Las cifras no mienten. Según el Informe sobre las Migraciones en el Mundo de 2022, publicado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se estima que había aproximadamente 281 millones de migrantes internacionales en el mundo que equivale el 3,6% de la población de todo el planeta. La OIM indica que este fenómeno ha experimentado un considerable aumento en las últimas décadas. Por ejemplo, en 1990, la cifra de migrantes internacionales era de alrededor de 153 millones, lo que significa un incremento de 128 millones de personas en esta condición desde entonces.
Asimismo, solo Estados Unidos, uno de los tres principales destinos de migrantes de todo el hemisferio, presentó un aumento global de envío de remesas en las dos más recientes décadas, pasando de 126.000 millones de dólares en el 2000 a 702.000 millones en 2023, según información proporcionada por el Banco Mundial y recopilada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) Otros datos del Banco Mundial confirman que India y China fueron los dos destinos de las remesas, con entradas superiores a 83.000 millones de dólares y 59.000 millones, respectivamente. Le siguieron México, Filipinas y Egipto.
De acuerdo con Valeria Velásquez, coordinadora del Programa de Asistencia Legal para personas con necesidad de Protección Internacional (refugiadas y migrantes) del Consultorio Jurídico, adscrito a la Facultad de Derecho de Areandina, seccional Pereira, el incremento del fenómeno migratorio está impulsado por diversos factores, entre ellos: “los conflictos armados, como el que se vive en Ucrania con Rusia o entre Israel y Palestina, las persecuciones políticas que se sienten en otras naciones, los desastres naturales y la búsqueda de mejores oportunidades económicas, como se evidencia en Venezuela, país del que cada día salen más habitantes en búsqueda de un mejor futuro”.
Estos eventos, agrega Velásquez, “generan desplazamientos masivos de personas que anhelan una mayor seguridad y estabilidad en otras naciones, lo que crea un entorno propicio para la explotación y la trata de personas con fines sexuales, laborales o de mendicidad”.
Los indicadores de este fenómeno, según el séptimo Informe Mundial de UNODC sobre Trata de Personas, evidencian una leve disminución desde que apareció la pandemia por Covid-19. En 2020, solo por mencionar un ejemplo, el número de víctimas de este delito descendió 11 % con respecto al año anterior. En 2023, cifras más recientes, los números se mantuvieron muy similares. Igualmente, el total de condenas por esta conducta también disminuyó en 27 % el año anterior frente a 2022. Los descensos más pronunciados se presentaron en el Sur de Asia (56 %), Centroamérica y el Caribe (54 %) y Sudamérica (46 %).
No obstante, cómo señala Velásquez, es importante analizar los indicadores de trata de personas con cautela, ya que una aparente disminución en los casos reportados no necesariamente refleja una mejora en la situación, sino más bien podría señalar deficiencias en la detección y denuncia de estos delitos. El bajo número de casos registrados puede ser indicativo de subregistro, producto de barreras como el temor a represalias, la desconfianza en las autoridades o las dificultades para identificar y reportar situaciones de trata
Así mismo, es importante anotar que los conflictos que se viven en este momento en Ucrania e Israel y Palestina podrían aumentar el riesgo de que crezca este fenómeno por el incremento de la población desplazada que llega especialmente a África y Oriente Medio, donde son objeto de trata.
“Las personas con necesidad de protección internacional, sobre todo aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, son objetivos frecuentes para los traficantes de personas. La falta de redes de apoyo y la necesidad desesperada de encontrar un lugar seguro y un empleo, hacen que estos habitantes sean más susceptibles a caer en manos de estas redes”, afirma Velásquez.
Principales obstáculos, retos y desafíos para enfrentar esta problemática
Las dificultades más notorias tienen que ver con la ausencia de una protección efectiva a las víctimas de trata. “A menudo, estas personas no reciben la atención adecuada ni son identificadas correctamente durante los procesos legales. Asimismo, la falta de interés en su identificación o vinculación a la actuación procesal es un problema común. Por ejemplo, en muchos casos ni siquiera se recopila la información básica sobre las personas traficadas, lo que dificulta la implementación de políticas efectivas de protección e identificación. Esto es especialmente preocupante dado el papel cada vez más reconocido de la víctima en el proceso penal”, indica la coordinadora de Areandina.
Las redes de trata, añade la experta, suelen operar transnacionalmente, lo que complica la persecución efectiva de estas organizaciones criminales. Al mismo tiempo, la falta de coordinación regional entre los estados dificulta aún más la solución del problema.
Según Velásquez, “las víctimas de este delito a menudo temen denunciar a sus captores debido a la falta de medidas de protección efectivas. Esto se debe en parte a la naturaleza transnacional de esta conducta, que hace que las víctimas se sientan desprotegidas, incluso después de escapar de sus tratantes”.
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Situación de las víctimas de trata con nacionalidad venezolana en Colombia
Su realidad es compleja a raíz de la crisis socioeconómica y política que vive el vecino país y las tiene una situación de vulnerabilidad extrema.
A pesar de los esfuerzos por brindarles apoyo, el retorno seguro a Venezuela es prácticamente imposible debido a la falta de seguridad y el colapso de los servicios básicos en su país de origen. Además, enfrentan obstáculos significativos para regularizar su situación migratoria en Colombia, lo que las deja en una situación de vulnerabilidad continua.
“Incluso, las víctimas después de escapar de sus tratantes, siguen expuestas al riesgo de ser reclutadas nuevamente por la falta de medidas de protección efectivas y la ausencia de redes de apoyo adecuadas. Por lo tanto, es crucial implementar acciones integrales de protección, asistencia y reintegración socioeconómica para abordar sus necesidades de manera efectiva y garantizar su recuperación y bienestar a largo plazo”, concluye Velásquez.
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