En medio de las convocatorias de movilización anunciadas para este 15 de mayo en diferentes puntos del Eje Cafetero, diversos sectores técnicos, gremiales y empresariales han comenzado a cuestionar el trasfondo de las jornadas de protesta, especialmente ante la falta de respaldo de importantes actores del transporte y la logística regional.

Aunque los organizadores de las movilizaciones aseguran que las protestas buscan defender a las comunidades frente al impacto económico de los peajes, distintos representantes del sector consideran llamativo que precisamente algunos de los principales usuarios del corredor vial hayan decidido no acompañar las convocatorias.

Paralelamente, organizaciones y gremios regionales han reiterado que, si bien consideran necesario revisar el modelo de peajes y abrir una discusión sobre el futuro vial del Eje Cafetero, no respaldan escenarios que puedan afectar la movilidad, el abastecimiento, la operación logística o la estabilidad económica de la región.

Sin embargo, lo que se está presentando en las vías es justamente lo contrario a lo que en días pasados el Representante a la Cámara Santiago Osorio manifestó, una movilización pacífica, únicamente con un despliegue comunicacional explicando su propósito, pero que no implicaba ¨taponar¨ vías. No obstante, una vez llegaron los manifestantes, incluso con presencia del representante en el peaje San Bernardo, se cerró el paso de vehículos en el lugar, así como en los peajes Tarapacá 1 y 2.

Según Osorio el objetivo de la manifestación  es que la Agencia Nacional de Infraestructura se pronuncie sobre el futuro de la IP Conexión Centro, proyecto planteado una vez finalice la concesión Autopistas del Café en el año 2027; una discusión que asegura es independiente a cualquier campaña.

Gran parte de la conversación alrededor de los peajes ha estado asociada a dinámicas políticas y electorales relacionadas con el futuro de la infraestructura vial del Eje Cafetero, especialmente en medio del actual contexto preelectoral. Esta situación ha llevado a diferentes sectores a preguntarse si detrás de las convocatorias existirían intereses políticos o agendas particulares más allá del debate ciudadano sobre los peajes.

El contexto actual también ha estado marcado por un choque de narrativas entre anuncios políticos relacionados con el eventual desmonte de peajes y las limitaciones jurídicas existentes alrededor del modelo vigente. Expertos recuerdan que actualmente no existe un acto administrativo, decreto o decisión jurídica oficial que ordene modificaciones inmediatas sobre el esquema actual.

En ese sentido, expertos y sectores técnicos recuerdan que las leyes 80 de 1993 y 1508 de 2012 establecen que cualquier modificación contractual debe contar con soporte técnico, financiero y jurídico, con el fin de proteger el equilibrio económico y evitar eventuales afectaciones patrimoniales para el Estado.

Asimismo, el fallo del Tribunal de Arbitramento de 2018 mantiene vigencia como uno de los principales antecedentes jurídicos alrededor de la operación vial regional, estableciendo continuidad operativa hasta febrero de 2027.

Diversos sectores empresariales y técnicos de la región, entre ellos cámaras de comercio, representantes gremiales y organizaciones de ingeniería, han insistido en la importancia de mantener estabilidad jurídica y financiera mientras se define el futuro de la infraestructura vial del Eje Cafetero.

“Nosotros no vamos a acompañar el evento al que están invitando en los peajes porque no existe claridad jurídica sobre lo que quieren hacer. Hoy hay una concesión que legalmente está vigente hasta febrero de 2027 y cualquier terminación anticipada implicaría discusiones jurídicas, indemnizaciones y afectaciones económicas para el Estado. “Sí creemos que el modelo de peajes debe revisarse, pero esto debe hacerse de manera legal, técnica y democrática”, afirmó Claudia Pilar Calderón Acuña, Presidente Sociedad Caldense de Ingenieros Civiles.

Por su parte otro representante gremial, Fernando Vallejo, comenta “La convocatoria inicialmente era para una rueda de prensa sobre la situación de los peajes y los camioneros no iban a participar. Pero nos sorprendió la llegada de representantes políticos a un espacio que debía ser ciudadano y técnico. Ya lo habíamos advertido: no se le puede meter política a esta lucha. Nosotros venimos trabajando desde hace rato por los comerciantes, caficultores y campesinos que todos los días tienen que pagar peajes injustos para poder sacar sus productos.”

