Los rezagos en la reparación, un diálogo constante con las víctimas del conflicto armado y concertar la reforma a la política pública dedicada a ellas (la Ley 1448 de 2011), fueron algunos de los asuntos claves que Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad para las Víctimas, expuso ante el Congreso de la República.
Este miércoles, la alta funcionaria presentó ante la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras del Senado el informe sobre la implementación de la política de víctimas. Entre otras cosas, su propuesta para cumplirle integralmente a las personas afectadas por el conflicto armado busca subsanar los retrasos en la atención y reparación durante este cuatrienio, algo que solo será posible si todas las entidades del Gobierno y el resto del aparato institucional trabajan de la mano.
Tobón Yagarí aclaró que, si bien esta labor requiere de muchos gobiernos, subsanar en este cuatrienio el rezago actual solo será posible si todas las entidades del Ejecutivo, el Congreso, los entes de control, el movimiento social y las organizaciones de víctimas trabajan mancomunadamente para trazar una reforma a la política de víctimas y aumentar los recursos de la entidad.
Ante los congresistas, Tobón Yagarí expuso que el Estado tiene deudas y rezagos históricos con las víctimas del conflicto armado. “Encontré una entidad con muchos procedimientos y requisitos que en su rigidez se convierten en obstáculos para que las víctimas accedan a las medidas”. En ese sentido, señaló que las rutas administrativas “pecan por el exceso de herramientas y generan una maraña de instrumentos en los que terminan perdiéndose las víctimas y dificulta que nuestra atención sea oportuna y eficiente”.
Motivo por el que los órganos de control han considerado que los procedimientos para la reparación resultan regresivos. Atendiendo esta situación, la directora contó que la Unidad está revisando las resoluciones internas para que la carga operativa sea más efectiva, de manera que en esta administración se avance significativamente en subsanar los rezagos encontrados.
Gestión encontrada
En toda la implementación de la Ley 1448 se habían pagado 1.2 millones de indemnizaciones (325.442 víctimas en el cuatrienio anterior). No obstante, la cifra no es significativa desde una mirada global porque esto solo representa cerca del 13 % de víctimas que deben ser reparadas. “De la meta de 510.296 víctimas reparadas administrativamente, prevista en el anterior PND (Plan Nacional de Desarrollo), en agosto de 2022, los resultados estaban cerca de las 60.000 víctimas, y nosotros logramos duplicar el número de víctimas indemnizadas en cuatro meses. Pudimos cerrar el año con más de 119.000 personas reparadas, cumpliendo el 93% de la meta”, expresó Tobón Yagarí.
El retraso en el cumplimiento a las víctimas también lo encontró en la reparación colectiva. Por ejemplo, en el PND anterior se estableció reparar a 140 sujetos colectivos; sin embargo, se logró apenas el 35 % de este objetivo. “Recibí una entidad con dificultades en la ejecución. Tuvimos que hacer un gran esfuerzo para implementar en cuatro meses lo que estaba retrasado durante el año especialmente en proyectos de inversión en temas claves como la implementación y fortalecimiento a la reparación a víctimas y mejorar en la gestión de información que tenía cerca del 83% del presupuesto total de inversión”.
Principales resultados en esos primeros seis meses
La directora resaltó que, en 2022, en varias regiones del país, aumentaron los hechos de violencia y por ende las vulneraciones a los derechos humanos. Esto generó un aumento en el número de víctimas. En comparación con el año 2021, en el 2022 se evidenció un aumento mayor al 70% de las peticiones de inclusión al RUV (Registro Único de Víctimas). “Encontré situaciones de emergencia y confinamiento en los departamentos como Nariño, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Arauca, Norte de Santander y Antioquia que debieron ser atendidas”, declaró.
En cuanto al confinamiento, la Unidad para las Víctimas inició la estructuración de una ruta integral de atención para responder a los riesgos que afrontan principalmente poblaciones afrodescendientes e indígenas, cuyos territorios están ocupados por grupos armados ilegales y economías ilegales. “Se priorizaron 120 comunidades en esa ruta en 13 municipios, 65 con pertinencia indígena y 55 con pertenencia de comunidades negras, con el fin de brindar ayuda humanitaria por afectación a víctimas del confinamiento que están dentro del registro RUV. Llegando a 6.844 hogares destinando kits con elementos de aseo, de alimentación por un valor de 4.877.807 millones de pesos, resaltando que la atención a víctimas del confinamiento inicia a esta escala en cobertura con el actual Gobierno”.
Tobón Yagarí destacó que, en relación con la ayuda humanitaria, el Gobierno en su conjunto está fortaleciendo los apoyos a las alcaldías “para que ninguna víctima se quede sin la atención oportuna que necesita”. Entre los procedimientos establecidos se ha advertido que muchas víctimas en los territorios quedan sin esta atención inicial. Esto porque fueron insuficientes los 34.000 millones de pesos con los que se apoyaron a las alcaldías en la pasada administración.
Mayor presupuesto y reforma a la política de víctimas
La directora reiteró que el Plan Nacional de Desarrollo, radicado hace unas semanas ante el Congreso de la República, cuenta con metas claras para reparar a las víctimas, entre ellas: indemnizar a 600.000 víctimas, “objetivo que supera el del gobierno anterior”. “Somos conscientes de que se requieren muchísimos gobiernos para cumplir con este trabajo, pero tenemos como meta avanzar en la concertación y formulación de 642 planes de reparación colectiva, implementación de 300 de estos, superación de la situación de vulnerabilidad para 2 millones de víctimas (con una nueva medición), y atender del 100 % de las víctimas que requiera atención humanitaria”, agregó.
Y aunque con el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda se han realizado algunos ejercicios sobre el presupuesto para la Unidad para las Víctimas, la directora insistió en que una reparación integral solo será posible si el presupuesto para la entidad aumenta.
“La Contraloría estimó que se requiere un valor de $301,3 billones constantes de 2022 y muchos gobiernos para superar este rezago, entonces también estamos solicitando la revisión de este CONPES que lo han pedido las víctimas y las organizaciones, y entidades de control porque las metas son muy bajas para poder atender la emergencia. Por cada año, debería destinarse a la política de víctimas, al menos el doble de lo que se ha venido asignando. Si no logramos aumentar los recursos, las metas continuarán rezagadas por el déficit histórico que afrontamos”.
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Finalmente, convocó al Congreso, organizaciones expertas, mesas de víctimas, entidades de control y al Gobierno en pleno para que juntos concerten la reforma que requiere la política para las víctimas. Tobón Yagarí manifestó que, si bien las víctimas han pedido ajustar varias cosas de la Ley 1448, es necesario construir una ruta que “muestre transparencia, participación y unas discusiones técnicas” para avanzar en ese sentido.
“Vamos a presentar esa ruta que la estamos culminando para poderlas presentar. No quiero que digan que nos encerramos a sacar normas que nadie entiende. Por eso esto debe ser transparente y contar con la Comisión de Seguimiento del Congreso y mesas técnicas donde participen víctimas, para que podamos revisar esos ajustes que se van a emitir para que contribuya a la superación de esos rezagos”, dijo. El siguiente paso será crear mesas de trabajo para ir tejiendo este camino.
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