Las sanciones contra Birmania deben ser personales y dirigidas contra quienes cometieron crímenes contra los derechos humanos en el país, en particular, los líderes del golpe militar, declaró la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al Nashif.
«Expreso mi preocupación a la comunidad internacional de que cualquier sanción que se esté examinando debe imponerse contra las personas que, a base de las pruebas justificadas, han violado los derechos humanos. Los líderes de este golpe son un blanco apropiado para estas acciones», dijo Al Nashif en una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación en Birmania.
La crisis democrática en Birmania ha exacerbado los problemas económicos del país, ya socavados por la pandemia, mientras que las acciones imprudentes del ejército han generado las discusiones sobre sanciones contra Birmania, que amenazan con socavar los logros del país, afirmó la alta comisionada adjunta.
El 1 de febrero, pocas horas antes de la constitución del nuevo Parlamento en Birmania, los militares dieron un golpe de Estado, detuvieron a numerosos líderes políticos, entre ellos el presidente Win Myint y la consejera de Estado Aung San Suu Kyi, y decretaron el estado de emergencia por un año.
Los militares, que habían gobernado Birmania durante décadas, justifican el golpe por las denuncias de fraude masivo en las elecciones generales de noviembre pasado, que dieron la victoria a la Liga Nacional para la Democracia (LND).
El comandante en jefe del ejército, general Min Aung Hlaing, anunció que, después de cumplidas las tareas del estado de emergencia, entre ellas la investigación de las presuntas irregularidades en las urnas, habrá nuevas elecciones y el poder será traspasado al partido ganador.
La asonada generó una oleada de protestas en Birmania, con miles de personas saliendo a la calle y realizando acciones de desobediencia civil para reivindicar la restauración del gobierno civil y la liberación de los presos políticos.
La Asociación de Asistencia de los Presos Políticos (AAPP), citada por el portal Irrawady, estima que unas 220 personas fueron detenidas desde el 1 de febrero por sus ideas. Más de la mitad son militantes de la Liga Nacional para la Democracia.
Con información de Sputnik.