De acuerdo con cifras recopiladas en el análisis sectorial, la operación vial regional ha contribuido históricamente a la generación de más de 56.000 empleos directos e indirectos y actualmente sostiene más de 300 empleos formales en las capitales del Eje Cafetero. Adicionalmente, iniciativas futuras de infraestructura proyectan la generación de cerca de 8.300 empleos directos adicionales para la región.

Sectores técnicos también han advertido que cualquier modificación al modelo actual requiere una discusión integral sobre financiación, mantenimiento de la infraestructura y sostenibilidad operativa de las vías, especialmente en un contexto donde el Eje Cafetero mantiene una alta dependencia logística y comercial de su red vial.

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Finalmente, distintos actores regionales reiteraron el llamado a priorizar el diálogo institucional, la información verificada y los canales técnicos para avanzar en las discusiones relacionadas con el futuro vial del Eje Cafetero, evitando escenarios de desinformación o mayor tensión social alrededor de la coyuntura.

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En Colombia, el crecimiento acelerado del parque automotor se ha convertido en uno de los principales desafíos para la movilidad y la seguridad vial del país. Actualmente, más de 21 millones de vehículos se encuentran activos en el territorio nacional, según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), de los cuales el 63 % corresponde a motocicletas.

Aunque este incremento refleja transformaciones en la movilidad y en el acceso al transporte, también ha venido acompañado de una preocupación creciente por el aumento de los siniestros viales y sus impactos sociales y económicos.

Según cifras oficiales, entre 2024 y 2025 se registraron 8.697 muertes por accidentes de tránsito en el país, lo que representó un incremento del 5,2 % frente al periodo anterior. Asimismo, los datos preliminares con corte al 31 de marzo de 2026 evidencian un aumento del 20,1 % en fallecimientos por siniestros viales frente al mismo periodo de 2025.

Los motociclistas y peatones continúan siendo los actores viales más afectados, concentrando más del 80 % de las víctimas fatales reportadas.

Para la Corporación para el Desarrollo de Seguridad Social (CODESS), esta situación evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y avanzar hacia una visión más integral de la seguridad vial en Colombia.

“Los accidentes de tránsito no pueden analizarse únicamente desde el control o la sanción. Se requiere una apuesta decidida por la educación vial, la cultura ciudadana y la formación desde edades tempranas, que permita generar cambios sostenibles en el comportamiento de los actores viales”, señaló CODESS.

La entidad también advirtió sobre otros factores que aumentan el riesgo de accidentalidad, entre ellos el deterioro de la infraestructura vial, la saturación de las vías, los retrasos en proyectos de movilidad y el uso inadecuado del espacio público.

Codess considera fundamental promover procesos permanentes de formación en normas de tránsito, convivencia y responsabilidad vial, no solo desde las academias de conducción o las obligaciones empresariales, sino también desde las instituciones educativas y los entornos comunitarios.

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“El país necesita avanzar hacia una verdadera cultura de prevención. La seguridad vial debe entenderse como una responsabilidad compartida entre el Estado, las empresas y la ciudadanía”, concluyó la entidad.

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró el viernes que está dispuesto a retirar los aranceles a Ecuador, como lo solicitó horas antes la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

“No tengo ningún problema en retirar los aranceles a productos del Ecuador en la misma forma y cronología como se pusieron”, afirmó el mandatario en su cuenta de X.

La CAN dio un plazo de 10 días a Colombia y Ecuador para retirar los aranceles impuestos en el marco de la disputa comercial que mantienen desde febrero.

El organismo consideró que las medidas adoptadas por ambos países vulneran las normas del comercio intracomunitario establecidas en el Acuerdo de Cartagena.

La crisis comenzó en enero de 2026, cuando el Gobierno de Ecuador anunció una “tasa de seguridad” del 30 por ciento a las importaciones provenientes de Colombia, que empezó a regir el 1 de febrero.

