El Consejo de Ministros de España aprobó este martes una nueva moratoria para liberar a familias vulnerables y empresas con problemas económicos del pago de sus préstamos hipotecarios u otra clase de créditos por un periodo de nueve meses.
«Lo que pretendemos es que las personas en situación de vulnerabilidad o aquellos entornos empresariales más afectados por la pandemia puedan tener suficientes instrumentos para atender sus obligaciones y racionalizar los compromisos de pago», dijo en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
En el caso de los créditos hipotecarios, podrán solicitar una moratoria quienes estén pagando cuotas por su vivienda habitual, local en el que desarrollan su negocio e incluso aquellos caseros que hayan dejado de percibir los pagos de su inquilino por el estado de alarma.
En cuanto al resto de préstamos, se podrán liberar temporalmente de las obligaciones de pago quienes tengan créditos de consumo u otro tipo de contrato de financiación con liquidaciones periódicas siempre que el titular esté «en situación de vulnerabilidad».
Dentro de esta categoría se encuentran, por ejemplo, quienes pasen a estar en desempleo, las familias con menos de 1.600 euros de ingresos mensuales, o los trabajadores autónomos cuya facturación haya caído al menos un 40 por ciento por la pandemia.
La posibilidad de acogerse a estas moratorias incluyen cláusulas especiales para las empresas de transporte y turismo, especialmente afectadas por las restricciones a la movilidad que caracterizan la lucha contra la pandemia.
En ese sentido, las empresas del sector del turismo podrán solicitar una moratoria de los préstamos con garantía hipotecaria de los inmuebles destinados al desarrollo de su actividad como hoteles, alojamientos y locales de agencias de viajes.
En relación con el sector del transporte, éstas podrán aplazar los pagos de las cuotas de préstamos relacionados con sus vehículos, incluidos aquellos de leasing o renting.
Hasta el 31 de diciembre de 2020 en España se concedieron un total de 1.380.585 moratorias, incluyendo tanto las que provienen de las normas aprobadas por el Gobierno como las aplicadas por el sector financiero, según datos del Ministerio de Asuntos Económicos.
Con información de Sputnik.