La Fiscalía General de la Nación lideró una investigación que puso al descubierto una red narcotraficante a la que se le atribuye la salida de toneladas de clorhidrato de cocaína por las costas del Pacífico colombiano rumbo a países de Centroamérica y Estados Unidos.
La organización tendría el control de la producción del estupefaciente. Al parecer, disponía de laboratorios propios para el procesamiento de la sustancia ilícita en El Charco (Nariño), y Puerto Saija y Timbiquí (Cauca); adquiría directamente los insumos químicos para sostener la producción ilegal; y construía semisumergibles para mover los cargamentos.
A esta estructura le fueron incautadas más de 12 toneladas de cocaína en ocho interdicciones marítimas realizadas en el Océano Pacífico por la Armada Nacional y guardacostas de Estados Unidos, entre 2019 y 2022.
Asimismo, le fueron detectados y destruidos un laboratorio y dos astilleros. En diligencias realizadas de manera conjunta entre el CTI de la Fiscalía, el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la agencia estadounidense DEA, fueron capturadas 12 personas que harían parte del grupo narcotraficante, entre ellos cinco integrantes de una misma familia que son pedidos en extradición por una Corte del Distrito Sur de La Florida por cargos relacionados con narcotráfico.
Tres de los notificados del requerimiento internacional fueron ubicados en Tuluá y Cali (Valle del Cauca). Se trata de Aleido, Jhon Ledy y Juan Dionisio Peña Enríquez. Mientras que en Nueva York fueron localizados Jairo y Tulio Peña Enríquez, este último concejal de El Charco (Nariño).
En la verificación se estableció que Aleido Peña Enríquez sería el cabecilla de la red ilegal, el encargado de contactar personas que aportaran recursos para financiar el andamiaje criminal, de dirigir el procesamiento de la cocaína y de coordinar la construcción de los semisumergibles. Este hombre fue capturado en 2019 por tráfico de estupefacientes.
Posteriormente, se postuló a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y fue aceptado; sin embargo, las autoridades de Estados Unidos tienen indicios de que habría continuado vinculado a las actividades delictivas.
Los judicializados en Colombia
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico presentó ante un juez de control de garantía a las otras siete personas que apoyarían las actividades ilícitas de los Peña Enríquez, y les imputó los delitos de: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; concierto para delinquir agravado; y uso, construcción y/o tenencia de semisumergibles agravado. Delitos no aceptados por los investigados.
Estas personas fueron privadas de la libertad en centro carcelario. Entre los procesados está una mujer señalada de financiar la actividad ilegal y seis hombres que, presuntamente, articulaban la logística, la producción de la cocaína y el transporte de los alijos.
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