Quito justificó la medida por los costos de seguridad derivados del crimen organizado y el narcotráfico, ante una presunta falta de cooperación de Colombia en la frontera común.

Colombia consideró que la tasa constituía un gravamen contrario a la normativa de la CAN, afectaba a los sectores productivos de los dos países, favorecía el contrabando y desdibujaba el espíritu de integración bilateral.

El Gobierno Nacional respondió con aranceles del 30 por ciento a un grupo de productos ecuatorianos, al considerar que la tasa ecuatoriana tenía efectos equivalentes a un arancel y violaba el Programa de Liberación de la CAN.

La medida afectó partidas como arroz, frijol, plátano, azúcar y pescado, y fue acompañada por restricciones al ingreso terrestre de algunos productos por razones de seguridad nacional.

La escalada continuó a finales de febrero, cuando Ecuador anunció que elevaría la tasa del 30 al 50 por ciento a partir del 1 de marzo.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, argumentó entonces que Colombia no había adoptado medidas suficientes contra el narcotráfico en la frontera y vinculó la decisión tanto a razones de seguridad como al déficit comercial ecuatoriano con el país vecino.

El estado colombiano, por su parte, negó las acusaciones y defendió la existencia de mecanismos de cooperación contra el crimen transnacional.

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El conflicto alcanzó un punto crítico en abril cuando Ecuador anunció que la tasa pasaría del 50 al 100 por ciento desde el 1 de mayo, tras señalar nuevamente una supuesta falta de acciones concretas y efectivas de Colombia en seguridad fronteriza.

La medida convirtió el desacuerdo en una guerra arancelaria abierta y llevó a Colombia a aprobar nuevos gravámenes recíprocos sobre productos ecuatorianos.

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_{Con información de Sputnik.}

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El político y abogado Germán Vargas Lleras, quien se desempeñó como vicepresidente de Colombia durante el gobierno de Juan Manuel Santos desde 2014 hasta el 2017, falleció este viernes a sus 64 años de edad en Bogotá, tras sufrir varios quebrantos de salud que lo obligaron a alejarse de la contienda política.

El exvicepresidente de Colombia estaba siendo atendido en su casa por un equipo médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá quienes mediante un comunicado confirmaron el fallecimiento del reconocido personaje de la política colombiana.

Germán Vargas Lleras desde muy joven incursionó en la política, fue senador, candidato a la Presidencia de Colombia, ministro del Interior y vicepresidente de Colombia.

Fue víctima de dos atentados contra su vida, entre otros que fueron abortados, en uno de ellos sufrió la pérdida de tres dedos de su mano.

Durante los últimos meses Germán Vargas Lleras se sometió a varias intervenciones quirúrgicas, y en el exterior también recibió tratamientos médicos especializados.

Una de sus últimas apariciones en público se llevó a cabo mediante la grabación de un comercial político publicitario previo a las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, donde invitaba a votar por Cambio Radical, el partido que él mismo había fundado.

Ante su partida, las reacciones del rol de la política no se hicieron esperar:

Nos duele el corazón por el fallecimiento de Germán Vargas Lleras. Le rendimos un homenaje y un tributo de admiración porque fue un combatiente de la democracia. Su partida deja un hueco muy grande en el corazón de la oposición. Desde Ciénaga le enviamos un abrazo a su hija y a… pic.twitter.com/VUqYg2eiDS

— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 9, 2026

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Entre tanto, el partido Cambio Radical se expresó en su cuenta de X: “Hoy despedimos con profundo dolor a Germán Vargas Lleras, nuestro líder natural, servidor público incansable y una de las voces más firmes y determinantes de la política colombiana. Su carácter, su visión de país y su entrega absoluta al servicio de Colombia marcaron la historia de nuestra colectividad y de toda una generación de liderazgo público. Germán Vargas Lleras gracias por construir partido, por defender las instituciones, por trabajar sin descanso por las regiones y por enseñarnos que la política también es disciplina, convicción y valentía. Cambio Radical honra su legado, su trayectoria y su memoria”.

