Dichas compañías, junto con 16 particulares, deberán pagar sanciones por más 28 mil millones de pesos por concertar acciones que les aseguraran quedarse con los convenios para proveer la alimentación de los menores en la capital de la República.
El ente de control declaró que dichas gobernaciones no han realizado mesas públicas para mejorar la atención de los niños. La misma situación ocurre en Apartadó, Buenaventura, Ciénaga, Tumaco y Soledad.
Las ETC de Pitalito, Cauca, Popayán, Girardot, Villavicencio y Putumayo, tendrán visitas fiscales ordenadas por la Contraloría General de la República.
La Procuraduría reactiva comité especial de seguimiento al Programa de Alimentación Escolar, ante posible vulneración de derechos de 1.4 millones de estudiantes.