En un contexto en el que el salario mínimo en Colombia para este año ha sido establecido en 1.750.905 COP, reflejando un incremento del 23% respecto al año anterior, el sector educativo del país enfrenta desafíos significativos que afectarán tanto a instituciones como a estudiantes y sus familias.
Se estima que las matrículas escolares y universitarias aumentarán aproximadamente un 5,10%, lo cual podría traducirse en una menor demanda y aplazamiento de estudios. Este aumento en los costos representa un reto adicional, especialmente para las familias con menores recursos, quienes deben reorganizar sus presupuestos o buscar alternativas para garantizar el acceso a derechos fundamentales como la educación y la vivienda. La brecha entre quienes pueden afrontar estos incrementos y quienes no, se amplía, poniendo en riesgo la igualdad de oportunidades y la calidad del acceso a la educación superior y básica.
Es importante recordar que, en Colombia, acceder a la educación superior sigue siendo un privilegio del centro urbano. Más de la mitad de los estudiantes, programas e instituciones se concentran en las cabeceras departamentales, dejando amplias zonas del país fuera del radar académico. Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE (2024), solo el 36% de los jóvenes entre 17 y 21 años cursa educación superior. La brecha territorial es contundente: en ciudades capitales la cobertura alcanza el 42,6%, mientras que en zonas rurales apenas llega al 16,3%. En departamentos como Vichada, Vaupés y Guainía, menos del 8% de los jóvenes logra llegar a la universidad.
Según expertos en economía y educación, el impacto en estos rubros podría traducirse en una variación acumulada cercana a 2,0 %-2,5 %, manteniendo la inflación en el sector entre 6,5 % y 7,5 %, impulsada por los ajustes en matrículas y servicios complementarios al inicio del año escolar. Los costos operativos de las instituciones educativas, especialmente las universidades, también se ven presionados por la mayor carga salarial: contratos de servicios tercerizados, cargas prestacionales y aportes sociales se incrementan, generando un efecto en el valor de las matrículas y en la sostenibilidad institucional.
“El primer impacto está en la falta de sincronía entre el aumento del salario mínimo y la definición del valor de las matrículas, que se calcula con base en el IPC y debe reportarse con anticipación al Ministerio de Educación. En las instituciones educativas estos costos no pueden trasladarse al usuario final, por lo que deben ser asumidos internamente”, explicó Ángela María Merchán Basabe, rectora de la Fundación Universitaria Los Libertadores.
A raíz de este escenario, las universidades, tanto públicas como privadas, ven restringida su capacidad de fortalecer áreas estratégicas como la infraestructura, la investigación y los programas de bienestar, mientras que los estudiantes asumen una carga adicional por los costos asociados a su proceso formativo, lo que incrementa el riesgo de interrupción o abandono de sus estudios. Frente a este panorama, la rectora reiteró que “es indispensable poner en el centro a los estudiantes y su desarrollo integral, y trabajar de manera articulada con el Estado y la sociedad civil para garantizar un acceso a la educación superior más equitativo y de calidad”.
En este contexto, el impacto se refleja en la capacidad de las universidades para modernizar su infraestructura, renovar sus plataformas tecnológicas, fortalecer la innovación académica y ampliar proyectos sociales orientados a la permanencia estudiantil. La necesidad de priorizar el funcionamiento básico reduce la posibilidad de invertir en iniciativas estratégicas que resultan clave para garantizar calidad educativa, pertinencia territorial y equidad en el acceso.
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Lo anterior ratifica que es fundamental que las políticas públicas y las instituciones del sector educativo implementen medidas que protejan el acceso y la calidad de la educación, especialmente para las comunidades más vulnerables. La sostenibilidad del sistema educativo y la igualdad de oportunidades en Colombia dependen de una planificación que contemple estos efectos económicos y sociales. Todo bajo la premisa de que la educación es un derecho y nada ni nadie debe limitarlo.
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