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La Oficina de Estrategia y Datos de UNICEF — Innocenti, ECPAT International y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), presentaron los resultados para Colombia de la investigación Disrupting Harm, parte del estudio global más grande que se ha hecho sobre prácticas de explotación y abuso sexual de niños, niñas y adolescentes facilitados por la tecnología, que abarca a 25 países.

El estudio encontró que uno de cada cinco adolescentes usuarios de internet en Colombia (21%) sufrió alguna forma de abuso o explotación sexual facilitados por la tecnología en un solo año, lo que equivale a cerca de 860.000 niñas, niños y adolescentes entre 12 y 17 años. No se trata únicamente de hechos que ocurren en línea, sino también cuando se combinan interacciones digitales y presenciales.

“Las tecnologías digitales ofrecen oportunidades únicas para garantizar los derechos de la infancia y reducir desigualdades, pero también introducen riesgos que deben ser comprendidos y abordados. Este estudio, ambicioso y riguroso, nos muestra que es urgente tomar conciencia e implementar medidas de prevención y protección desde todos los frentes”, aseguró Tanya Chapuisat, representante de UNICEF en Colombia.

Para la investigación, se llevó a cabo una encuesta nacional representativa a 999 adolescentes entre 12 y 17 años, así como entrevistas con sobrevivientes, familias, autoridades y profesionales de justicia y servicios de atención.

Los datos del estudio demuestran que las niñas y adolescentes mujeres son las más afectadas: el 25% de las encuestadas fue víctima de este tipo de violencias, frente al 17% de los niños y adolescentes hombres. Además, la niñez en zonas rurales, donde hay más desigualdad económica, está más expuesta (29%) frente a la que vive en zonas urbanas (17%). El estudio resalta que la desigualdad de género y la pobreza propician estos abusos en Colombia.

Entre las formas de violencia más reportadas por la niñez colombiana se encuentran recibir imágenes sexuales no deseadas (15%); ofertas de dinero o regalos a cambio de fotos sexuales (6%); presión para compartir contenido sexual (5%); amenazas con difusión de imágenes íntimas (3%), y extorsión sexual (2%). También se identificó el uso de herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes sexuales de niñas, niños y adolescentes. Esta última práctica genera preocupación porque puede hacerse más común a medida que estas herramientas sean más accesibles.

“Para hacer frente a este desafío se requiere una acción conjunta de la sociedad civil, el gobierno, las organizaciones internacionales, las plataformas en línea, los padres y las comunidades. Fomentar sistemas y entornos en los que los niños se sientan seguros, apoyados y capaces de denunciar los abusos es una responsabilidad compartida”, indica Fabio González Flórez, líder de Proyectos en ECPAT International.

Cerca de la mitad de los casos en Colombia ocurrieron a través de redes sociales, principalmente Facebook, seguido de WhatsApp e Instagram, de Meta, mientras que el 14% se presentó en plataformas de videojuegos. En el caso de Colombia, el estudio resalta que la industria de cámaras web y el turismo sexual también contribuyen a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes: impulsados por las necesidades económicas, estas prácticas proliferan como alternativas laborales en contextos con pocas oportunidades.

Aunque el discurso público se centra a menudo en el abuso sexual cometido por desconocidos, los datos de la encuesta mostraron que la mitad (50%) de los casos fueron perpetrados por alguien a quien el niño, niña o adolescente ya conocía, incluyendo familiares (22%), parejas e intereses románticos (14%) o amistades (14%), mientras que 1 de cada 5 (21%) por personas desconocidas.

“La investigación Disrupting Harm llevada a cabo en Colombia aporta datos fundamentales para comprender mejor y responder a la explotación y el abuso sexual infantil facilitados por la tecnología. Esta iniciativa está contribuyendo a impulsar una respuesta más coordinada y eficaz para proteger a los niños en la era digital”, comenta Mark Beavan, jefe de la Unidad de Delitos contra la Infancia de Interpol.

Barreras que impiden la denuncia

A pesar de que en Colombia existen canales de reporte, como la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Te Protejo Colombia o el portal ¡A Denunciar! de la Policía y la Fiscalía General de la Nación, el estudio encontró que la denuncia en Colombia es casi inexistente. En un año, ninguno de los adolescentes encuestados reportó formalmente los hechos ante autoridades, líneas de ayuda o servicios sociales. El 34% no se lo contó a nadie. Entre las principales barreras para denunciar están no saber a dónde acudir, la vergüenza, el miedo al estigma, creer que no era grave o pensar que no ocurriría nada si denunciaban.

