Con el fin de garantizar el normal desarrollo de los procesos electorales previstos para este año y ante la proximidad de los comicios legislativos y consultas partidistas previstas para el domingo 13 de marzo, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional pusieron en marcha la última fase de alistamiento y prevención dentro del Plan Estratégico de Ciberseguridad.
160 investigadores y peritos de la Dirección de Investigación Criminal DIJIN estarán al frente de un grupo humano que contribuirá a la preservación de la información y a la contención de posibles amenazas.
En este sentido, los riesgos de mayor incidencia frente a un contexto como el actual son en su orden:
1. Ataque de Rasomware: se trata de la mayor amenaza a nivel mundial. Consiste en un software malicioso cuya finalidad es cifrar la información almacenada por una persona, empresa o institución, que luego de ser atacada puede ser destruida o vulnerada al punto de la publicación masiva de los datos. Este tipo de ataque puede conllevar a o una pérdida temporal o permanente de información, a la interrupción de las operaciones, a una pérdida financiera en la restauración de los sistemas o incluso al daño reputacional de la organización.
Acá se configuran delitos como: acceso abusivo a un sistema informático, obstaculización ilegítima de un sistema informático a red de telecomunicación, daño informático, uso de software malicioso y violación de datos personales, que significan penas de entre 4 y 12 años, o extorsión, que va de 12 a 16 años.
2. Denegación de servicios a sitios oficiales: ha sido la más común en Colombia, y consiste en un ataque para evitar que se pueda acceder a un servicio o sitio web, lo que normalmente ocurre cuando se realizan muchas consultas a una misma página y sobrepasan la capacidad del sistema para responder. Hay dos tipos:
– La D.O.S, donde desde una misma dirección IP se generan consultas masivas al servicio.
– La D.D.O.S, que es un ataque desde diferentes IP, lo cual genera un mayor volumen de consulta y posible caída del sitio web.
En este caso, los delitos son: obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación y daño informático, con penas que van desde los 4 a los 8 años.
3. Suplantación en redes sociales: acá el objetivo principal de los delincuentes es generar una falsedad de información que aparece como cierta desde una cuenta personal o institucional y violar en últimas los datos de esa cuenta, conductas éstas que generan sanciones de multa y penas entre los 4 y 8 años.
Acá los riesgos están principalmente asociados a la venta de elementos ilegales, incitación a la violencia o al odio y el daño reputacional debido a la rápida propagación de contenidos, a la gran cantidad de usuarios y a la facilidad de acceso.
De cara esta última fase del Plan Estratégico de Ciberseguridad, previo a las elecciones, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional realizaron un simulacro de intervención frente a las amenazas anteriormente descritas.
Cabe señalar que durante el último año se han llevado a cabo 38 operaciones de impacto, tres de ellas en articulación con agencias como Europol, Interpol y el FBI, que van a brindar un apoyo importante a Colombia en esta recta definitiva de los procesos electorales.
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Este año, gracias al trabajo del Centro Cibernético Policial (C4), han sido bloqueadas 41 cuentas de redes sociales relacionadas con expendios virtuales de estupefacientes, 34 cuentas de Grupos Armados Organizados, 3.088 páginas web con contenido material de abuso sexual infantil y 354 asociadas a juegos de suerte y azar ilegítimos.