El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, sostuvo este miércoles una serie de reuniones con representante de la comunidad internacional para entregar informes de los avances en las investigaciones que se adelantan para garantizar el acceso a la justicia a los ciudadanos que han presentado denuncias en contra de la Fuerza Pública por presuntos abusos de autoridad en el marco de la protesta social que se adelanta en Colombia desde el paso 28 de abril, cuando inició el Paro Nacional.
Las reuniones se dieron con Héctor Shamís, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA); Roberto Menéndez, jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (Mapp) de OEA; Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y el director de verificación de la Misión de la ONU en Colombia, Raúl Rosende.
Del mismo modo, hubo encuentros con Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; y con los embajadores de la Unión Europea, España, Ecuador, Italia, Alemania y Países Bajos, entre otros.
Barbosa le manifestó a cada uno de los representantes diplomáticos que la entidad ha estado atenta a investigar las conductas delictivas que han tratado de impedir la protesta social en Colombia, para garantizar los derechos de los ciudadanos que se manifiestan en las calles.
Para ello, la Fiscalía ha destinado 5 mil funcionarios para garantizarle a las personas acceso a la justicia y como resultado de su trabajo se ha logrado priorizar casos preocupantes, como el de una menor de edad en Popayán, quien se habría suicidado producto de un presunto abuso sexual del que son acusados varios miembros de la Fuerza Pública; 15 casos de homicidio , entre los que resaltan el de Lucas Villa, en Pereira, 7 asesinatos ocurridos en Cali, de los cuales ya hay un patrullero acusado por el crimen de un menor.
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El Fiscal también se refirió a las múltiples denuncias que hay por presuntos casos de desaparición, para lo cual está activo el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) para encontrar a 261 personas.
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Por otro lado, Barbosa dejó en conocimiento de la comunidad internacional que la entidad también ha sufrido ataques en varias de sus sedes que han impedido la administración de justicia en ciudades como Cali, Popayán (Cauca) y La Plata (Huila), cuestión que dificulta garantizar a la comunidad celeridad en las investigaciones.