¿Cómo prevenir?

De acuerdo con la investigación, la prevención debe centrarse en transformar los espacios físicos y digitales para eliminar las condiciones que facilitan la violencia, tomando el cuidado de no hacer recaer en los niños, niñas y adolescentes la responsabilidad de protegerse a sí mismos, sin apoyo. Afrontar esta problemática requiere acciones concretas desde todos los sectores: el sistema de protección, familias y las empresas tecnológicas.

“El informe muestra cómo las normas sociales, las presiones económica y las lagunas legales alimentan esta crisis. Estos datos ofrecen a Colombia un camino claro hacia leyes más estrictas y sistemas de apoyo centrados en los niños”, indica Marija Manojlovic, directora ejecutiva de Safe Online.

Algunas de las recomendaciones del estudio incluyen combatir las normas que propician la violencia y que culpan a las víctimas, como la sexualización de las niñas y las normas de género que responsabilizan a las niñas y a las mujeres por el abuso; facilitar la búsqueda de ayuda, mejorando la información, accesibilidad y confianza en los mecanismos de denuncia; modificar la legislación nacional para garantizar que estos tipos de abusos puedan ser procesados, y fortalecer la articulación entre los sistemas de protección, justicia, educación y autoridades para garantizar una respuesta oportuna y efectiva.

Por otro lado, la investigación también hace un llamado a que las empresas digitales contribuyan a reducir los riesgos incorporando la prevención de estas violencias desde el diseño de las plataformas y mejorando las medidas de seguridad, por ejemplo, optimizando la moderación de los contenidos y aplicando controles de privacidad más estrictos.

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“Colombia cuenta con importantes recursos para afrontar este problema, entre ellos un sólido marco jurídico y un personal profesional comprometido. Para hacer frente a este desafío se necesitará una inversión sostenida, una mayor rendición de cuentas por parte de las plataformas en línea y esfuerzos coordinados para garantizar que todos los niños y niñas puedan acceder a la protección, la justicia y la recuperación”, asegura Camila Perera Aladro, especialista en Investigación de la Oficina de Estrategia y Datos de UNICEF Innocenti.

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Una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación y una denuncia penal por presunto prevaricato por acción fueron radicadas ante las autoridades competentes tras la expedición de una carta del director de la Oficina de Control de Circulación y Residencia en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (OCCRE), Delroy Austin Gordon Fox, que exonera del pago de la tarjeta de turismo a más de 5.400 participantes de la XVII Vuelta Atlética a la Isla de San Andrés, pese a la entrada en vigor de la Ordenanza 001 de 2026. La orden alcanzaría los 800 millones de pesos en exoneraciones generando un impacto representativo para la isla.

La Ordenanza 001 de 2026, vigente desde el 7 de enero, establece el cobro de la tarjeta de turismo para todas las personas que ingresen al archipiélago, salvo excepciones específicas que no incluyen eventos deportivos.

* No obstante, mediante el radicado No. 20261050001639-R, expedido el 20 de enero de 2026, se habría autorizado la exoneración de este pago para los atletas inscritos en la XVII Vuelta Atlética a la Isla de San Andrés.

La justificación de la medida se basa en que la solicitud habría sido presentada el 30 de octubre de 2025, previo a la expedición de la ordenanza. Sin embargo, la norma no contempla disposiciones transitorias ni criterios asociados a la fecha de solicitud.

El Artículo 5 de la ordenanza establece el principio de equidad tributaria, que prohíbe tratamientos diferenciados injustificados.

En este contexto, surgen cuestionamientos sobre la aplicación uniforme de la medida, teniendo en cuenta que otros eventos deportivos realizados en 2026 habrían tenido que cumplir con el pago de la tarifa establecida.

Se estima que la exoneración otorgada en este caso supera los $800 millones de pesos, considerando más de 5.400 atletas.

