Desde las primeras horas de la mañana se reportó el cierre total en la vía concesionada entre Mosquera y La Mesa, a la altura del kilómetro 75 y en el sector de La Y, hacia la entrada de El Colegio, debido a deslizamientos y a las condiciones climáticas sobre el corredor. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció que se adelantan los trabajos en el sector; sin embargo, tomará varias horas recuperar la movilidad en su totalidad.

En la Troncal del Rionegro se atienden varios puntos críticos en sectores como Cucharal, Capitán, Pan de Azúcar y Paraíso, con dos retroexcavadoras de llantas, tres volquetas, un minicargador y dos excavadoras sobre oruga. Allí avanzan en la remoción de escombros y la conformación de banca. Los equipos de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca y el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca siguen atentos en municipios como Pandi, San Antonio del Tequendama, La Calera y Caparrapí, donde se han registrado varias afectaciones.

En lo corrido del año se han atendido 218 emergencias; 54 solo en abril, de las cuales 29 han estado relacionadas con movimientos en masa, 12 crecientes súbitas y 16 inundaciones, entre otras. La coordinación con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo es determinante para la atención. Estamos en diferentes frentes atendiendo a la población, pero se recomienda acatar las indicaciones de los equipos técnicos para salvaguardar la vida. Aún no para de llover.

Cierres en la vía entre Mosquera y La Mesa

En las primeras horas de la noche el gobernador Jorge Rey anunció que siguen los trabajos de remoción del lodo represado tras el derrumbe sobre la vía Mosquera – La Mesa, en el sector Curubital y La Virgen. En el momento, 4 minicargadores, 4 retroexcavadoras, 2 cargadores frontales y 23 volquetas atienden la emergencia.

Las condiciones meteorológicas y el desprendimiento progresivo de material de la montaña no han permitido recuperar la movilidad en su totalidad. El corredor permanece cerrado en los mismos puntos reportados en la mañana de hoy. Se mantiene el PMU en la zona con el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, el Concesionario Devisab, Bomberos, Defensa Civil, Personería y autoridades locales.

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El Gobernador de Cundinamarca anunció “Estaremos trabajando durante toda la noche y la madrugada para restablecer el paso lo antes posible”.

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La capital de la República es escenario del XIII Festival Nacional de la Juventud y los Estudiantes, que se desarrolla del 24 al 26 de abril en la sede Aduanilla de Paiba de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y en otros espacios de la ciudad, consolidándose como uno de los principales encuentros de juventudes del país.

Miles de jóvenes provenientes de distintas regiones participan en este espacio de articulación nacional, en el que confluyen estudiantes, organizaciones sociales, procesos territoriales y colectivos juveniles para debatir sobre educación, reformas sociales, territorio y oportunidades.

En la jornada inaugural, el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, participó en el evento y fue acreditado como miembro oficial del Festival. Durante su intervención, los y las estudiantes reconocieron el compromiso de la entidad con la promoción y garantía de los derechos de la juventud en Colombia.

“Más de 4.000 jóvenes de todas las regiones están hoy en Bogotá representando ese tejido organizativo que impulsa el cambio en el país. Hemos dialogado sobre su papel en la reforma agraria y en las políticas de educación —más cobertura, infraestructura y gratuidad—, y presentamos el balance de Prosperidad Social en materia de transferencias monetarias e inclusión productiva. La juventud se toma la ciudad para proyectar la agenda de cambios y aportar a las reformas que deben incorporarse en el plan decenal de juventud”, afirmó Rodríguez Amaya.

Durante el encuentro, Prosperidad Social reafirma su compromiso con las juventudes a través de programas como Renta Joven, las transferencias monetarias y las estrategias de inclusión productiva, que contribuyen al acceso a la educación, el fortalecimiento de capacidades y la generación de oportunidades en los territorios.

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El Festival se consolida como un escenario clave para la participación juvenil y la construcción colectiva de propuestas que inciden en las políticas públicas y en el rumbo del país en los próximos años.

