El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, asumirá el poder este 7 de agosto en Cali (oeste), en una ceremonia que por primera vez tendrá lugar fuera de Bogotá, y marcada por una selectiva presencia internacional y determinadas ausencias que reafirman el giro político que encara el país para el período 2026-2030.

La investidura comenzará a las 3:00 p.m. (GMT 19:00) en la Arena USC, un coliseo de la Universidad Santiago de Cali con capacidad para unas 2.500 personas: De la Espriella prestará juramento ante el Congreso en pleno y recibirá la banda presidencial de manos del presidente del Senado, Honorio Henríquez, antes de pronunciar su primer saludo como jefe de Estado.

La ceremonia se celebrará en un recinto cerrado, con acceso exclusivo por invitación y contará con 285 lugares reservados para los congresistas, cuyas cámaras aprobaron trasladar temporalmente su sede desde esta capital hasta Cali para cumplir con el trámite constitucional.

Sin embargo, en el acto protocolar no participará la coalición izquierdista del presidente saliente, Gustavo Petro, y tampoco estarán los expresidentes Ernesto Samper (1994-1998) y Juan Manuel Santos (2010-2018), presuntamente a pedido del propio De la Espriella, quien derrotó en un reciente balotaje al candidato oficialista Iván Cepeda.

La elección de Cali cerró varias semanas de controversia, después de que De la Espriella planteara inicialmente posesionarse en una instalación militar en Popayán. El Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazaron esta semana dos solicitudes que pretendían suspender el traslado, por lo que la ceremonia quedó en firme en la capital del Valle del Cauca.

Unos 11.000 militares y policías serán desplegados en Cali y varios municipios cercanos, con apoyo aéreo y sistemas contra drones, y además fueron impuestas restricciones al transporte de combustibles y decretaron la prohibición temporal de la venta de bebidas alcohólicas.

Entre los invitados extranjeros figuran el rey Felipe VI de España y los presidentes Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), José Antonio Kast (Chile), y Luis Abinader (República Dominicana).

Estados Unidos enviará una delegación de nueve integrantes encabezada por Todd Blanche, fiscal general interino y exabogado personal del presidente Donald Trump, informó la Casa Blanca.

Además de Blanche, asistirán el encargado de negocios de Washington en Bogotá, Hugo Guevara; el congresista republicano Mario Díaz-Balart; la directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, Sara Carter, y el administrador de la agencia antidrogas DEA, Terrance C. Cole, entre otros funcionarios.

La ceremonia también reflejará la fractura política que dejó la campaña presidencial, pues la bancada del Pacto Histórico, coalición de izquierda liderada por Petro, comunicó formalmente a las presidencias del Senado y de la Cámara que no asistirá a la sesión, decisión a la que se sumaron representantes de las comunidades afrodescendientes e indígenas.

En una carta fechada el 5 de agosto, los legisladores definieron su ausencia como “un acto de desobediencia civil, público, pacífico y no violento” y aclararon que la determinación no implica desconocer la Constitución ni las instituciones democráticas: reconocen la legalidad del nuevo Gobierno, pero cuestiona su legitimidad política.

Tampoco fueron invitados los mencionados Samper y Santos, ni firmantes del acuerdo de paz con la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), suscrito en La Habana, Cuba, en 2016.

Medios colombianos informaron que De la Espriella pidió expresamente excluir a ambos exmandatarios, al parecer por sus diferencias ideológicas, porque sí fueron invitados los expresidentes César Gaviria (1990-1994), Andrés Pastrana (1998-2002), Álvaro Uribe (2002-2010) e Iván Duque (2018-2022), todos derechistas.

El nuevo gabinete ministerial

De la Espriella llegará a la Presidencia con un gabinete de 18 ministros y la promesa de desmontar varias de las políticas impulsadas durante los cuatro años del primer Gobierno nacional de izquierda en la historia reciente de Colombia.

Los principales puestos políticos y económicos estarán ocupados por Rodrigo Lara en el Ministerio del Interior, Omar Bula en Relaciones Exteriores, Miguel Gómez como ministro de Hacienda, Iván Cancino como ministro de Justicia y el general retirado Jorge Eduardo Mora como ministro de Defensa.