Adicionalmente, cada deportista representa un gasto promedio cercano a los $2 millones de pesos durante su estadía, lo que evidencia la relevancia del turismo deportivo para la economía local.

Frente a estos hechos, fue radicada una denuncia penal por presunto prevaricato por acción contra el director de la OCCRE, Delroy Austin Gordon Fox, ante las Fiscalías Delegadas ante los Jueces Penales del Circuito de San Andrés Isla.

En entrevista con Caracol Radio, hablaron Juan Camilo Olaya, abogado, deportista y ciudadano inconforme, explicó en 6AM W su posición frente a la exoneración de atletas y las excepciones establecidas por la norma son únicamente para “servidores públicos, diplomáticos o algunos profesionales de salud”, no para atletas. Su pregunta es ¿Por qué el 20 de enero se exonera a los atletas de esta carrera atlética?

Por su parte, en la misma entrevista, Delroy Austin Gordon Fox, explica los detalles y plantea que se trata de una * confusión frente a una confirmación realizada, se trata de una “confusión frente a una solicitud de aclaración”, que habrían pedido los encargados de la carrera el pasado 20 de enero.

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El caso plantea interrogantes sobre la aplicación de las normas y la necesidad de garantizar condiciones equitativas para todos los actores del ecosistema deportivo en el archipiélago.

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En cumplimiento de los acuerdos firmados el pasado 14 de abril en el marco de las movilizaciones en varios departamentos del país, por el incremento en los avalúos catastrales, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, ha avanzado en el desarrollo de mesas técnicas de concertación con diferentes municipios del país, orientadas a revisar y ajustar los valores catastrales donde se habían identificado algunas novedades en la información.

En estos espacios, el Instituto ha presentado propuestas de ajuste a los avalúos, teniendo en cuenta las características propias de cada territorio, especialmente en aquellos casos donde los valores no se ajustaban a las condiciones de las zonas.

Como parte de los compromisos adquiridos, se priorizó la revisión en departamentos como Santander, Norte de Santander, Casanare y Boyacá. El Instituto ha venido trabajando de forma articulada en cada departamento con municipios, líderes y lideresas de diferentes veedurías y juntas de acción comunal alcanzando a la fecha la realización de más de 20 comités técnicos y mesas departamentales, respaldados mediante actas y con aplicación de nuevos valores.

Se espera que para el próximo mes de mayo se puedan realizar nuevos comités técnicos y mesas departamentales en los departamentos de Caquetá, Cundinamarca, Putumayo, Valle del Cauca y Atlántico.

Este proceso se desarrolla en dos etapas:

1. Mesa previa preparatoria con las administraciones municipales

2. Jornada en la que, con la participación de concejales, alcaldes, juntas de acción comunal, veedurías, Defensoría del Pueblo, Personería y la Gobernación, se formalizan los acuerdos mediante la firma de resoluciones que oficializan los ajustes.

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De esta manera, el IGAC ratifica su compromiso en garantizar espacios de diálogo directo y participativo con las comunidades manteniendo los principios de transparencia y calidad en la información para seguir construyendo una Geografía Para la Vida.

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Asoleche insta a las autoridades regulatorias y a los actores del sector para corregir errores conceptuales en el proyecto de resolución de etiquetado frontal que está tramitando el Ministerio de Salud y Protección Social.

La Asociación Colombiana de Procesadores de Leche respalda el propósito de informar mejor a los consumidores, pero advierte que el diseño actual del proyecto de resolución vulnera el derecho a la información completa, estigmatiza alimentos nutricionalmente valiosos y puede producir el efecto contrario al deseado en la salud pública colombiana.

Una norma que recorta la información del consumidor

Entre varios aspectos negativos y antitécnicos que merecen atención de este proyecto, resulta particularmente grave que su texto prohíbe que un producto marcado con sellos de advertencia informe al consumidor sobre sus propiedades nutricionales positivas. Un ejemplo de esta limitación sería el yogurt al que usualmente se le agrega pectina: este es un espesante natural que se encuentra en muchas frutas y cuya función es la de brindar textura, estabilidad y mejorar la vida útil del producto. Bajo la potencial reglamentación, el envase de este yogurt debería incluir un sello de  ultraprocesado y quedaría impedido para informar que es una excelente fuente de calcio, proteína de alto valor biológico, vitamina D o probióticos.

