La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó este miércoles al Estado colombiano que separe a la Policía del Ministerio de Defensa, como parte de las sugerencias y observaciones que realizó tras la visita de una delegación ante denuncias de violaciones a los DDHH por la Fuerza Pública en medio de recientes protestas.
“Separar a la Policía Nacional y su Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) del Ministerio de Defensa, a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares”, dijo la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, en rueda de prensa virtual desde Washington, en la que leyó el informe del organismo tras la visita a Colombia.
Consultada sobre qué pasaría si el Gobierno colombiano declina seguir dicha recomendación, Urrejola comentó que “para la Comisión lo más importante, más allá de las formas estructurales que tome la Policía, es que ésta cumpla con los protocolos y los estándares interamericanos en materia de protección de derechos humanos”.
Por su parte, el presidente Iván Duque expresó al respecto que “Este no es un tema de capricho en Colombia. Desde prácticamente el segundo gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-1962), Colombia ha mantenido esa estructura de manera estable, corrigiendo lo que por muchos años fue muy cuestionado, y era que durante los años en los que la Policía estuvo en el Ministerio de Gobierno se politizó, y esa politización llevó a grandes brotes de violencia”.
Además, el mandatario indicó que la Policía Nacional se ha mantenido adscrita al Ministerio de Defensa como una estructura civil, pero en “coordinación armónica” con las Fuerzas Militares.
“Se ha mantenido esa estructura dentro del Ministerio de Defensa, pero además la Constitución colombiana, en su artículo 218 (…), fue clara en definir a la Policía en su naturaleza civil, y está en el Ministerio de Defensa para tener esa coordinación armónica con todas las fuerzas, pero también para cumplir labores de carácter humanitario y de protección”, expresó.
Duque resaltó que el Gobierno colombiano reconoce y defiende el derecho a la protesta pacífica, pero que enfrentará “todos los actos de vandalismo, de criminalidad, de bloqueos que atenten contra los derechos de los demás”.
Por último, dijo que también se mantendrá una conducta “muy clara de cero tolerancia frente a cualquier abuso que pueda cometer un miembro de la Fuerza Pública”, y que el país seguirá “el diálogo abierto y constructivo con todos los sectores”.
Respecto a las otras recomendaciones, Urrejola comentó que “el Estado colombiano es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (…) y se ha sometido a un conjunto de tratados de derechos humanos”, por lo que está en virtud de cumplir esas obligaciones internacionales.
Asimismo, acotó que tales recomendaciones se derivan de la visita que hizo una delegación de la CIDH entre el 7 y el 10 de junio al país, la cual fue aprobada “de buena fe” por el propio Gobierno colombiano, por lo que se espera que se pueda “continuar en un diálogo con el Estado para el cumplimiento de las recomendaciones”.
Otras recomendaciones que hizo la CIDH fueron reforzar un proceso de diálogo y reconciliación multidimensional “que permita desactivar las tensiones y hostilidades latentes en la sociedad colombiana”, y respetar y garantizar el pleno goce del derecho a la protesta y a la libertad de expresión.
Asimismo, instó a que se adopten las medidas necesarias para asegurar la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad del Estado ante las denuncias de violación de derechos humanos, así como juzgar y sancionar a los responsables, y reparar a las víctimas y sus familiares.
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