La representante Saray Robayo Bechara, del partido de la U, durante el XV Congreso de Infraestructura en Barranquilla, denunció que la baja ejecución de los recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) y la falta de prioridad del gobierno en el sector han retrasado proyectos clave para la competitividad y el desarrollo de la región.
Robayo Bechara aseguró que, hasta septiembre, la ejecución presupuestal del gobierno solo alcanzó el 54,4%, cuando debería estar en el 75%, y criticó duramente que solo se haya ejecutado el 29,2% de los $15 billones asignados al sector transporte para 2024 y criticó el lento avance de entidades como INVIAS y la ANI que han ejecutado apenas el 31% y 25,6% de sus recursos, respectivamente.
La falta de ejecución ha afectado el desarrollo de proyectos vitales para la región, como la Ruta del Sol II, el nuevo Puente Pumarejo, la APP del río Magdalena, y la Vía Barranquilla-Ciénaga, provocando un estancamiento que impacta negativamente la calidad de vida de las comunidades locales, donde los campesinos enfrentan dificultades para comercializar sus productos por la falta de vías, puntualizó.
La representante subrayó el potencial de las Asociaciones Público-Privadas (APPs) para reactivar la inversión e impulsar la infraestructura en la región Caribe, pero advirtió que la desconfianza del gobierno hacia el sector privado está frenando su desarrollo y lo que se necesita es volver a atraer “la inversión extranjera que ha caído un 17% este año afectando sectores clave como el turismo, la generación de energías renovables y los servicios verdes”.
La congresista igualmente alertó por la reducción del 23 % en el presupuesto regionalizado para la región Caribe en 2025, donde en el caso de Córdoba, el recorte alcanza el 32%, poniendo en riesgo la materialización de obras fundamentales como la vía Chinú–Lorica y la conexión del San Jorge con el Alto Sinú.
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La legisladora hizo un llamado para avanzar en la articulación entre gobierno nacional, gobiernos locales, sector privado, cooperación internacional y sociedad civil para apalancar los proyectos de infraestructura en la región a través de las APPs y generar un entorno de confianza que garantice la correcta ejecución de los recursos y presionar por una mayor inversión en infraestructura. “Invertir en la región Caribe es invertir en el desarrollo de todo el país”, concluyó.
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