Esto contradice directamente el Estatuto del Consumidor de Colombia, que garantiza el derecho a información completa, veraz y transparente. No existe fundamento lógico, jurídico ni científico para que la presencia de un sello vulnere el derecho del consumidor a conocer la totalidad de los atributos de un alimento.

El error conceptual de fondo: alimentos vs. patrones alimentarios

La norma confunde alimentos con hábitos y estilos de vida. Pretende estigmatizar y castigar alimentos individuales cuando la evidencia científica que ella misma invoca es clara y consistente: una nutrición saludable no depende de si un alimento contiene o no un determinado ingrediente. Depende del patrón alimentario completo, de la diversidad, tamaño de la porción, frecuencia  de consumo y el estilo de vida del consumidor, por no mencionar factores genéticos y otras condiciones propias del individuo. Emitir una “sentencia visual” definitiva sobre un producto basándose en un solo componente desconoce este principio fundamental y trata al consumidor como incapaz de procesar información completa y lo limita en su derecho de escoger e integrar una dieta variada y sana.

El procesamiento lácteo protege la nutrición, no la destruye

La leche es uno de los alimentos más nutritivos de la naturaleza, pero a su vez, cuando está cruda es de los más perecederos que existen. Sin procesamiento (pasteurización, UHT, fermentación controlada, etc) su perfil nutricional no puede llegar íntegro ni seguro al consumidor. El procesamiento no altera las propiedades nutricionales de la leche, los protege y los conserva: el calcio, la proteína, la vitamina D, sus grasas esenciales llegan intactos a la mesa de colombianos gracias a la industria procesadora formal. Además, la transformación industrial permite un portafolio diverso de derivados lácteos como el yogurt, queso, kéfir, bebidas saborizadas, arequipe, mantequilla, entre otros, que llevan ese poder nutricional a todos los momentos del día y a todos los consumidores, en la forma en que cada persona necesita, prefiere y disfruta. Equiparar ese procesamiento con una señal de alarma sanitaria carece de toda lógica y respaldo científico.

El riesgo real: desincentivar el consumo de alimentos esenciales, como los derivados lácteos, de la dieta de los colombianos

El efecto práctico y predecible de esta norma será desincentivar el consumo de alimentos que tienen contribuciones nutricionales positivas y necesarias para el consumidor colombiano como los lácteos procesados, fuente accesible de proteína, calcio y vitamina D. El consumidor que abandone un yogurt o un queso por ver un sello, no lo reemplazará necesariamente por una fruta o una verdura, que individualmente consideradas, no son la única respuesta a una dieta saludable. Es altamente probable que, sin saberlo, este consumidor simplemente reduzca su ingesta de calcio y proteína sin que ninguna señal en ninguna etiqueta le advierta sobre ese riesgo. 

La posición de Asoleche

ASOLECHE no se opone al etiquetado de advertencia. Respalda el derecho del consumidor a recibir información clara y completa. Lo que rechaza es una regulación que aplique indistintamente el mismo instrumento visual de alarma a realidades nutricionales radicalmente distintas. La nutrición saludable se construye con educación, diversidad y balance, no con sellos que estigmatizan y borran la mitad de la realidad nutricional de los alimentos. Asoleche invita al Ministerio de Salud a revisar el diseño de la norma con mayor rigor técnico y coherencia con la evidencia científica disponible.

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“Una política pública que, en nombre de la salud, desincentive el consumo de alimentos nutricionalmente valiosos, se convierte en una herramienta de señalización o discriminación, que, con una apariencia de rigurosidad, va a generar un resultado exactamente opuesto al deseado. El etiquetado, bien diseñado, es una herramienta de información útil y necesaria para el consumidor colombiano. Pero para que eso ocurra, debe reflejar la complejidad real de la nutrición, no simplificarla hasta el punto de desinformar. Una norma que le impide a un yogurt contarle al consumidor que tiene calcio y proteína no está protegiendo la salud pública: la está poniendo en riesgo”, señaló Ana María Gómez Montes, presidente de ASOLECHE.