El gabinete incluye además a Indalecio Dangond en Agricultura, María Nohemí Arboleda en Minas y Energía, Mauricio Gómez Amín en Comercio, Viviane Morales en Educación, Elsa Noguera en Transporte, Ana María Vesga en Salud y Fabio Arjona en Ambiente, entre otros nombramientos.

Algo de lo que viene con el nuevo Gobierno Nacional

El nuevo Gobierno ha anunciado una reducción de la estructura de la Presidencia, cambios en las instituciones encargadas de la paz y el fin del modelo de negociación con grupos armados denominado “Paz total”.

También prepara la reactivación de los contratos de exploración de petróleo y gas, suspendidos durante la administración Petro.

En política exterior, De la Espriella anunció el cierre de embajadas en 14 países, la ruptura de relaciones con Cuba y Nicaragua y el restablecimiento de los vínculos diplomáticos con Israel, decisiones que representan un giro frente a la estrategia internacional del Gobierno saliente.

La transición estuvo atravesada además por la suspensión del proceso formal de empalme (transición) ya que De la Espriella retiró a su equipo después de que Petro insistiera en cuestionar el resultado electoral, y el Gobierno saliente respondió cancelando también las reuniones conjuntas.

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Tras la posesión, De la Espriella tiene previsto participar en un reconocimiento de tropas en el Cantón Militar Pichincha y allí podría realizar su primer discurso como Presidente de Colombia. El sábado, sería su primer consejo de seguridad, una agenda que reafirma la prioridad otorgada a ese tema desde su elección.

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_{Con información de Sputnik.}

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Por instrucción directa del presidente electo Abelardo De La Espriella, el Equipo de Empalme Anticorrupción notificó formalmente al liquidador del Ministerio de la Igualdad, Rafael Rodríguez Ortiz, y al presidente de Fiduagraria, Guillermo Javier Zapata, exigiendo frenar de manera inmediata las maniobras contractuales de última hora en FONIGUALDAD, entidad que se encuentra en liquidación bajo el Decreto 626 de 2026.

La notificación advierte que los contratos detectados exceden las facultades legales de la liquidación establecidas en los artículos 4 y 34 de ese decreto, y que cualquier omisión de debida diligencia o giro de recursos comprometerá la responsabilidad fiscal, disciplinaria, penal y civil de los administradores y fiduciarios involucrados.

Las exigencias del Empalme Anticorrupción son concretas y no admiten dilación: suspensión inmediata de toda nueva vinculación de personal mediante empresas temporales o bolsas de empleo; congelación de 9.082 millones de pesos en anticipos, nómina y desembolsos del contrato EGA-033- ICD-008-2026 por 30.275 millones suscrito con LABORANDO S.A.S. para 1.270 personas en misión; y entrega del inventario contable y contractual completo para auditoría. Estas exigencias se suman a una alerta fiscal de la Contraloría por riesgo inminente superior a 140.910 millones de pesos en contratos con LABORANDO S.A.S. sin resultados verificables, y a una indagación de la Procuraduría por contratos de 30.000 millones para burocracia en plena fase de liquidación.

La notificación fue enviada con copia al presidente saliente Gustavo Petro, a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación, a Fiduprevisora y a Fiducoldex.

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El Empalme Anticorrupción reitera que ninguna maniobra contractual de último minuto pasará sin respuesta. A 48 horas de la posesión del presidente De La Espriella, la vigilancia sobre el uso de los recursos públicos es total y permanente.

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La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), a través de su Observatorio Nacional de Servicios Públicos Domiciliarios, dio a conocer los resultados del estudio “Integración vertical en el mercado de energía eléctrica colombiano: caracterización financiera, análisis tarifario y recomendaciones regulatorias”.

El documento analiza el comportamiento tarifario y financiero de los agentes del Sistema Interconectado Nacional (SIN) entre 2021 y 2025, con el propósito de evaluar si la integración vertical genera ventajas competitivas indebidas o costos adicionales para los usuarios del servicio.

Principales conclusiones del estudio

• El marco normativo colombiano —desde el artículo 298 de la Ley 1955 de 2019 hasta las Resoluciones CREG 080 y 130 de 2019— no prohíbe la integración vertical, pero la somete a principios de neutralidad, transparencia, eficiencia, libre competencia y no discriminación, además de límites a las compras propias para atender demanda regulada. Estos mecanismos resultan relevantes, pero insuficientes, para reducir posibles ventajas indebidas.

