La Fiscalía General de la Nación firmó un preacuerdo con los exgobernadores de Guainía Óscar Armando Rodríguez Sánchez y Javier Eliécer Zapata Parrado para devolverle a la Nación 16 mil millones de pesos luego de comprobarse su participación en actos de corrupción cuando estuvieron al frente de la administración departamental.
Los procesados fueron detenidos en el 2019 cuando fueron citados ante la Corte Suprema de Justicia para imputarles cargos por irregularidades 45 contratos por 86 mil millones de pesos, suscritos entre 2012 y 2018 con las empresas Marina del Oriente, Grupo M.S.I., Fundación Tecnológica Social, e Ingeniería WH SAS, para el suministro y construcción de obras públicas en beneficio de comunidades indígenas, los cuales no se ejecutaron, quedaron a medias o tenían inconsistencias en su fase precontractual.
El citado preacuerdo fue radicado ante la Sala de Juzgamiento de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia para su estudio y legalización.
En ese sentido, el exgobernador Rodríguez Sánchez reconoció su participación en el delito de concierto para delinquir agravado, 38 casos de interés indebido en la celebración de contratos, 35 hechos de peculado por apropiación y cinco eventos de cohecho propio. Por estas conductas recibiría una condena de 10 años de prisión en centro carcelario.
De otra parte, el señor Zapata Parrado aceptó su autoría en el delito de concierto para delinquir agravado, 24 conductas de interés indebido en la celebración de contratos, 15 actos de peculado por apropiación; tres más de cohecho propio; uno de corrupción de sufragante, cuatro de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y uno de fraude procesal. Es así que sería sentenciado a ocho años y 27 días de prisión.
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Con este preacuerdo se logró un compromiso sin precedentes, la devolución de $16.284’564.101 con la transferencia del derecho de dominio de tres inmuebles y la suscripción de seis pagarés.
Por disposición de la Fiscalía, esta suma será reintegrada al departamento de Guainía y deberá destinarse a atender programas sociales, de saneamiento básico y asistencia para las comunidades indígenas, pobres y vulnerables, como quiera que estas poblaciones fueron las directamente afectadas con el comportamiento ilícito de los exgobernadores.
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