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Ocupados 104 bienes de redes de microtráfico en 7 departamentos

Las acciones de la Fiscalía derivaron en incautaciones por 26 mil millones de pesos en 14 municipios.

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 107 bienes avaluados en cerca de 26 mil millones de pesos, que estarían al servicio de las redes de tráfico de estupefacientes al menudeo o pertenecerían a los cabecillas de estas estructuras delincuenciales.

Las acciones investigativas del CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional evidenciaron que muchas de estas propiedadeseran usadas para el acopio, consumo o comercialización de drogas.

Los bienes afectados están ubicados en Buga, Palmira, Pradera y Yotoco (Valle del Cauca); Frontino, Valdivia, Bello y Medellín (Antioquia); Manizales y Chinchiná (Caldas), Montería (Córdoba), Pasto (Nariño), El Socorro (Santander), La Celia (Risaralda).

El material de prueba da cuenta de que algunos de los inmuebles ocupados pertenecerían a la organización de Hernán Alirio Monsalve García, alias El Viejo o Cucho, presunto cabecilla de la red delincuencial Picacho y de las denominadas ‘plazas de vicio’ en el centro de Medellín.

En la capital antioqueña también fueron afectados 15 bienes que estarían a nombre de los máximos articuladores de una estructura de narcomenudeo que tendría nexos con el Grupo Armado Organizado Residual (GAOr) Frente –18.

De otra parte, en Montería (Córdoba) se impusieron medidas cautelares a bienes y títulos valores de Obaldis José Lozano Machado quien, junto a otras personas, haría parte de la red narcotraficante La Empresa, señalada de ser aliada criminal del ‘Clan del Golfo’.

En Buga (Valle del Cauca) fue ocupada la llamada ‘Cueva del Humo’ que seríautilizada para la venta y consumo de estupefacientes.

Asimismo,en La Celia (Risaralda) fueron afectados bienes de la organización delincuencial ‘Los Viejos’, dedicada a la comercialización de drogas.

Estas acciones hacen parte del Direccionamiento Estratégico 2020-2024, definido por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, que priorizó la persecución del patrimonio de las organizaciones delincuenciales y la criminalidad organizada.

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