• El análisis descriptivo no evidencia una diferenciación estricta del costo unitario (CU) total de las empresas integradas verticalmente frente a los demás grupos, aunque estas presentan la menor dispersión relativa, es decir, un comportamiento más homogéneo que los operadores de red y los comercializadores puros.

• Las pruebas estadísticas (Kruskal-Wallis y post-hoc de Dunn) confirman diferencias significativas entre grupos empresariales, principalmente en los componentes de comercialización, generación y distribución. El componente de comercialización presenta el patrón de diferenciación más pronunciado, al ser el único sobre el que los agentes tienen control directo.

• El análisis por mercado confirma que las diferencias entre grupos se mantienen en la mayoría de los mercados, con mayor divergencia en Valle del Cauca, Bogotá-Cundinamarca y Caribe Mar, y homogeneidad en Cali-Yumbo-Puerto Tejada y Pereira. La relación entre integración vertical y menores tarifas no es sistemática: en mercados como Cartago, Ruitoque y Quindío, los comercializadores puros registran costos iguales o superiores.

• Las empresas integradas verticalmente presentan mayores márgenes operacionales, rentabilidad y capacidad de inversión que el resto de los agentes, lo cual es consistente con la menor dispersión observada en los componentes de generación y comercialización, pero no se traduce, de manera sistemática, en menores costos para el usuario regulado.

Recomendaciones regulatorias y de política pública

• Avanzar en una revisión profunda de las dinámicas de contratación del mercado, incluyendo propuestas como la anonimización de las compras de energía, para garantizar transparencia y criterios homogéneos de asignación.

• Revisar los esquemas de contratación y los mecanismos de cierre en la Bolsa de Energía, que generan exposiciones financieras significativas para empresas sin integración vertical, en particular en mercados con mayores vulnerabilidades socioeconómicas.

• Profundizar el análisis de la contratación de energía de cada comercializador —contraparte, cantidad, mecanismo, precio y plazo— para establecer las causas de los mayores valores del componente de generación y evaluar el efecto de los límites a las compras propias.

• Avanzar en la implementación de la nueva metodología de remuneración de la actividad de comercialización (Proyecto de Resolución CREG 701 038 de 2024), que la propia CREG estima podría reducir hasta en un 40 % el componente de comercialización en la región Caribe.

• Revisar posibles estructuras de intermediación en la contratación de energía entre comercializadores puros y agentes integrados u otros comercializadores, con base en información contractual detallada.

• Diseñar un monitoreo específico de la composición de la demanda regulada atendida por cada agente integrado frente a la senda de transición del límite de compras propias, con énfasis en el tránsito hacia el límite del 10 % a partir de 2027.

• Incorporar como línea permanente de seguimiento institucional el contraste periódico entre los indicadores financieros de los grupos integrados verticalmente y la evolución del costo unitario en los mercados que atienden, dado que los mecanismos vigentes no garantizan el traslado de eficiencias hacia el usuario final.

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Seguimiento institucional

La Superservicios remitirá los resultados de este estudio a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y al Ministerio de Minas y Energía, como insumo técnico para el desarrollo normativo del sector. Además, mantendrá un seguimiento periódico y desagregado —por empresa, mercado, año, mes y componente del costo unitario— del comportamiento tarifario de los agentes integrados verticalmente.

Para ver el informe ingrese aquí

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La expansión de grupos armados y organizaciones criminales en distintas regiones de Colombia aumenta el riesgo para líderes sociales que defienden el territorio, acompañan a sus comunidades y desarrollan actividades civiles en zonas donde estas estructuras buscan imponer su control.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó el lunes 88 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados entre el 7 de enero y el 2 de agosto de 2026.

El caso más reciente fue el de Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, gobernador y máxima autoridad tradicional del resguardo indígena Kwe”sx Yu Kiwe, quien murió tras un ataque armado en Florida, en el departamento del Valle del Cauca.

Juana Valentina Cabezas, investigadora del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, explicó a la Agencia Sputnik que la violencia contra los liderazgos presenta características distintas en cada región, pero suele coincidir con la presencia y el posicionamiento de estructuras armadas.

