“Ante las últimas quejas allegadas a la Defensoría del Pueblo por modificación o desmonte de medidas de protección a personas firmantes del acuerdo de paz, lideresas y líderes sociales y comunales, personas defensoras de derechos humanos; líderes sindicales; periodistas, entre otros integrantes de poblaciones objeto de especial protección del Estado, hacemos un llamado urgente a revaluar este procedimiento y que, al contrario, la protección se ajuste al contexto de la situación de riesgo, vulnerabilidad y amenazas recibidas”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
El llamado urgente al Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP) lo hizo el Defensor del Pueblo teniendo en cuenta las evidencias de riesgo de estas personas y colectivos que son recogidas a través de las quejas allegadas a la Entidad, mediante el monitoreo y advertencia que se realiza en el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), y en el marco de los Comités de Protección al que asistimos como invitados permanentes.
En este último escenario, la Defensoría del Pueblo ha exhortado a elevar la ponderación de nivel de riesgo de estas poblaciones a ‘extraordinario’ y en algunos casos a ‘extremo’, teniendo en cuenta las situaciones de vulnerabilidad, contexto y riesgo en las que se encuentran. De igual manera, a que en la implementación o ajustes de las medidas de protección se tengan en cuenta los enfoques diferenciales, de género y de derechos humanos.
“Desde la Defensoría del Pueblo, exhortamos a la Unidad Nacional de Protección a que, mientras se surtan los procesos de reevaluación de riesgo, se mantengan las medidas implementadas en aras de proteger los derechos a la vida e integridad de las personas en situación de amenaza”, destacó Carlos Camargo.
Durante el año 2022, la Defensoría del Pueblo participó, como invitado especial con voz y sin voto, en los Comités de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), en su ruta individual en 56 sesiones, en la que se realizó estudio y análisis de más de 7.131 casos en todas las poblaciones objeto de protección.
En la ruta colectiva, la Entidad participó y acompañó 64 casos, en igual número de sesiones. Es importante destacar que en el marco del decreto 299 del 2017 y el programa de protección especializada de seguridad y protección, dentro del Acuerdo de Paz, en el año 2022 se asistió a 45 sesiones y se acompañó el análisis, estudio y recomendación de medidas en casos 647 casos.
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“Es de suma importancia que todas las entidades competentes adopten mecanismos de protección idóneos, de carácter urgente y se implementen acciones colectivas o individuales orientadas a la superación de los distintos factores de riesgo de las personas en situación de vulneración a sus derechos a la vida e integridad personal”, concluyó Carlos Camargo.
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