Es más que claro que Fedemunicipios y Asocapitales siguen insistiendo con la propuesta de extender los periodos del Gobierno nacional, las gobernaciones y alcaldías, la idea que ya había sido rechazada pero que con el impulso del uribismo vuelve a tomar fuerza como una próxima iniciativa en el Congreso.
La irresponsable y abusiva propuesta había sido estimulada desde las alcaldías de Bogotá de Enrique Pañalosa y la de Medellín con Federico ‘Fico’ Gutiérrez, dos personajes que actualmente buscan consolidar una unión junto con Alejandro Char, exmandatario de Barranquilla, esto con miras a las elecciones del 2022. Políticos que hacen parte de la crema innata de la ultraderecha de Colombia quieren recuperar el poder que entregaron en diciembre del 2019.
Ahora vuelve y juega, parece que la propuesta con mayor fuerza buscará ser impuesta a la brava mediante acto legislativo. La excusa perfecta es la actual pandemia y los problemas que de esta deriva en la salud pública, que por cierto, su manejo ha dejado mucho que desear por parte del Gobierno Nacional.
El senador y máximo dirigente de la Colombia Humana, Gustavo Petro, alertó por medio de su cuenta de Twitter, lo que sería un golpe de Estado originado en el partido oficialista, el Centro Democrático, que proyectan crear algunos de sus congresistas a través de una iniciativa que busca extender el periodo de Gobierno de Iván Duque y el periodo constitucional de los congresistas, ambos por dos años más.
“Hay algunos parlamentarios que plantean prorrogar el gobierno de Duque y el periodo del Congreso por dos años y no hacer elecciones el año entrante con la excusa del covid”, explicó el líder de la Colombia Humana en su cuenta oficial.
La iniciativa, necesitará cruzar el trámite propio de un acto legislativo es decir la presentación de la iniciativa, su aprobación en comisión primera constitucional y su aprobación por mayoría absoluta en plenaria, añadiendo ocho debates para su consentimiento definitivo y posterior envió a sanción presidencial.
En cuanto a su control por parte de la potestad de la Corte Constitucional, esta se vería rodeada de limitaciones si solo puede activarse por demanda ciudadana enseguida de ser sancionada por el presidente Duque y estaría condicionada a inspeccionar el procedimiento con el cual se consignó y su conciliación al trámite constitucional previamente determinado.
Este acto legislativo, que aunque deberá someterse a diferentes debates y al constante control político de los parlamentarios en oposición, así como al escrutinio de la ciudadanía en general, pero lo más preocupante es que este Gobierno cuenta con las mayorías parlamentarias requeridas para sancionar una reforma constitucional de este talante y aberración.
No se requiere hacer un análisis muy profundo para esta probable iniciativa, en ella se destaca su contenido con inconvenientes de índole ético como democrático, pues se gestaría como una triquiñuela constitucional para agrandar periodos constitucionales que ya tienen una limitación temporal en la Carta política del 91 y perturbar de forma directa al ensamblaje constitucional –cimentado sobre principios democráticos- que consagra la vigente Constitución Política de Colombia.
La normalidad estaría en favor de la democracia participativa y que en el país se celebre unas elecciones presidenciales y parlamentarias con una limpieza excepcional para el 2022. Claro, soñar no cuesta nada y la autocracia es la que domina en las instituciones del país.
Por ahora, la alerta del senador Petro y otros opositores, sumado al disgusto que debería despertarse en la ciudadanía como en la prensa nacional, lograrían consolidar la punta de lanza para arremeter contra semejante pacto político, que solo demuestra la pérdida de credibilidad del partido de Gobierno y las instituciones secuestradas por ellos mismos.
Por: Leonardo Quimbay Rodríguez
@leonardoquimbay