“Lo común en términos de control armado (…) tiene que ver uno con el posicionamiento de actores armados y sobre todo la disputa actual que tienen los actores armados en esos territorios”, señaló Cabezas.

Cauca, Antioquia y Valle del Cauca encabezan, según Cabezas, los registros acumulados de asesinatos de líderes sociales desde la firma del acuerdo de paz de 2016, seguidos por Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Arauca.

En Cauca, las comunidades indígenas y campesinas desarrollan procesos organizativos en medio de la presencia de disidencias de las antiguas FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y operaciones de la fuerza pública.

Cabezas explicó que el riesgo para los líderes está relacionado con la fortaleza de los movimientos sociales y con su trabajo para atender las necesidades de las comunidades.

“En Cauca tiene que ver mucho con el movimiento social tan fuerte y con los procesos sociales que llevan a cabo los liderazgos”, afirmó.

Entre esos procesos se encuentran las guardias indígenas, la protección del territorio, las campañas ambientales y las actividades pedagógicas.

“Esas expresiones de los actores sociales, como las guardias indígenas y los procesos de cuidado del territorio, ambientales, sociales, de campañas y pedagogía, están disputando la posibilidad de generar acciones a largo tiempo“, explicó.

La investigadora utilizó la expresión “disputar la gobernanza” para describir cómo las comunidades mantienen formas civiles de organización en territorios donde los grupos armados pretenden controlar la vida cotidiana mediante la violencia.

No se trata de una confrontación armada de los líderes contra esas estructuras, sino de procesos comunitarios que pueden limitar la imposición de órdenes, restricciones y mecanismos de control sobre la población.

Los liderazgos, señaló Cabezas, “le están disputando precisamente, y lo repito, la gobernanza a ese grupo armado que quiere ejercer control por medio de las armas“.

El último balance de la Defensoría del Pueblo, con corte al 31 de mayo, confirmó 16 asesinatos de líderes sociales en Cauca, la cifra más alta del país durante los primeros cinco meses del año.

En Antioquia, la situación es diferente, pues allí los dirigentes comunitarios quedan expuestos por los enfrentamientos entre estructuras armadas que buscan ampliar o conservar su influencia.

“En Antioquia vemos una expresión también de disputa, pero en este caso es de una disputa abierta entre actores armados“, dijo Cabezas.

La investigadora mencionó la presencia de disidencias de FARC, el Clan del Golfo y el ELN en zonas como el Bajo Cauca, el nordeste antioqueño y áreas cercanas al sur de Bolívar.

Las confrontaciones y alianzas temporales entre esas organizaciones alteran las condiciones de seguridad de las comunidades y aumentan las amenazas contra quienes ejercen labores de representación social.

“Todo esto, digamos, que ha reconfigurado un poco el escenario y ha incurrido también en que se empiecen a amenazar a los liderazgos”, señaló.

Cabezas advirtió que los dirigentes comunitarios pueden quedar expuestos a señalamientos de los distintos actores, pese a no formar parte de ninguno de ellos. Además, deben “sortear entre parecer de uno u otro sector para poder sobrevivir”, añadió.

En Valle del Cauca, el riesgo para los liderazgos también está relacionado con dinámicas urbanas y con la actuación de bandas criminales, explicó Cabezas.

En este departamento, además de la presencia de disidencias, operan organizaciones interesadas en controlar rutas, redes logísticas, economías ilegales y sectores urbanos.

“Tiene que ver más con las bandas delincuenciales y esas expresiones de poder en lo urbano que buscan el control también territorial, el control del tema de rutas, logístico, de drogas, etcétera“, agregó.

La Defensoría confirmó cinco asesinatos de líderes sociales en Valle del Cauca hasta el 31 de mayo.

El asesinato de Gutiérrez Grajales mostró además que la existencia de un esquema individual de protección no necesariamente neutraliza los riesgos que enfrentan las autoridades comunitarias en territorios con presencia armada. La Gobernación del Valle ofreció hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables del ataque.

En Arauca, aunque el departamento no aparece entre los tres con más asesinatos acumulados desde 2016, Indepaz alertó sobre un repunte de los casos durante 2026.

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Según la investigadora, Arauca pasó de registrar 18 asesinatos de líderes sociales en 2024 a cuatro en 2025, aunque la cifra volvió a repuntar este año. La Defensoría confirmó seis asesinatos hasta mayo. El registro casi duplica la cifra de 2025, aunque Cabezas estimó que, si se mantiene la tendencia actual, los casos no superarían los 18 contabilizados en 2024.

