La Misión de Observación Electoral (MOE) destaca en su labor en el país, altas tasas de inscripción de cédulas por departamentos, siendo el Meta, donde está la mayor tasa a nivel nacional con 8.77 / mil habitantes, más de 3.67 veces la tasa nacional (2.39). Le sigue Chocó con 7.99/mil habitantes.
A nivel de municipios en Colombia, la MOE alertó que 94 tienen una inscripción atípica de cédulas y hay un grupo de 8 con una tasa 16 veces superior a la nacional.
En lo que respecta a La Jagua del Pilar, la MOE lo ubica en segundo puesto de los ocho territorios donde se está presentando el registro atípico de cédulas para elecciones. Entre el 29 de octubre de 2022 y el 29 de enero de 2023, se inscribieron 212 cédulas, siendo la población adulta proyectada, según el DANE de 2.595 ciudadanos, lo que representa el 81.70% de la población.
Entre tanto, los habitantes de este municipio denuncian una presunta trashumancia y dicen que las autoridades no hacen nada, aunque es una práctica descarada y voluminosa.
Aproximadamente entre 2.500 a 3 mil trashumantes, con traza histórica, al parecer van solamente el día de las elecciones y no tienen nexo familiar, ni ningún bien ni actividad en el municipio, pero tienen más de 10 ejercicios de sufragio y las autoridades electorales como es un episodio atípico no profundizan y por más que se denuncia, cuando a veces se ha logrado que las excluyan, las retornan con el criterio “el último sitio donde votó”, denuncia la comunidad.
Alertan además, que existe otra modalidad y es que reclutan jóvenes en todos los municipios vecinos para que saquen la cédula por primera vez y esos quedan incluidos en el censo, aunque no habiten, ni figuren hoy en día en el régimen del Sisben.
Por su parte, el Consejo nacional Electoral (CNE) anuncia que realizará las acciones necesarias para garantizar que las condiciones particulares de los territorios con altas tasas de inscripción de cédulas no se aprovechen para fraudes electorales.
Los habitantes de este municipio de escasos 4 mil habitantes claman porque las autoridades tomen cartas en el asunto, expresando que en cada elección presencian una compra de votos generalizada, un tráfico de dinero descarado a lo cual piden la presencia y acción de las autoridades.
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Ante las presuntas irregularidades, toma fuerza en el municipio el Censo Cero, para ver si se cambia una hegemonía, que según los habitantes, lleva más de 16 años.