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Lo que comenzó hace 27 años como una conmemoración para visibilizar a la infancia hoy se consolida en Colombia como una plataforma de movilización social e incidencia pública que ya empieza a traducirse en decisiones concretas en los territorios. Bajo el concepto “Colombia, un territorio para jugar”, la Corporación Juego y Niñez impulsa un compromiso nacional que conecta niñez, salud mental, protección, participación y desarrollo territorial, con una meta clara para 2026: lograr que más de 2 millones de niñas, niños y adolescentes tengan espacios seguros durante abril y todo el año, en donde se garantice el derecho a jugar en todo el país.

La dimensión de esta movilización ya es visible en cifras. Solo en 2025, la estrategia alcanzó a 1.580.281 niñas, niños y adolescentes, vinculó a 415.720 familias y logró la participación de 875 municipios y 31 gobernaciones, consolidando una red territorial de gran escala alrededor del bienestar de la niñez y la adolescencia. A esto se suma un dato especialmente relevante para la agenda pública: 118 territorios ya reportaron proyectos con asignación de recursos para promover el derecho al juego, una señal de que la conversación sobre la infancia y la adolescencia empieza a reflejarse en instrumentos de gestión y decisiones en los gobiernos de las entidades territoriales.

Este avance también se expresa en el nivel de compromiso institucional. En 2025, 410 mandatarios de 30 departamentos participaron en el concurso “Gobernantes más comprometidos con la niñez”, y 50 de ellos fueron reconocidos por impulsar acciones concretas en favor de niñas, niños y adolescentes. En paralelo, la meta para 2026 es lograr la participación activa del 100% de los departamentos y municipios, reafirmando una visión en la que la niñez y la adolescencia ganan un lugar  central en la agenda pública y en las decisiones de los mandatarios.

“Estos 26 años nos han demostrado que jugar, además de reconciliarnos con el derecho a la felicidad y la alegría, es una fuente de salud, un factor de construcción de paz y el lenguaje más universal de relación. Para las niñas, niños y adolescentes, el juego es la base sobre la cual comprenden y construyen su presente y futuro. Hoy, el juego moviliza a familias, comunidades y gobiernos, enseñándonos que Colombia puede ser un territorio seguro donde la niñez crezca con libertad, autonomía y protección; porque cuando un territorio es seguro, la niñez puede jugar con dignidad.”, afirmó Irma Salazar, Directora Ejecutiva de la Corporación Juego y Niñez.

La fuerza de los programas de juego también está respaldada por evidencia. Una investigación longitudinal desarrollada durante 4 años con la Universidad Nacional de Colombia en 6 ludotecas evidenció impactos concretos en el desarrollo, con mejoras de hasta 1,6 puntos en habilidades sociales en niñas, niños y adolescentes con dificultades para expresar emociones, frente a quienes no participaban en estos espacios. Los hallazgos también muestran avances en empatía, autorregulación, creatividad, cooperación y convivencia, reforzando el valor del juego como un derecho con efectos transformadores en el desarrollo integral.

Según un análisis publicado en marzo de este año por Save the Children, durante 2025 un promedio de 215 niñas y niños fueron desplazados cada día, la cifra más alta en al menos una década, afectando a cerca de 78.000 niños y niñas, un 30% más que el año anterior. En un país donde persisten brechas profundas en el acceso a servicios de salud, educación y protección, especialmente en zonas rurales y comunidades étnicas, el cumplimiento del derecho al juego adquiere una relevancia aún mayor como factor de estabilidad y resiliencia. La estrategia de la celebración día de la niñez  2026 se organiza alrededor de cinco entornos de intervención: hogar, educativo, comunitario, salud y digital, con el propósito de incidir positivamente en las condiciones que rodean a niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo entornos seguros, amorosos y participativos.

El proceso también cuenta con un soporte normativo que le da continuidad y profundidad institucional. La celebración del Día de la Niñez está respaldada por la Ley 724 de 2001 y se articula además con la Ley 1195 de 2008, un marco que ha permitido que el juego gane legitimidad como un derecho y como una herramienta con impacto en bienestar, convivencia y desarrollo social.