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Con información de Sputnik.

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El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, reunió en Barranquilla a alcaldes y secretarios de Seguridad de las principales ciudades del país para coordinar las acciones que el nuevo Gobierno emprenderá desde el 7 de agosto para enfrentar la criminalidad y garantizar la protección de todos los colombianos. “Vamos a recuperar el orden, fortalecer la autoridad y devolver la tranquilidad a cada rincón de Colombia” afirmó el presidente electo al abrir el encuentro, que marca el inicio de una política de seguridad urbana articulada, sin fisuras entre lo que ocurre en las ciudades y en el campo. “La soberanía es una sola y debe ejercerse en las fronteras, en las carreteras, en las veredas, en los barrios, en los puertos y en cada lugar donde un colombiano necesite protección de la autoridad”.

El nuevo mandatario fue categórico en su diagnóstico: cuando el crimen determina la conducta de una comunidad, no se está ante una sucesión de delitos, sino ante una disputa por el poder. “No podemos aceptar que salir a trabajar, abrir un establecimiento, utilizar el transporte público o regresar al hogar después del anochecer sean actividades de alto riesgo. Tampoco podemos admitir que el comerciante incorpore la extorsión a sus gastos, que las familias abandonen los parques y que nuestros jóvenes crezcan aprendiendo cuáles son las calles que manda una banda delincuencial”.

El presidente electo señaló que el territorio no se controla con declaraciones ni discursos: se controla con presencia, inteligencia, mando, tecnología, coordinación institucional y capacidad de permanecer en el terreno.

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El presidente electo también rindió un reconocimiento a la Fuerza Pública, maltratada y vilipendiada durante el cuatrienio que termina, mientras el gobierno saliente contemporizaba con bandas criminales y terroristas. “Ese tiempo ha terminado, porque llegó el tiempo del orden y la ley en Colombia”, afirmó De La Espriella, comprometiendo ante los alcaldes presentes una política de seguridad urbana integral que no distingue entre ciudad y campo, que fortalece la autoridad de la Fuerza Pública y que pone al Estado, no al crimen, a determinar las reglas de convivencia en cada rincón del país.

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El Equipo de Empalme Anticorrupción del Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella recibió los informes finales de la Contraloría General de la República, resultado de 62 mesas de trabajo con 17 contralores delegados, ministros y líderes sectoriales. Para el Gobierno electo, el diagnóstico es contundente: el presupuesto de 2027 quedaría desfinanciado en 30 billones de pesos por la inclusión irresponsable de ingresos difícilmente recaudables, mientras crece el peso del servicio de la deuda.

A ello se suman deudas en el sector energético que superan los 5,6 billones, incluyendo cerca de 2,9 billones asociados a Air-e y para 2027 solo estaría financiado el 25 % de los recursos necesarios para atenderlas. En transporte, el sector ejecutó apenas el 43 % de su presupuesto en 2025 y a julio de 2026 no supera el 13 %, con procesos arbitrales contra la ANI por pretensiones superiores a 14 billones y más del 55 % de la red vial nacional en estado regular o malo.

Los hallazgos sobre programas sociales e infraestructura son igualmente alarmantes. El programa Adulto Mayor enfrenta un déficit cercano a 3,2 billones que pone en riesgo los pagos a cerca de 3 millones de beneficiarios entre agosto y diciembre de 2026. En la primera infancia, la Contraloría identificó servicios pedagógicos contratados con entidades sin relación alguna con la educación inicial, entre ellas asociaciones campesinas, pesqueras y plataneras. En reforma agraria, más de 45.500 familias campesinas recibieron predios sin títulos formalizados y el cumplimiento de la meta de entrega de tierras alcanza apenas el 18 %: de 1.500.000 hectáreas prometidas, solo se entregaron 282.975.

Por su parte, la Contraloría General, se pronunció aclarando que el ejercicio de control fiscal que realiza se hace a través de un papel técnico, preventivo, objetivo e independiente, cuyo fin es aportar información veraz sobre el Estado de los recursos y advertir oportunamente sobre los riesgos. El órgano de control no interviene como actor político, ni como parte de ningún Gobierno.

