La Procuraduría General de la Nación requirió al Director General de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega Medina, un informe sobre los avances e indicadores que precisen con transparencia los impactos de la reforma rural del Acuerdo de Paz.
La petición surge ante la falta de claridad en la información sobre los resultados de la Reforma Rural Integral, especialmente para alcanzar la meta de tres millones de hectáreas que deben entregarse a través del Fondo de Tierras y los siete millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural que deben ser formalizadas.
Teniendo en cuenta las alertas emitidas en reiteradas ocasiones por el ente de control, que han advertido imprecisiones en los datos reportados, el director de la ANT deberá remitir los resultados en el actual periodo de gobierno, la base de datos con el registro y detalle de las adjudicaciones de bienes fiscales, las formalizaciones de predios privados, entre otros; así como la gestión del año 2023 del Observatorio de Tierras Rurales.
En la solicitud, el Ministerio Público citó el “Informe sobre el estado de avance de la implementación de las estrategias de acceso a tierras y uso del suelo rural contempladas en al Acuerdo de Paz” publicado en enero de 2021 por la Procuraduría, donde expuso que el área formalizada en el periodo 2017-2020 (hectáreas adjudicadas y registradas en las correspondientes ORIP durante el periodo de implementación del Acuerdo de Paz) sería de 913.548 has y no 1.966.691.1 has como se informa por la ANT, con una diferencia de 1.053.142,2 hectáreas menos. Para el ente de control no es claro por qué la ANT estaría sumando como logros de la implementación del Acuerdo de Paz resultados previos a la firma del mismo.
El Ministerio Público insistió en que la información que se publica debe corresponder con los indicadores establecidos para su seguimiento, contrario a lo que la ANT viene divulgando, y a las afirmaciones de su director que referenció a medios de comunicación, “que el indicador es la entrega de los títulos, lo demás es un debate técnico”, declaraciones que no informan sobre realizaciones sustanciales del actual gobierno.
Finalmente la procuraduría recalcó que la información requerida será incluida en el informe que el Ministerio Publicó radicará en los próximos días ante el Congreso de la República, sobre el estado de avance de la implementación del Acuerdo de Paz.
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