El 21 de febrero de 2022 marcó un hito histórico en el pulso por los derechos reproductivos en Colombia. La Corte Constitucional emitió la Sentencia C-055 de 2022, despenalizando el aborto hasta la semana 24 de gestación y manteniendo las tres causales despenalizadas en 2006 sin límite de tiempo de gestación. Este fallo, después de dos años, sigue siendo una piedra angular en el debate sobre la autonomía reproductiva y la equidad de género en el país.
La Sentencia reconoció la interseccionalidad de los derechos humanos al considerar la salud, la autonomía y la dignidad de las mujeres como elementos centrales en la protección de su derecho a decidir sobre su vida reproductiva y su cuerpo. Este fallo trascendió la legalidad y se convirtió en un símbolo de la lucha por la igualdad de género en Colombia.
Para Catalina Calderón, directora senior de Comunicaciones y Programas de Incidencia en el Women’s Equality Center, detrás de esta emblemática decisión de la Corte Constitucional “hay innumerables historias de mujeres que han luchado por su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Historias de valentía y resistencia, pero también de dolor y estigmatización. Mujeres que se enfrentaron a barreras legales y sociales para acceder a servicios de salud reproductiva seguros y dignos, y que, a pesar de todo, alzaron sus voces y demandaron justicia”.
Sin embargo, a lo largo de estos dos años, el camino hacia la plena implementación y garantía de este derecho no ha estado exento de obstáculos. La falta de acceso equitativo a servicios de salud reproductiva, la persistencia de la violencia de género y la desinformación han amenazado constantemente los avances logrados.
En este segundo aniversario -señala Calderón- es fundamental recordar que la defensa de los derechos reproductivos no es una tarea exclusiva de las mujeres, sino de toda la sociedad. La experta aclara que este es un compromiso con la justicia y la igualdad que requiere la participación activa de distintos sectores, desde el ámbito político hasta el comunitario, y no solo en las grandes ciudades sino además -y especialmente- en las periferias.
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“El fallo no es solo una sentencia legal, es un llamado a la acción. Un recordatorio de que aún queda mucho por hacer para garantizar que todas las mujeres, independientemente de su origen socioeconómico o étnico, puedan ejercer plenamente su derecho a decidir sobre su cuerpo y su futuro”, agrega la vocera del Women’s Equality Center. “También es un primer paso hacia un futuro donde todas las mujeres sean tratadas con igualdad y respeto sin importar las decisiones que tomen frente a su cuerpo, su maternidad o su rol en la sociedad”, concluye Calderón.
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