La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública a cinco integrantes de la Policía Nacional, para que respondan por la presunta retención ilegal y el uso excesivo de la fuerza contra Alison Meléndez, una joven de 17 años que horas después se habría suicidado por las agresiones cometidas en Popayán (Cauca), en hechos relacionados con el Paro Nacional.
Se trata del intendente Víctor Hugo Martínez Martínez y los patrulleros Jhon Jader Montenegro Camilo y Julián Andrés Martínez Pérez, integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) No. 9 de la Dirección de Seguridad Ciudadana DISEC, y los patrulleros Edwin Orlando Cortés Cifuentes y Ricardo Andrés Salazar Manrique, adscritos al Grupo de Operaciones Especiales, GOES, de la Policía Metropolitana de Popayán, Cauca.
De acuerdo con la investigación, el pasado 12 de mayo los tres integrantes del ESMAD habrían privado de la libertad, de manera ilegal, a una joven cuando se encontraba agachada en el antejardín de una casa ubicada en un barrio de la ciudad de Popayán, posiblemente grabando la actuación policial, trasladándola a la Unidad de Reacción Inmediata, URI.
Así mismo, se cuestiona la conducta de los uniformados del ESMAD y del GOES, quienes presuntamente causaron daño a la integridad de la adolescente de 17 años de edad, como consecuencia del exceso de uso de la fuerza utilizada tras ser hallada en el sector de Versalles Pajonal de Popayán, en las circunstancias ya mencionadas.
Advierte la Procuraduría que “el procedimiento para identificar y/o registrar a la joven realizado por los efectivos del GOES utilizando la fuerza desmedida y sujetándola para que otro miembro del ESMAD la golpeara, resulta desde todo punto de vista desproporcionado e ilegal, pues la fuerza física estaba autorizada única y exclusivamente para prevenir o mitigar el riesgo de posibles violaciones a los derechos fundamentales de las personas y con mayor razón la de los niños, niñas y adolescentes objeto de protección constitucional especial”.
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Las conductas objeto de investigación por parte del Ministerio Público fueron calificadas provisionalmente como gravísimas a título de dolo. Una vez se efectúe la notificación a los investigados, la Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial remitirá el proceso disciplinario a la instancia correspondiente dentro del ente de control para que se establezca la fecha de instalación de la audiencia pública.
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