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Después de 26 años, la trayectoria de la Corporación Juego y Niñez muestra que esta ya es una conversación de país. Con presencia en los 32 departamentos y 1.103 municipios, y con una movilización que históricamente ha logrado involucrar al total de gobernaciones y municipios del país, la organización proyecta para 2026 una nueva fase de crecimiento y consolidación territorial. El objetivo es ambicioso: convertir a Colombia en un territorio donde jugar sea parte de la vida cotidiana de la niñez y también una señal concreta de protección, salud mental y desarrollo.

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Frente al comunicado emitido por la Junta Directiva Nacional de FEDEGÁN, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC considera necesario aportar elementos técnicos que permitan precisar el alcance y los resultados del proceso de disminución de rezago de los avalúos catastrales rurales en Colombia.

Este proceso tiene como propósito cerrar brechas históricas de información – en muchos casos con rezagos superiores a 15 o incluso más de 30 años– y mejorar la precisión de la información catastral con base en variables fundamentales como el uso del suelo, la productividad, la localización y las dinámicas del mercado rural.

En primer lugar, es importante señalar que, del total de predios rurales beneficiados por la medida, más del 76% registra avalúos catastrales inferiores a los $50 millones y el 93% por debajo de los $200 millones, lo que evidencia que no se genera un incremento generalizado desproporcionado en los avalúos finales. En cifras totales, este porcentaje corresponde a 1,7 millones de predios del total de 1,9 millones de predios.

Al analizar la relación entre extensión y avalúo catastral, resulta necesario precisar que:

• La disminución del rezago se aplicó en 1,9 millones de predios rurales, de los cuáles, 1,85 millones corresponden a predios con extensiones de hasta 50 hectáreas. De estos, el 76% mantiene avalúos catastrales de menos de $50 millones, lo que demuestra que la medida preserva condiciones favorables para el campesinado y a la mayoría de los propietarios de los 520 municipios en los que el IGAC aplicó la medida.

• Esta tendencia se mantiene al considerar predios de hasta 100 hectáreas, donde el 79% de los predios se mantienen en avalúos menores a los $50 millones, lo que refuerza que el impacto no se concentra en pequeños y medianos productores de manera generalizada.

En relación con las competencias institucionales, es fundamental diferenciar entre el avalúo catastral y el Impuesto Predial Unificado. El avalúo es un insumo técnico construido bajo metodologías estandarizadas, mientras que la gestión del Impuesto corresponde exclusivamente a las alcaldías y los concejos municipales, en ejercicio de su autonomía constitucional. Por lo cual, las tarifas o alivios tributarios son decisiones fiscales de carácter municipal y no se derivan del proceso adelantado.

Conforme a lo establecido en la Ley 1995 de 2019, para el 98,6% de los predios rurales —por tener extensiones inferiores a 100 hectáreas— el incremento del Impuesto Predial Unificado para el presente año no debió superar el 50% frente al valor liquidado el año anterior.

Por otra parte, en lo referente a la Resolución 384 de 2026, es importante destacar que esta habilita a las Direcciones Territoriales del IGAC para adelantar revisiones de los resultados cuando se identifiquen casos que lo ameriten. Este instrumento permite atender los compromisos adquiridos con veedurías, juntas de acción comunal y organizaciones sociales, garantizando que las revisiones se realicen en territorio, con criterios técnicos, con participación social y bajo procedimientos formales.

A través de los comités sectoriales acordados el pasado 14 de abril, se adelantará esta revisión de manera focalizada, asegurando que las Direcciones Territoriales, en ejercicio de sus capacidades técnicas y presencia territorial, puedan realizar los ajustes que correspondan cuando se evidencien inconsistencias.

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Finalmente, el IGAC reitera la importancia de que el debate público se sustente en información verificable y análisis técnico riguroso. La información catastral es una herramienta fundamental para la toma de decisiones públicas, y su interpretación debe evitar generalizaciones que puedan generar percepciones erróneas sobre su impacto en el sector rural.

