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Denuncias de Mauricio Lizcano sobre presuntas nóminas paralelas fueron remitidas a la Contraloría General de la República

Así lo manifestó la Fiscalía General de la Nación, la cual considera que analizar dicha información no es de su competencia legal.

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) entregó documentos para ejecutar acciones investigativas que no corresponde a las competencia de la entidad.  

Luego de que en las instalaciones de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Mauricio Lizcano, compartiera una serie de documentos de lo que considera son nóminas paralelas, a lo cual se le respondió lo siguiente:  

“En ese sentido, La Fiscalía General de la Nación remitirá la información a la Contraloría General de la República para que de acuerdo a sus funciones, de considerarlo necesario, establezca la auditoria a los contratos que presenten irregularidades y de encontrarse algún hallazgo se haga la compulsa de copias a la Fiscalía para adelantar las acciones investigativas de carácter penal que procedan. La Fiscalía General de la Nación reitera su propósito de trabajar de manera armónica con todos los entes del orden nacional y de control para combatir la corrupción en el país”, declaró el ente investigador mediante un comunicado de prensa.  

El director del DAPRE advirtió algunas irregularidades encontradas, entre ellas, una política laxa en la supervisión de contratos de prestación de servicios, similitud en el objeto contractual a realizar a través de prestación de servicios y las tareas propias de los funcionarios de planta y finalmente constató que algunas personas son beneficiadas de varios contratos en distintas entidades estatales, relacionadas con contratos firmados por el Gobierno de Iván Duque, entre 2021 y 2022, por un valor cercano a los 4.5 billones de pesos.  

“La información brindada hace parte de los datos no verificados de personas que manifestaron presuntas irregularidades sin precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar, que en todo caso entrarán a realizar las verificaciones de rigor en el futuro”, argumentó Lizcano.  

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Así mismo, el funcionario manifestó la necesidad de realizar una auditoría sobre estos contratos. La revisión de los documentos realizados por la Fiscalía establece que una labor de escrutinio fiscal no es competencia del ente acusador por cuanto se desbordan las funciones y competencias de la entidad.  

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