Gabriel Ramón Jaimes, fiscal coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, radicó ante el Centro de Servicios de la ciudad de Barranquilla, un principio de oportunidad en favor de Dayssuris Vásquez, para ser evaluado por parte de un juez de la República.
Dicho beneficio se otorga a cambio de que la mujer colabore y presente pruebas en contra de su expareja Nicolas Petro Burgos, quien es investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Vásquez fue imputada por la Fiscalía General de la Nación, en audiencias concentradas realizadas entre el 30 de julio y el 4 de agosto de 2023, como coautora del delito de Lavado de activos en la modalidad de adquirir, invertir, administrar, almacenar, ocultar, encubrir y dar apariencia de legalidad al dinero producto del delito de enriquecimiento ilícito, esta última conducta, realizada por su esposo, Nicolas Petro Burgos. También le fue atribuido el delito de violación de datos personales.
Dayssuris Vásquez recibió una medida no privativa de la libertad, según lo solicitado por la Fiscalía.
El principio de oportunidad radicado el día de hoy le daría a Dayssuris inmunidad total para que el ejercicio de la acción penal se suspenda por un lapso de dos años respecto a los delitos de lavado de activos y violación de datos personales, también por las conductas de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, ambas conductas en calidad de interviniente.
La firma de este principio de oportunidad se argumenta en dos causales: primero, la información brindada por Dayssuris posibilitó que el delito de lavado de activos dejara de ejecutarse y por otra parte se comprometió a declarar contra Nicolas Petro Burgos y otras personas que estarían involucradas en las conductas delictivas mencionadas.
Le podría interesar: Capturado en Villavicencio el presunto asesino de Michel Dayana González [VIDEO]
Se resalta que la colaboración de Dayssuris Vásquez constituye una condición sin la cual no hubiera sido posible tener conocimiento de graves atentados que se habrían cometido contra los bienes jurídicos del orden económico-social, la administración pública, la fe pública, la información y los datos personales.
Lea también: Elevan a $100 millones la recompensa por responsables de acto terrorista en la vía al Llano