La Procuraduría General de la Nación formuló cuatro pliegos de cargos a varios miembros de la Agencia Nacional de Infraestructura por posibles irregularidades relacionadas con las adiciones hechas a los contratos de los proyectos viales Ruta del Sol II y III.
El ente disciplinario cuestionó al exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade Moreno; a la gerente de Gestión Contractual, Alexandra Lozano Vergara; al vicepresidente de Gestión Contractual, Andrés Figueredo Serpa; a Camilo Mendoza miembro de la Vicepresidencia de Gestión Contractual y a David Leonardo Montaño, de la Vicepresidencia Jurídica.
El pliego de cargos señala que Luis Fernando Andrade como de Presidente de la ANI solicitó el trazo de la vía Ocaña Gamarra, para lo cual también tramitó y accedió a las peticiones de Eleuberto Martorelli, director de Odebrecht en Colombia, e incluso se reunió con el exsenador Bernardo Miguel Elías para lograr que sin licitación se adjudicara la obra. Habría puesto en funcionamiento todo el aparato que tenía a su disposición en la ANI para lograr la justificación técnica, financiera y jurídica que argumentara esas adiciones con el fin de entregarle, de manera directa a la mencionada concesionaria un corredor vial diferente al de Puerto Salgar a San Roque, originalmente otorgado.
En cuanto a Alexandra Lozano, Camilo Mendoza y David Montaño, el ente disciplinario afirma que habrían violado el principio de transparencia que comporta el deber de selección objetiva y el principio de responsabilidad de la contratación estatal.
La primera, al aprobar el documento de Estudio de Conveniencia y Oportunidad del 11 de julio de 2013 y al haber dado su visto bueno de revisión jurídica al Otrosí No. 3.
A Mendoza, por certificar el 22 de noviembre del 2013 que la modificación contractual del otrosí No. 3 del proyecto Ruta del Sol Sector 2, se había realizado dentro del marco legal, también por firmar el Estudio de Conveniencia y Oportunidad para la suscripción del otrosí No. 3 del 11 de julio del 2013 y dar su aprobación jurídica al Otrosí No. 3 del 15 de julio del 2013 al contrato de concesión No. 001 de 2010, pese a que el objeto de este otrosí no tenia relación con el objeto del contrato de concesión No. 001 de 2010. Además, por omitir adelantar el proceso selectivo de concurso de méritos.
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Por su parte, David Montaño, habría aprobado jurídicamente el documento de Estudio de Conveniencia y Oportunidad del 11 de julio de 2013 y dio su visto bueno de proyección del otrosí No. 3, sin que el objeto de este otrosí presentara relación con el objeto del contrato de concesión.
El otro proceso que pesa contra el exfuncionario de la ANI Juan Sebastián Correa Echeverry, quien sería el organizador de los encuentros entre Andrade y Euberto Martorelli, director de Odebrecht en Colombia. En estas reuniones, al parecer, se dieron acuerdos ilegales que involucran las adiciones 3 y 6 de la concesión 001 de 2010.
Por sus gestiones Correa Echeverry habría recibido en el año 2015, una remuneración ilegal por 100 millones de pesos de Otto Nicolás Bula; pago que fue ordenado por el entonces senador Bernardo Miguel Elías Vidal.
La conducta reprochada fue calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo.
En una tercera investigación se cuestionó al exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade, por la suscripción del acta número 118 del comité asesor de asuntos contractuales de 2015 y las adiciones 7 y 9 al contrato de Ruta del Sol II, mediante las cuales se habría alterado de manera irregular y en favor del contratista el modelo financiero de esta concesión.
Al parecer, no se trataba de una simple modificación de la forma de traslado de los recursos, pues se habrían otorgado beneficios de rentabilidad y una flexibilización del esquema de pagos, mejorando el flujo de caja a la concesionaria.
Ruta del Sol III
La Procuraduría también avanza en un cuarto proceso disciplinario contra Andrade Moreno y Germán Córdoba Ordóñez, exvicepresidente ejecutivo de la ANI, por los otrosíes 2 y 5 en el proyecto de la Ruta del Sol III, a cargo de Yuma Concesionaria.
A través de estas adiciones se habrían pactado los estudios y diseños del segundo puente entre Plato y Zambrano, sobre el río Magdalena por valor de $5.788.240.106 con el fin de entregarle, de los recursos comprometidos en estos otrosíes, 650 millones de pesos a José Roberto Prieto Uribe.
Los cuestionados documentos habrían estado amparados en unos estudios previos firmados por Córdoba Ordóñez, quien al parecer justificó ante el comité de contratación de la ANI la modificación de este proyecto; posteriormente habría suscrito el otrosí 5, pese a que el objeto de este no tenía ninguna relación con la obra de infraestructura inicialmente contratada.
Si bien Andrade Moreno no suscribió el otrosí, se habría encargado de proponer, coordinar y gestionar las adiciones para presuntamente favorecer económicamente a un tercero ajeno al contrato de concesión, puntualizó el órgano de Control en el pliego de cargos.