Comunicado del Fedegán

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“Mejorar la conectividad ayuda a que las comunidades accedan a servicios de salud, educación y empleo. También impulsa la economía local porque facilita la comercialización, mejora la productividad y genera ingresos para miles de familias. Estos avances tienen resultados concretos: Cundinamarca pasó del quinto al primer lugar con el menor índice de pobreza multidimensional en el país, con un puntaje de 4,1”, manifestó Yesenia Herreño, directora del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU).

Entre 2024 y 2026, a través del ICCU se han firmado 1.613 convenios con los municipios, que representan una ejecución conjunta superior a $933.000 millones, en un trabajo articulado que ha permitido mantener activos cientos de frentes de obra y dinamizar el empleo en todo el territorio.

En materia de infraestructura vial, se registra una inversión superior a $1,5 billones, con más de 1.300 convenios y diferentes proyectos en marcha. A esto se suma la intervención en infraestructura social, con recursos por más de $650.000 millones destinados a espacios para el bienestar, la integración comunitaria y el acceso a servicios.

El fortalecimiento de la conectividad ha facilitado el acceso a salud, educación y empleo, y reduce los tiempos de desplazamiento entre zonas urbanas y rurales. Además, mejora la economía local al optimizar la comercialización, aumentar la productividad y generar nuevas fuentes de ingreso, especialmente en zonas rurales.

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El compromiso institucional se mantiene para seguir construyendo un territorio más equitativo, con mayor conectividad y con oportunidades que impactan de forma directa a las comunidades.

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En el marco de la implementación y seguimiento de la Mesa nacional de concertación sobre el Catastro Multipropósito y del artículo 49 del PND, el Gobierno Nacional informa a la opinión pública, organizaciones sociales, veedurías y ciudadanía en general sobre la coordinación de los espacios de diálogo pactados.

La convocatoria y coordinación de las mesas derivadas de los acuerdos suscritos está a cargo de las entidades del Gobierno nacional —Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda, Departamento Nacional de Planeación (DNP), Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Alta Consejería para las Regiones, Superintendencia de Notariado y Registro e Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)—, en articulación con entidades territoriales y gestores catastrales, conforme a sus competencias.

En este proceso de diálogo del Gobierno nacional con organizaciones sociales y territoriales, se acordó adelantar mesas regionales orientadas a recoger observaciones de la ciudadanía, identificar casos críticos e inconsistencias en la aplicación de metodologías y garantizar la participación de entidades del orden nacional, territorial y del Ministerio Público. Cualquier espacio o reunión que no sea convocada por la institucionalidad mencionada carece de legitimidad frente a los acuerdos suscritos el pasado 14 de abril, por lo que se hace un llamado a la ciudadanía a informarse únicamente a través de los canales oficiales.

El Gobierno nacional avanza en el cronograma de mesas técnicas en los departamentos priorizados, las cuales iniciaron el pasado 15 de abril. Estas se desarrollan bajo un modelo operativo que incluye tanto municipios con rezago catastral como aquellos con procesos de actualización en curso o finalizados.

Hasta el momento, se han realizado mesas departamentales en Santander, Norte de Santander y Boyacá. Las próximas jornadas serán coordinadas conforme al cronograma establecido para las regiones priorizadas.

En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), junto con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, realizará el próximo 24 de abril una jornada de asistencia técnica en Santander. El objetivo es orientar a las entidades territoriales sobre el Impuesto Predial Unificado (IPU), el uso de la información catastral y la aplicación de medidas que mitiguen el impacto de la actualización catastral.

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Estas mesas regionales representan un avance en la búsqueda de soluciones, con una respuesta institucional oportuna, técnica y cercana al territorio. La jornada en Santander se desarrollará en articulación con la Gobernación y 20 municipios que presentan mayores observaciones frente al proceso, incluidos los del área metropolitana.

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La Oficina de ONU Derechos Humanos en Colombia expresó el jueves su preocupación por la situación de riesgo en el departamento de La Guajira tras el anuncio de un paro armado por parte del grupo Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), organización también conocida como Los Pachenca.

“Rechazamos la situación de riesgo y amenaza que se presenta en La Guajira, especialmente en el distrito de Riohacha, provocada por un paro armado de grupos armados no estatales que va en detrimento del pleno ejercicio de los derechos humanos”, sostuvo la organización en un comunicado.