La Contraloría General puso a disposición equipos sectoriales de toda la entidad para aportar diagnósticos, resultados de auditorías, estudios, alertas, riesgos identificados y líneas de seguimiento. Toda la información suministrada por la entidad proviene de lo reportado por los sujetos de vigilancia y control y es contrastado y analizado. No se trata de información confidencial o reservada, es información pública que está disponible para cualquier ciudadano en los distintos micrositios del portal web de la Contraloría General de la República y en sus canales institucionales.

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El órgano de control es claro en señalar que la información suministrada no sustituye lo que corresponde administrar a cada entidad, sino que aporta lectura construida desde el control fiscal y no desde la gestión.

El Gobierno de la Patria Milagro tomará posesión el 7 de agosto conociendo con precisión la magnitud de la preocupante situación que recibe, y anuncia que actuará desde el primer día con responsabilidad, transparencia y determinación para proteger cada peso de los colombianos.

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En ceremonia realizada en la Casa de Nariño, el Instituto Nacional de Cancerología (INC) recibió Mención de Honor en el Premio Nacional de Alta Gerencia 2026. Este reconocimiento fue otorgado a la experiencia “Transformación del Instituto Nacional de Cancerología: Más de una década”, que se postuló en la categoría “Fortalecimiento institucional como motor de cambio, mejora del servicio y respuesta oportuna a sus grupos de valor”.

Este reconocimiento destaca un proceso liderado por la directora del Instituto Nacional de Cancerología, Dra. Carolina Wiesner Ceballos, construido con visión de largo plazo, liderazgo público y compromiso colectivo, que permitió consolidar un INC más moderno, sólido y sostenible, con una nueva naturaleza jurídica, una estructura organizada alrededor de centros misionales especializados, una gobernanza fortalecida y mayores capacidades para responder a los desafíos del control integral del cáncer en Colombia.

Uno de los principales resultados fue el de recuperar la investidura como Instituto de Investigación, desarrollo e innovación y el fortalecimiento de la planta de personal para la dignificación del talento humano, particularmente para auxiliares de enfermería, enfermeras y profesionales de las ciencias, así como la reducción de la tercerización, la preservación del conocimiento institucional y el fortalecimiento de las capacidades científicas, asistenciales, docentes y de salud pública.

Gracias al compromiso de servidores, colaboradores, equipos directivos, entidades del Gobierno nacional y aliados estratégicos, el INC se consolida como referente de innovación pública, generación de valor y transformación institucional.

Este reconocimiento pertenece también a los pacientes del Instituto Nacional de Cancerología y sus familias, quienes son el centro y la razón de cada decisión institucional.

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La transformación del INC no fue un fin en sí mismo, fue el camino para servir mejor al país, fortalecer la confianza ciudadana y construir una respuesta pública más sólida, moderna y sostenible frente a la creciente incidencia de cáncer.

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El Batallón de Policía Militar N.° 5 “CR. Guillermo Fergusson” realizó una solemne ceremonia de transmisión de mando, en la que el Teniente Coronel Fredy Alexander Carreño Sua asumió oficialmente como nuevo comandante de esta unidad del Ejército Nacional.

Durante el acto militar, el oficial reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo las capacidades operacionales, el liderazgo y el bienestar de los soldados que integran el batallón.

En el mismo escenario, se rindió un emotivo homenaje de despedida al Teniente Coronel Jorge Enrique Santamaría Clavijo, quien, tras dos años de liderazgo al frente de la unidad, entregó el mando dejando importantes avances orientados al fortalecimiento institucional y al bienestar del personal militar.

Como muestra de gratitud y respeto por su labor, fue despedido con un desfile militar encabezado por el comandante entrante y los soldados del Batallón de Policía Militar N.° 5.

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El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) adoptó oficialmente el modelo cuasigeoidal QGeoidCOL2023, una nueva referencia nacional que permitirá transformar las alturas obtenidas mediante sistemas GNSS en alturas normales utilizadas en proyectos de infraestructura, cartografía, ordenamiento territorial, gestión ambiental y gestión del riesgo.

La implementación de este modelo representa la actualización más importante en materia de referencias de altura en Colombia desde 2004 y constituye un avance estratégico para fortalecer la infraestructura geodésica nacional y mejorar la calidad de la información geoespacial que sirve de base para la toma de decisiones en el territorio.

