Un informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, indica que desde el año 2022, el Gobierno nacional ha ayudado a más de 2.700 empresas a adoptar normas y estándares de calidad claves para su crecimiento e internacionalización.
“Las sanciones pueden ir desde multas de 1 a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, indemnización al empleado correspondiente a un día de trabajo por cada día de retraso, o cobro de intereses tras 24 meses de no pago”, afirma Mario Leguizamón, Socio BPO de Ventus Consultores.