El pronunciamiento se da tras el anuncio de un paro armado de 72 horas anunciado por Los Pachenca, luego de un operativo militar realizado el 10 de abril en zona rural de Uribia, que dejó nueve integrantes de esa organización abatidos, según información de la Policía Nacional.

“Exhortamos a los grupos armados no estatales a respetar los acuerdos firmados con el Gobierno Nacional y a respetar los derechos a la educación, el trabajo, la libre movilización, la vida e integridad de la población civil”, señaló.

El líder del grupo, Naín Andrés Pérez Toncel, difundió un video en el que justificó el paro armado y lanzó amenazas contra autoridades y otros grupos rivales que manejan economías ilícitas en la región.

“A partir de hoy declaramos un paro armado por tres días consecutivos (…) cansados de tanto atropello, de secuestro, de robos a los turistas y a los comerciantes. Los mismos comerciantes pidieron nuestro apoyo y por eso estamos desplegados, ya que las Fuerzas Armadas de Colombia no han logrado combatir a la delincuencia común”, sentenció.

El martes 14 de abril se reportaron disparos contra locales comerciales en Riohacha, lo que incrementó la alerta sobre el impacto del paro armado en la población civil.

La medida implica la restricción de la movilidad y las actividades económicas en una región, bajo amenaza de muerte o ataque.

“Instamos a las autoridades a desarrollar las acciones tendientes a la protección de la población civil del departamento de La Guajira y a coordinar acciones entre autoridades civiles y militares, que permitan avanzar hacia la garantía y ejercicio pleno de los derechos humanos”, solicitó la ONU.

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El llamado de la organización internacional también subraya la necesidad de una respuesta institucional articulada frente a los hechos de violencia, en un territorio históricamente afectado por la presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas.

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_{Con información de Sputnik.}

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El Gobierno Nacional, a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), informa a la opinión pública que, tras dos días de diálogo con los voceros de las movilizaciones por el incremento en los avalúos catastrales, se alcanzó un acuerdo que permite el levantamiento de las manifestaciones y los bloqueos en diferentes puntos del país.

En este espacio participaron el viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón Olave; el director del IGAC, Gustavo Adolfo Marulanda Morales, su equipo técnico; representantes de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo y delegados de las veedurías catastrales a nivel nacional.

Como resultado, se acordó la instalación de mesas regionales en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Cesar, con el propósito de avanzar en la revisión técnica de los procesos catastrales.

Estas mesas se desarrollarán en un plazo máximo de dos semanas y tendrán como objetivos identificar posibles inconsistencias en la aplicación de las metodologías de reducción del rezago, priorizar casos críticos y proponer ajustes técnicos en el marco de la normativa vigente.

Los espacios de concertación contarán con la participación del Gobierno Nacional, el IGAC, alcaldías y concejos municipales, gobernaciones, organizaciones campesinas, veedurías ciudadanas y el Ministerio Público.

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El Gobierno Nacional reitera su compromiso con el diálogo social, la escucha activa y la construcción conjunta de soluciones que beneficien a la ciudadanía, promoviendo procesos técnicos transparentes y participativos en materia catastral.

Para el 6 de mayo se estableció un encuentro para verificar el avance en el cumplimiento de los acuerdos.

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Los colegios en Colombia y en el resto de las Américas se enfrentan a riesgos que van mucho más allá del aula y que impactan la protección integral de niñas, niños y adolescentes: desde la explotación sexual hasta problemas de salud mental y violencia comunitaria.

En respuesta a este escenario, el British Council lanza un nuevo kit de herramientas para el cuidado y la protección de niñas, niños y adolescentes, diseñado para ayudar a líderes educativos a identificar riesgos con mayor antelación, fortalecer los sistemas de denuncia y promover entornos más seguros para los estudiantes.