Las tecnologías GNSS, como GPS, Galileo y GLONASS, permiten determinar con gran precisión la posición de un punto sobre la superficie terrestre. Sin embargo, las alturas que proporcionan corresponden a una referencia geométrica asociada a un elipsoide matemático y no a las alturas físicas requeridas para la mayoría de aplicaciones técnicas y de ingeniería.

Para resolver esta diferencia, el país requiere una superficie de referencia que represente las variaciones del campo de gravedad terrestre. Esa función la cumple el nuevo QGeoidCOL2023, que permite transformar las alturas satelitales en alturas normales consistentes con los sistemas de referencia modernos.

Un modelo construido con información y metodologías de última generación

El QGeoidCOL2023 reemplaza al modelo GeoCol2004 e incorpora nuevas fuentes de información gravimétrica terrestre y aérea, modelos geopotenciales globales actualizados y procedimientos avanzados de procesamiento y control de calidad.

Para su desarrollo se utilizaron técnicas modernas de modelación regional del campo de gravedad, entre ellas funciones de base radial esféricas, estimación combinada de parámetros y la metodología Remover–Calcular–Restaurar, ampliamente utilizada en geodesia física.

Adicionalmente, el modelo está asociado al datum MAGNA-SIRGAS, al elipsoide GRS80 y se encuentra alineado con el Marco Internacional de Referencia de Alturas (IHRF), lo que permitirá una mayor interoperabilidad de la información geoespacial colombiana a nivel global.

La principal diferencia entre QGeoidCOL2023 y el modelo GeoCol2004 está en la actualización de los datos, las metodologías y los modelos de referencia utilizados para representar el campo de gravedad terrestre en Colombia.

En consecuencia, el QGeoidCOL2023 no representa un cambio de concepto hacia un cuasigeoide, pues GeoCol2004 ya se basaba en una superficie cuasigeoidal. El principal avance consiste en disponer de una versión actualizada, con nuevas fuentes de datos, metodologías de cálculo más robustas y una mejor representación regional del campo de gravedad en Colombia. Además, se encuentra referido al Marco de Referencia Internacional de Alturas (Internaciotional Height Reference Frame – IHRF) lo cual permitirá contar con alturas compatibles a nivel mundial.

Beneficios para la ingeniería, la planificación y la gestión del territorio

La adopción del nuevo modelo permitirá fortalecer múltiples actividades técnicas y científicas que dependen de información precisa sobre alturas.

Entre sus principales aplicaciones se destacan:

• Integración de observaciones GNSS con redes de nivelación geodésica.
• Levantamientos topográficos con mayor consistencia vertical.
• Generación de modelos digitales de elevación.
• Desarrollo de proyectos de infraestructura vial, hidráulica y energética.
• Estudios de drenaje, inundaciones y manejo de cuencas hidrográficas.
• Producción cartográfica y catastral.
• Procesos de ordenamiento territorial y gestión del riesgo.
• Definición de referencias internacionales de altura para infraestructura aeroportuaria.

Las validaciones realizadas demostraron que el QGeoidCOL2023 presenta un mejor comportamiento frente a diversos modelos globales, continentales y regionales, registrando menores errores en la comparación con observaciones GNSS y líneas de nivelación geodésica.

Disponibilidad del modelo

El modelo QGeoidCOL2023 y su superficie de errores formales están disponibles en la página oficial de la Red Geodésica Colombiana del IGAC https://redgeodesica.igac.gov.co/.

La información se suministra en formatos TIF, ASCII, Grid, XYZ, TXT e ISG, lo que permite su uso en diferentes plataformas y flujos de trabajo geoespacial.

Una infraestructura invisible que sostiene el desarrollo del país

Aunque su funcionamiento no es visible para la ciudadanía, las referencias geodésicas son esenciales para construir carreteras, puentes, sistemas de acueducto, mapas de inundación, estudios ambientales y proyectos de desarrollo territorial.

La actualización del sistema nacional de referencia de alturas fortalece la capacidad técnica del Estado, la academia y el sector productivo para medir, analizar y gestionar el territorio con mayor precisión y confiabilidad.

