cuentas de redes sociales.
“El hecho de que una publicación sea visible no significa que todo en redes sea libre para usar. Si la cuenta es privada o se accede de forma fraudulenta, cualquier prueba obtenida de esa manera puede ser rechazada en juicio e incluso acarrear sanciones penales. No obstante, si la prueba presentada obedece a una difusión libre y pública por parte del titular de la cuenta, esta puede ser presentada en el proceso”, advierte el abogado de familia, Jimmy Jimenez.
Las pruebas que son presentadas vulnerando la intimidad de la otra persona (como mensajes obtenidos sin permiso) pueden ser consideradas ilícitas y desestimadas en el proceso. Sin embargo, reiteradamente la Corte ha expresado la prelación de derechos más allá del derecho a la intimidad. Por ejemplo, cuando una prueba busca proteger un derecho fundamental como la vida, esta puede ser valorada incluso si, para su obtención, se ha vulnerado el derecho a la intimidad.
Requisitos legales para que una publicación de redes sociales sea considerada prueba válida en juicio
Para que una publicación de redes sociales sea considerada prueba válida en un proceso de divorcio, debe cumplir con los requisitos establecidos en el Código General del Proceso (CGP) y la jurisprudencia colombiana:
La prueba no debe haber sido obtenida violando derechos fundamentales, como la intimidad o la protección de datos.
La prueba debe ser útil, pertinente y conducente, para resolver el problema jurídico que se está revisando en los estrados judiciales.
Las pruebas deben ser aportadas dentro de la oportunidad probatoria determinada por la ley, de lo contrario, no podrán ser valoradas en el proceso.
Jiménez indica que “La Corte Constitucional (sentencia T-550/2012) ha enfatizado que las pruebas digitales, como publicaciones en redes sociales, son válidas si cumplen con estos requisitos y no afectan desproporcionadamente la privacidad”.
Recomendaciones para usar redes sociales como prueba en un divorcio
Usar solo contenido público: Limitarse a publicaciones accesibles sin necesidad de violar la privacidad (por ejemplo, fotos o comentarios en perfiles públicos).
Documentar correctamente la prueba:
Tomar capturas de pantalla que incluyan la fecha, hora, nombre del perfil y URL de la publicación. Guardar metadatos o enlaces que permitan verificar la autenticidad.
Consultar con un abogado: Antes de presentar la prueba, un abogado puede evaluar su pertinencia, utilidad, conducencia y legalidad, asegurando que cumpla con los requisitos del CGP y que no vulnere derechos fundamentales.
Evitar manipular la prueba: No alterar las capturas de pantalla ni el contexto de las publicaciones, ya que esto puede llevar a su rechazo de plano.
Proteger la propia privacidad: Configurar las redes sociales para limitar el acceso a publicaciones personales y evitar que el cónyuge use contenido en contra.
Considerar el impacto emocional y legal: Evaluar si presentar ciertas publicaciones podría escalar el conflicto o afectar la negociación de aspectos como la custodia o la liquidación de la sociedad conyugal.
Actuar con celeridad: Las publicaciones en redes sociales pueden ser eliminadas, por lo que es crucial recolectar la prueba apenas se identifique su relevancia.
En resumen, el uso de publicaciones en redes sociales debe ser estratégico, legal y bien documentado, contando con el acompañamiento de un abogado para maximizar su efectividad en el proceso.
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