El 12 de febrero es conocido mundialmente como el Día de las Manos Rojas, una fecha importante para visibilizar las graves consecuencias de la vinculación de niñas, niños y adolescentes en las dinámicas de la guerra, así como renovar el compromiso de los Estados y la sociedad con la prevención y erradicación de este flagelo.
Su conmemoración se debe a que ese día en 2002, entró en vigor el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de los Niños en los Conflictos Armados, tratado que ha sido ratificado por 159 Estados, incluyendo Colombia, a través de la Ley 833 de 2003.
En Colombia, todas las niñas, niños y adolescentes que no superan los 18 años de edad, deben ser protegidos contra su vinculación a cualquier grupo armado ilegal y de las mismas fuerzas del Estado.
Este delito interrumpe los proyectos de vida de las víctimas, vulnera su dignidad y sus derechos fundamentales al alejarlos de sus entornos protectores a través de engaños, amenazas o manipulación, exponiéndolos a situaciones de violencia. Además, deja graves consecuencias psicológicas que afectan su desarrollo integral.
Para las comunidades étnicas, su impacto trasciende lo individual, ya que genera rupturas en las prácticas y costumbres ancestrales, en la trasmisión de saberes, llegando en algunas ocasionas a poner en riesgo la existencia de estas comunidades. Pero también, le roba a la sociedad en general un segmento importante de su población. De hecho, se estima que, en el país, tres generaciones se han visto afectadas por esta problemática.
Con ocasión a esta conmemoración, la Unidad para las Víctimas se suma a las iniciativas para sensibilizar sobre esta realidad que sigue generando víctimas y la importancia de recordar a la sociedad colombiana que las niñas, niños y adolescentes son sujetos titulares de derechos, por ello es un compromiso del Estado, la sociedad y la familia generar entornos protectores que desde el amor y el cuidado prevengan cualquier tipo de violencia.
A pesar de que no todas las estrategias de vinculación involucran la fuerza física, todas son forzosas y en ningún caso se puede hablar de voluntariedad, pues los grupos armados han aprovechado la vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes para obligarlos a desarrollar actividades a través de amenazas y promesas falsas.
¿Cuántos son?
A pesar de que múltiples entidades y organizaciones se han dedicado a atender a las víctimas y estudiar esta problemática, no existe una cifra única para determinar cuántas niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de vinculación a grupos armados en el marco del conflicto.
Esta falta de información se debe, entre otras razones, a que, por la naturaleza del hecho, las familias lo reportaban como secuestro o desaparición forzada, e incluso en ocasiones no se denuncia por miedo a las represalias de los actores armados o de consecuencias penales, así como por la creencia equivocada de que las víctimas se vinculaban voluntariamente.
La Comisión de la Verdad estima que hubo entre 27.101 y 40.828 niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento entre los años de 1990 y 2017. De acuerdo con el proyecto conjunto de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), junto con el Grupo de Análisis de Datos en Violaciones de Derechos Humanos (HRDAG, por su sigla en inglés), se ha identificado un universo de 18.677 víctimas, aunque estima que el subregistro podría alcanzar las 30.000.
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas ha recibido 1.871 solicitudes para buscar niñas, niños y adolescentes que fueron reclutados y posteriormente desaparecidos.
La Unidad para las Víctimas ha incluido en el Registro Único de Víctimas 9.707 niñas, niños y adolescentes que se desvincularon de grupos armados al margen de la Ley antes de cumplir los 18 años de edad.
De acuerdo con la Ley 1448, en el RUV se incluye por este hecho a los niños, niñas y adolescentes víctimas de este delito que se desvinculan de los grupos armados antes de cumplir los 18 años.
Las acciones a tomar
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Las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y los informes de la Procuraduría evidencian que este delito sigue siendo una realidad en varias regiones del país, especialmente aquellas que históricamente se han visto afectadas por el conflicto armado. Por esto, además de las medidas de prevención, es imperativo que el Estado fortalezca las políticas públicas que ayuden a consolidar los entornos protectores de las niñas, niños y adolescentes, mediante la garantía de derechos como educación, salud, recreación, vivienda digna, entre otros, porque “a mayor goce de sus derechos, menor la probabilidad de reclutamiento”
Esto implica mayores recursos en territorios donde persiste la pobreza, así como en los que los actores armados siguen siendo una amenaza o aquellos en los que la oferta institucional no es suficiente para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia.
En cuanto a la oferta específica para las víctimas, es esencial articular las acciones de asistencia, atención y reparación integral con un enfoque diferencial, priorizando especialmente el componente psicosocial.
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