La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia imputó este jueves a ocho exintegrantes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) por crímenes de guerra y lesa humanidad asociados a los secuestros cometidos por la guerrilla, informó el organismo vía X.
“La JEP imputó a ocho antiguos integrantes del Comando Conjunto de Occidente o Bloque Occidental de las extintas FARC-EP crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros que esta estructura cometió entre 1993 y 2016”, dice el texto.
Como máximos responsables regionales, por liderazgo o por participación determinante, la JEP llamó a reconocer responsabilidad a: Édgar López Gómez, conocido como ‘Francisco González’ o ‘Pacho Chino’; Jesucristo Jiménez Cuéllar, ‘Juvenal Rodríguez’; Juan Carlos Ramírez, ‘Sargento Pascuas’; Gustavo Arbeláez Cardona, ‘Santiago Naya’ o ‘Santiago Cepeda’; Héctor Julio Villarraga, ‘Gilberto Arroyave’ o ‘El Grillo’; y a las personas conocidas en la guerrilla como ‘El Paisa’ o ‘William’; ‘Leonel Páez’ y ‘Pacho Quinto’.
La Sala de Justicia de la entidad imputó a alias “Pacho Quinto” como máximo responsable regional por participación.
Se trata de quien comandó “la marcha de la muerte”, como se conoce al secuestro de doce diputados en la localidad Asamblea del Valle, de los cuales once fueron ejecutados por la guerrilla.
También ordenó a los ocho imputados entregar toda la información disponible para continuar con la búsqueda, localización, identificación y entrega de las personas secuestradas y desaparecidas que fueron identificadas en el marco de la investigación.
“Hay, por lo menos, 60 hechos únicos de secuestros atribuibles a estas estructuras de las FARC-EP. Algunos de ellos, tres secuestros múltiples (de varias personas), como es el caso de los diputados del Valle o el de los trabajadores de la represa de Anchicayá”, indicó la jueza Julieta Lemaitre Ripoll.
La Sala también describió cómo el trato brindado por los exintegrantes de las FARC-EP a las víctimas fue causante de un profundo sufrimiento.
Asimismo, la magistrada dijo que “la Sala cuenta con suficientes fuentes que demuestran que los asesinatos de los cautivos eran consultados con los superiores, y en algunos casos hubo órdenes generales de matarlos en caso de intento de rescate militar”.
Sobre el ocultamiento deliberado del paradero de las personas secuestradas, la Sala determinó que también era una eventualidad contemplada en las órdenes generales dadas por el Secretariado de las FARC y los coordinadores del Comando Conjunto de Occidente al igual que la no entrega de los cadáveres de quienes morían en cautiverio.
Incluso, disponían el cobro de dinero por la entrega del cuerpo que nunca llegaba a manos de sus familiares.
En el siguiente documento de la JEP se explica en detalle
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Con información de Sputnik.