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Desde las primeras horas de la mañana se reportó el cierre total en la vía concesionada entre Mosquera y La Mesa, a la altura del kilómetro 75 y en el sector de La Y, hacia la entrada de El Colegio, debido a deslizamientos y a las condiciones climáticas sobre el corredor. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció que se adelantan los trabajos en el sector; sin embargo, tomará varias horas recuperar la movilidad en su totalidad.

En la Troncal del Rionegro se atienden varios puntos críticos en sectores como Cucharal, Capitán, Pan de Azúcar y Paraíso, con dos retroexcavadoras de llantas, tres volquetas, un minicargador y dos excavadoras sobre oruga. Allí avanzan en la remoción de escombros y la conformación de banca. Los equipos de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca y el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca siguen atentos en municipios como Pandi, San Antonio del Tequendama, La Calera y Caparrapí, donde se han registrado varias afectaciones.

En lo corrido del año se han atendido 218 emergencias; 54 solo en abril, de las cuales 29 han estado relacionadas con movimientos en masa, 12 crecientes súbitas y 16 inundaciones, entre otras. La coordinación con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo es determinante para la atención. Estamos en diferentes frentes atendiendo a la población, pero se recomienda acatar las indicaciones de los equipos técnicos para salvaguardar la vida. Aún no para de llover.

Cierres en la vía entre Mosquera y La Mesa

En las primeras horas de la noche el gobernador Jorge Rey anunció que siguen los trabajos de remoción del lodo represado tras el derrumbe sobre la vía Mosquera – La Mesa, en el sector Curubital y La Virgen. En el momento, 4 minicargadores, 4 retroexcavadoras, 2 cargadores frontales y 23 volquetas atienden la emergencia.

Las condiciones meteorológicas y el desprendimiento progresivo de material de la montaña no han permitido recuperar la movilidad en su totalidad. El corredor permanece cerrado en los mismos puntos reportados en la mañana de hoy. Se mantiene el PMU en la zona con el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, el Concesionario Devisab, Bomberos, Defensa Civil, Personería y autoridades locales.

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El Gobernador de Cundinamarca anunció “Estaremos trabajando durante toda la noche y la madrugada para restablecer el paso lo antes posible”.

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La capital de la República es escenario del XIII Festival Nacional de la Juventud y los Estudiantes, que se desarrolla del 24 al 26 de abril en la sede Aduanilla de Paiba de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y en otros espacios de la ciudad, consolidándose como uno de los principales encuentros de juventudes del país.

Miles de jóvenes provenientes de distintas regiones participan en este espacio de articulación nacional, en el que confluyen estudiantes, organizaciones sociales, procesos territoriales y colectivos juveniles para debatir sobre educación, reformas sociales, territorio y oportunidades.

En la jornada inaugural, el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, participó en el evento y fue acreditado como miembro oficial del Festival. Durante su intervención, los y las estudiantes reconocieron el compromiso de la entidad con la promoción y garantía de los derechos de la juventud en Colombia.

“Más de 4.000 jóvenes de todas las regiones están hoy en Bogotá representando ese tejido organizativo que impulsa el cambio en el país. Hemos dialogado sobre su papel en la reforma agraria y en las políticas de educación —más cobertura, infraestructura y gratuidad—, y presentamos el balance de Prosperidad Social en materia de transferencias monetarias e inclusión productiva. La juventud se toma la ciudad para proyectar la agenda de cambios y aportar a las reformas que deben incorporarse en el plan decenal de juventud”, afirmó Rodríguez Amaya.

Durante el encuentro, Prosperidad Social reafirma su compromiso con las juventudes a través de programas como Renta Joven, las transferencias monetarias y las estrategias de inclusión productiva, que contribuyen al acceso a la educación, el fortalecimiento de capacidades y la generación de oportunidades en los territorios.

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El Festival se consolida como un escenario clave para la participación juvenil y la construcción colectiva de propuestas que inciden en las políticas públicas y en el rumbo del país en los próximos años.

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