El Gobierno de Ecuador confirmó el viernes que las seis personas asesinadas en un penal de la ciudad de Guayaquil, en el suroeste del país, eran de nacionalidad colombiana y estaban implicadas en la ejecución del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto, pocos días antes de las elecciones anticipadas.
“Las seis personas privadas de libertad muertas al interior del Centro de Privación de Libertad Guayas Número 1 responden a los nombres de Jhon Gregore R; Andrés Manuel M, Adey Fernando G: Camilo Andrés R; Sules Osmin C y José Neyder L. Todas las PPL son de nacionalidad colombiana y estaban imputadas por el asesinato del expresidenciable Fernando Villavicencio”, señala el comunicado oficial difundido en redes.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad Adultas y a Adolescentes Infractores (SNAI) señaló en el texto publicado que el Gobierno nacional condena este hecho y ratifica su voluntad política de colaborar con las investigaciones pertinente para identificar a los responsables del crimen del excandidato.
La ejecución de los detenidos ocurre a pocos días de la segunda vuelta en la urnas para la elección del binomio presidencial que gobernará al país hasta mayo de 2025, cuando debía concluir el mandato de Lasso.
Tras conocer el suceso, el mandatario ecuatoriano Guillermo Lasso anunció su retorno al país desde Estados Unidos, a donde viajó para un asunto familiar y personal por dos días, para luego continuar viaje a Corea del Sur con motivo de un viaje oficial a ese país.
El presidente Lasso afirmó en su cuenta en la red social X (antes Twitter) que “ni complicidad ni encubrimiento, aquí se conocerá la verdad”, pero no señaló el vínculo de las muertes con el caso Villavicencio.
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El excandidato presidencial había denunciado que recibió amenazas de muerte luego que él criticara las declaraciones del líder delincuencial Adolfo Macías, alias Fito, quien cumple más de 30 años de prisión y desde la cárcel llamó a un acuerdo para pacificar las cárceles y el país.
Presuntamente Villavicencio recibió amenazas de que no mencionara más el nombre de Fito, lo cual hizo público el entonces candidato.
Tras su muerte violenta al salir de un mitin electoral en el norte de Quito, la familia del candidato responsabilizó al Gobierno de Lasso, a su ministro del Interior, Juan Zapata, y al comandante general de la Policía, Fausto Salinas, de no brindarle la debida protección, lo cual se evidenció en las irregularidades de su círculo de seguridad.
Ecuador vive una ola de inseguridad que el año pasado cobró la vida de más de 4.500 personas, un récord que podría ser superado a fines de 2023, sin que el gobierno actual haya podido parar los crímenes pese a varios estados de excepción.
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Con información de Sputnik.