El Gobierno de Colombia presentó este martes el texto del nuevo proyecto de reforma tributaria que radicará ante el Congreso de la República el próximo 20 de julio, con ocasión del inicio de un nuevo periodo legislativo, el cual se enfoca en austeridad del gasto público y fue socializado con diferente sectores en los últimos dos meses.
“Hoy presentamos el consenso del proyecto de Inversión Social con un plan de austeridad y antievasión sin precedentes. Sumado al apoyo solidario del sector empresarial, beneficiaremos a millones de colombianos, impulsaremos la reactivación y estabilizaremos las finanzas públicas”, anunció el presidente Iván Duque.
La nueva reforma tributaria fue también presentada por el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, los viceministros de Hacienda, Fernando Jiménez y José Antonio Bejarano, y por el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Lisandro Junco, entre otros funcionarios.
“Estamos comprometidos con una política de austeridad en el gasto público que representará entre el 15 por ciento y el 20 por ciento del recaudo total de la reforma”, dijo, por su parte, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.
El ministro destacó que la socialización de la nueva reforma fiscal incluyó a los jóvenes, para quienes se crearán oportunidades laborales, y a los empresarios, quienes contribuirán con mayores impuestos para la inversión social.
“El mensaje más recurrente en la conversación con los jóvenes de todas las regiones fue la necesidad de generar oportunidades laborales para esta población. En cuanto a los empresarios, están comprometidos con contribuir con mayores impuestos que permitan financiar la inversión social”, agregó Restrepo.
Al respecto, Duque destacó que “los impuestos que se creen o modifiquen reflejarán las propuestas realizadas por el empresariado colombiano, donde ellos son los principales contribuyentes”.
Asimismo, resaltó que “hay un acuerdo nacional en el que las clases medias no se deben gravar con impuestos adicionales, pues estas son el motor del consumo y, por consiguiente, de la reactivación. No se tocará el impuesto a la renta ni se modificará la estructura del IVA”.
Con más gasto social se busca reactivar la reactivación económica:
- Con un costo fiscal de $2,13 billones para 2021 y $6,59 billones para 2022 se pretende extender el programa Ingreso Solidario hasta el 2022, ampliando su cobertura en 200 mil hogares.
- Se amplía para el periodo julio-diciembre 2021, focalizando el programa en las empresas de menor tamaño (menos de 50 trabajadores) e incluyendo a empleadores personas naturales generadoras de mínimo dos empleos. Su costo fiscal es de $1,06 billones en 2021.
- Matrícula cero: Recursos para el pago a la matrícula de estudiantes de instituciones de educación superior pública. A su vez, se podrán otorgar estímulos y alivios a las personas que tengan obligaciones financieras con el Icetex. El costo de ello es de $700.000 millones por año.
- Con el aporte del gobierno del 25% de un salario mínimo se busca incentivar la contratación formal de jóvenes, así como con el 10% de un salario mínimo para la población con ingresos de hasta 3 salarios mínimos. Serán cerca de $236.000 millones en 2021 y $573.000 millones en 2022.
Énfasis en la austeridad del gasto público
- A partir de 2023, los gastos de las nóminas financiadas con el Presupuesto General de la Nación no crecerán sin afectar el poder adquisitivo de los funcionarios.
- Se controlarán y se disminuirán los gastos relacionados con los contratos de prestación de servicios o nóminas paralelas.
- Se limita la adquisición de bienes y servicios a aquellos que son estrictamente esenciales, recortando gastos de telefonía móvil, viáticos, arrendamientos y vehículos, entre otros.
- Las transferencias a cargo de la Nación, se reducirán anualmente, salvo las del Sistema General de Participaciones, los aportes a la salud, a las universidades y a las pensiones.
- Estímulo a la formalización tributaria: fortaleciendo la capacidad de fiscalización de la Dian. Recaudo estimado: $2,7 billones:
- Con el propósito de continuar la campaña de reducción de la evasión, se faculta a la Dian para enviar las declaraciones de renta a aquellos contribuyentes que están obligados y hoy no lo hacen.
- Se crea el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB) con el propósito de identificar mejor las personas que son propietarias o beneficiarias de las empresas para que cumplan con sus obligaciones tributarias.
- Se utilizará un sistema de información georreferenciada con el objetivo de detectar el valor real de los inmuebles declarados.
- Aporte de mayores ingresos tributarios, sin afectar a las personas naturales.
- Se reduce a un 50% el beneficio tributario que permite descontar el ICA del impuesto de renta para las empresas. Recaudo proyectado: $3,9 billones.
- Extensión de la sobretasa al sector financiero de tres puntos porcentuales, desde 2022 hasta 2025. Recaudo calculado: $415.000 millones (precios de 2023).
- Aporte solidario de las empresas para el financiamiento de la inversión social, a través de un incremento en la tarifa de renta de 30% a 35% a partir de 2022. Recaudo estimado: $6,7 billones.
- Normalización tributaria para el año gravable 2022. Recaudo estimado: $300.000 millones en 2021 y $360.000 millones para 2022.
La nueva reforma fiscal prevé recaudar 15 billones de pesos frente a los 20 billones que planteaba la anterior.