“Hoy venimos a pedirle perdón a toda la región de los Llanos Orientales por los actos de ejecuciones extrajudiciales cometidos por parte de agentes estatales o particulares”: Iván Velásquez. Según la Jurisdicción Especial para la Paz, en el departamento del Meta se presentaron 395 casos de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008.
En Villavicencio, se llevó a cabo el acto de excusas públicas por los casos de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008 presentados allí. Junto con el comandante del Ejército Nacional, General Mauricio Ospina, el ministro de Defensa Nacional, Iván Velásquez Gómez, ofreció excusas públicas ante estos hechos.
“Yo quiero decir de manera expresa que, en nombre del Estado, en nombre del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares, del Ejército Nacional, pido perdón. Pido perdón por estos crímenes que en realidad nos avergüenzan y reconocemos la responsabilidad de Estado en su ejecución”, afirmó el ministro Velásquez.
En presencia de 8 familiares de las víctimas de estos actos, el jefe de la Cartera de Defensa, fue enfático en que se recuerda a las más de 6.400 familias que han luchado por la verdad durante este tiempo.
“Estamos empeñados en una transformación de la Fuerza Pública, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares. Siempre, como ha sido la instrucción desde el principio que además ha sido reproducida por los Comandantes a todos sus subordinados, la Fuerza Pública tiene que privilegiar la vida sobre la muerte, la vida de toda la población”, continuó Velásquez.
Por su parte, el comandante del Ejército Nacional, General Mauricio Ospina, también ofreció excusas por los actos cometidos contra la vida de cada uno de estos colombianos.
“Con la humildad que caracteriza a un soldado de la Patria, pedimos perdón a los familiares de las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales (…) Nos queda una lección de vida para los soldados de hoy y los del mañana: fortalecer con compromiso todo el respeto por la Constitución y la Ley, como Institución hemos aprendido desde todos los ámbitos posibles que a través de la capacitación, pedagogía, instrucción y entrenamiento, todo el personal militar debe ser garante de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario”.
Los familiares de cada una de las víctimas de estos actos de ejecuciones extrajudiciales agradecieron al Gobierno Nacional la oportunidad de expresarse y pidieron acabar la guerra para que no mueran más inocentes.
En este reconocimiento de responsabilidad institucional, se reivindicó el nombre de:
José Antonio Villegas Batero, de 25 años, fue visto por última vez con vida el 18 de marzo de 2006, en su finca en la vereda Cachicamo, municipio de San José del Guaviare, fecha en la que tropas del Batallón Contraguerrilla N° 35 desembarcaron en la zona, quienes falsamente lo reportaron como muerto en combate el 19 de marzo de 2006 en el municipio de la Macarena, Meta, donde su madre identificó su cuerpo el 6 de mayo del mismo año.
José Indalecio González Angulo, de 23 años, quien desapareció el 9 de febrero de 2002 y luego fue encontrado muerto en la Hacienda La Llanerita en la vereda Buenos Aires, en el municipio de San Martín Meta, donde fue reportado un enfrentamiento entre miembros del Batallón de Infantería N° 21 Pantano de Vargas y un grupo de autodefensas, del que hicieron pasar como integrante a José Indalecio.
Yeyler Cubides Zulluaga, de 15 años, fue retenido sin orden judicial en el municipio de Mesetas, con otro menor de edad, el 23 de junio de 2006 por integrantes de la Brigada Móvil N° 12, quienes luego lo asesinaron, señalándolo falsamente de integrante de las FARC-EP muerto en combate de protección de aeronave que llevaba víveres para las tropas del Ejército.
Ángel Gabriel Virgüez García, de 21 años, trabajador de campo. El 27 de octubre de 2006 salió en compañía de otros campesinos de la finca en la que trabajaba, ubicada en la vereda Loma Linda del municipio de Vista Hermosa, hacía un billar. En el camino fueron interceptados por integrantes del Batallón Contra Guerrilla 83, quienes los retuvieron y luego aparecieron asesinados y reportados como guerrilleros abatidos en operaciones militares.
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Aurelio Gallego Mancera, de 25 años, acababa de prestar el servicio militar y se desempeñaba como trabajador de construcción en el municipio de Granada. Los hermanos de la madre de Aurelio, soldados profesionales, la llamaron para informarle que el cuerpo de su hijo estaba en el cementerio de Mesetas, cuya muerte había sido reportado por los integrantes del Batallón de Infantería N° 21 Pantano de Vargas, el 8 de marzo de 2007 como guerrillero dado de baja en combate, sin ser esto verdad.
Luis Efraín Prada, de 30 años, vivía en el municipio de Miraflores Guaviare y laboraba como motoristas en el río Vaupés. El 14 de marzo de 2008, Luis Efraín con un grupo de vecinos, salió hacia la vereda Villa Otilia, donde fueron asesinados por integrantes del Batallón de Contraguerrillas N° 86 del Ejército Nacional, quienes reportaron a las personas de la comunidad que producto de un combate con un grupo de guerrilleros, había caído Prada y 2 personas de la comunidad, sin ser esto cierto.
Adolfo Cárdenas Trujillo, de 25 años. El 28 de junio de 2007 se encontraba en la vereda el Danubio, municipio de Puerto Rico, cuando integrantes del Batallón Contraguerrilla 7 de la Brigada Móvil N° 4 los asesinaron a él y otro joven, simulando un enfrentamiento, señalándolos como integrantes de las FARC-EP y parte de la seguridad de un líder guerrillero. Ambos cuerpos fueron trasladados al cementerio de Granda y enterrados como NN.
Luis Enrique Montero, de 34 años, era un trabajador del campo, que fue sacado de su casa el 11 de octubre de 2003, junto con su primo y llevado a rumbo desconocido por personas armadas de su casa en la vereda Guapaya Medio, en el municipio de Vista Hermosa. Según reportes del Batallón de Infantería N° 21 “Batallón Pantano de Vargas”, en la fecha señalada en la vereda Maracaibo municipio de Vista Hermosa, en cumplimiento de operaciones militares y producto de un combate, se dio muerte a una persona de identidad desconocida, quien luego fue identificada y entregada a su familia el 13 de septiembre de 2013.
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Finalmente, el ministro Velásquez puntualizó ante el auditorio que no se pide perdón por cumplir una orden, “pedimos perdón porque sabemos que estos crímenes han sido contra la humanidad y eso nos avergüenza”.
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