[FOTOS] Este ajuste se da en un contexto de desarticulación entre el incremento del salario mínimo y los topes regulatorios definidos para las matrículas, lo que obliga a las instituciones de educación superior a asumir internamente mayores costos laborales sin posibilidad de trasladarlos al valor del servicio educativo. Universidades, tanto públicas como privadas, podrían limitar su capacidad de inversión en infraestructura, investigación y programas de bienestar estudiantil.