“Los colegios desempeñan un papel fundamental en la protección efectiva de la niñez. Sin embargo, los desafíos en materia de protección integral de las infancias son cada vez más complejos y están mucho más interconectados. Estas herramientas que estamos compartiendo proporcionan orientación práctica para ayudar a los colegios de Colombia a fortalecer sus sistemas de protección, identificar riesgos con mayor antelación y responder de manera coherente para proteger el bienestar de los estudiantes”, comentó Felipe Villar, Director del British Council en Colombia.

Concebido como un recurso práctico, de uso cotidiano y basado en roles, este kit promueve un enfoque integral de cuidado y protección en los colegios. Aclara responsabilidades, refuerza los procesos de registro y seguimiento, y define umbrales y rutas de escalamiento de manera más precisa.

Además, ayuda a distinguir con mayor claridad las preocupaciones relacionadas con entornos seguros para la niñez y los riesgos derivados de la conducta de los adultos, lo que permite a los colegios responder de forma proporcional y, al mismo tiempo, fortalecer la responsabilidad.

En un contexto donde los riesgos se desplazan cada vez más entre entornos en línea y fuera de ellos, estas herramientas apoyan a las instituciones educativas para responder con mayor coherencia ante amenazas emergentes como el acoso sexual en línea, el hostigamiento, la coacción, la suplantación de identidad y las imágenes sexuales generadas por inteligencia artificial.

El contar con directrices y mecanismos claros de denuncia facilita que los colegios tomen medidas más tempranas y coordinadas, antes de que las situaciones escalen.

Este kit se implementará en más de 2.500 colegios asociados al British Council en todo el mundo, alcanzando a casi 1,7 millones de estudiantes. Está diseñado para adaptarse a distintos marcos legales nacionales, a la vez que asegura el cumplimiento de los estándares de protección integral de las infancias en toda la red global de colegios del British Council. Se puede descargar en la siguiente página web: Safeguarding in Schools | Support and Guidance.

Más de 2.500 colegios a nivel global están asociados al British Council 

Los colegios asociados al British Council representan una comunidad global de más de 2.500 colegios, que cuentan con el apoyo activo del British Council y que imparten calificaciones internacionales del Reino Unido, como los International GCSE, los International O Level, los International AS y los A Level.

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Como socio educativo de confianza, ayudamos a mejorar la calidad de la educación apoyando a estudiantes de todo el mundo para que alcancen su máximo potencial mediante el acceso a una educación y calificaciones británicas que transforman vidas. Apoyamos a nuestros colegios asociados en más de 40 países, transformando la vida de más de 250.000 estudiantes cada año.

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Tras más de doce horas de diálogo continuo, el Gobierno Nacional informa a la ciudadanía que finalizó el primer día de la mesa de diálogo sin alcanzar aún un acuerdo definitivo con los representantes del paro nacional.

No obstante, las partes ratificaron su voluntad de continuar con este espacio de concertación, entendiendo la importancia de avanzar en soluciones que respondan a las inquietudes de las comunidades.

Durante la jornada se identificaron algunos asuntos de alta complejidad que requieren revisión jurídica, los cuales están siendo analizados de manera articulada entre distintas entidades del Gobierno Nacional.

Así mismo, se acordó avanzar en la definición de reuniones por departamentos, con el fin de atender de manera más precisa las particularidades de cada territorio.

El Gobierno Nacional reitera que el catastro no es un instrumento nuevo, sino una herramienta fundamental para el desarrollo del país, y destaca los beneficios que este aporta, especialmente para las comunidades más alejadas, al permitir una mejor planificación, inversión y acceso a servicios. Por ello, se ha garantizado la participación de los campesinos y actores locales en este proceso.

De igual forma, reafirma su permanencia en la mesa de diálogo como una muestra clara de su compromiso con la búsqueda de soluciones, avanzando de manera decidida en la construcción de alternativas que permitan superar los bloqueos que afectan al país, con especial atención a la situación en el departamento de Santander.

Las conversaciones se reanudarán este martes 14 de abril, a las 9:00 a.m., abordando la problemática nacional con un enfoque que permita también dar respuesta a las situaciones específicas de cada región.

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El Gobierno Nacional mantiene su compromiso con el diálogo como camino para la construcción de acuerdos que lleven a superar este proceso.

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