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Con la adopción del QGeoidCOL2023, Colombia da un paso decisivo hacia la modernización de sus sistemas de referencia geoespacial y consolida una infraestructura técnica alineada con las mejores prácticas internacionales. Este avance fortalece la capacidad del país para medir, comprender y gestionar su territorio con mayor precisión, contribuyendo a la construcción de una Geografía para la Vida.

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El doblete sísmico de alta magnitud que afectó a Venezuela el pasado 24 de junio, generó afectaciones simultáneas en vivienda, salud, movilidad, infraestructura, refugios, agua, saneamiento, alimentación, salud mental, animales de compañía y redes comunitarias.

Frente a este escenario, AID FOR AIDS y AID FOR LIFE Colombia activaron una primera etapa de respuesta desde Colombia orientada a recolectar, clasificar, embalar y movilizar ayuda humanitaria, al tiempo que se avanzó en la construcción de una red de aliados en ambos países para organizar la asistencia, levantar información directa de campo y priorizar necesidades reales.

Una gestión que desde el día 0 de la emergencia a la fecha, presenta los siguientes resultados:

• 33,1 toneladas de ayuda humanitaria recolectadas, clasificadas y embaladas en solo tres días de operación, entre medicamentos, insumos médicos, alimentos, agua y comida para mascotas.

• AFA Cúcuta consolidó su rol como nodo operativo de recepción, tránsito y preparación de insumos al gestionar la activación de la ruta logística Medellín-Cúcuta, como punto estratégico para el ingreso de ayuda a territorio venezolano.  Para esta actividad los camiones fueron financiados principalmente con apoyo de empleados de DAVIVIENDA; al tiempo que la Fundación Venezolanos en Barranquilla donó y movilizó aproximadamente 2 toneladas de herramientas de rescate.

• El componente de protección animal movilizó 8 toneladas de insumos, identificó 14 refugios en Caracas con la caracterización de 430 perros y 180 gatos, logrando además un espacio cedido por 6 meses en Maracay para la estabilización de animales rescatados.

• Se estableció una alianza con equipo médico en la zona cero de La Guaira, que ha realizado cuatro jornadas médicas, donde han atendido en promedio a más de 1.087 personas por jornada.

• La articulación académica con la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) ha aportado información de campo clave: 387 comandas de asistencia, 91 refugios visitados y monitoreo de cerca de 12.797 personas afectadas.

• Se avanzó en la articulación con actores en campo, incluyendo  a la Cámara de Comercio Portuguesa en Venezuela, COLVENZ, Fundación GORA, Animales Sin Fronteras y Fundación Faprora de Maracay, lo que permite conectar la ayuda recolectada con necesidades reales, rutas de recepción, levantamiento de datos y posibles mecanismos de distribución territorial.

• Se consolidó una red de 19 aliados estratégicos entre organizaciones de base comunitaria, ONG, empresas (Davivienda, Laika) y líderes sociales interesados en participar en las siguientes etapas de la respuesta.

• 76 voluntarios se sumaron a las jornadas de recepción, clasificación y logística, de los cuales más de 30 ya manifestaron su interés de seguir vinculados a la organización.

• El valor total preliminar de las donaciones en especie, incluyendo insumos principales, ropa y colchones, se estima entre $398,9 y $567,9 millones COP, equivalentes aproximadamente a USD $119.592 – USD $170.259, sujeto a validación contable y documental.

“La primera etapa nos permitió responder con rapidez. El reto ahora es convertir esa capacidad de movilización en una estructura de asistencia sostenida, basada en datos y alianzas técnicas” señaló el equipo de coordinación de AID FOR AIDS Colombia, conformado en su mayoría por personas venezolanas,  quienes desde el día cero han trabajado sin descanso para ayudar a su comunidad, también como una manera de honrar la vida y obra de Jesús Ortega, miembro del equipo que perdió la vida durante los terremotos.

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Es así como con la primera fase de respuesta inmediata consolidada, AID DOR AIDS y AID FOR LIFE Colombia proyectan una segunda etapa centrada en reconstrucción, mitigación de riesgos, salud, asistencia psicosocial, información territorial, control sanitario, riesgo biológico, protección animal, distribución trazable y proyectos financiables. En paralelo, sigue abierta la opción de donar a la cuenta bancaria de AID FOR AIDS a través de la página www.aidforaidscolombia.org.

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