La Policía Nacional a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en trabajo articulado con el Servicio de Seguridad Diplomático de la Embajada de los Estados Unidos (DSS), la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el apoyo del Comando de Contrainteligencia Militar y la Séptima División del Ejército Nacional, logró la captura de once personas en la ciudad de Medellín y el municipio de Itagüí en el departamento de Antioquia, en San Juan de Pasto (Nariño), Popayán (Cauca) y San Andrés Islas, quienes presuntamente hacían parte de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de personas.
Se trata de una organización delincuencial dedicada al tráfico de migrantes en la modalidad de coyotes, quienes tenían injerencia criminal a lo largo y ancho del país y contaban con un funcionario de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE) en la isla de San Andrés, quien al parecer mientras se encontraba en servicio facilitaba el ingreso de personas extranjeras presentando documentos falsos para seguir la ruta migratoria con destino a Nicaragua.
Durante la investigación se logró establecer que los miembros de la organización cobraban tarifas desde 1.000 a 5.000 dólares por cada víctima migrante dependiendo de la ruta utilizada, las cuales estaban definidas por la selva del Darién – Panamá, la ruta Buenaventura – costa del pacífico o la ruta de San Andrés Islas – Nicaragua con destino a los Estados Unidos de Norteamérica.
El cabecilla y encargado de reclutar victimas migrantes era Anderson Giraldo Espinal conocido como “Ander”, quien dirigía la organización además de realizar el trabajo de “coyote”, aun cuando se encontraba con medida de aseguramiento domiciliaria privativa de la libertad por el delito de tráfico de migrantes.
Alias “Ander” dinamizaba el reclutamiento, traslado de migrantes y promoción de sus servicios en redes sociales y voz a voz como si fueran paquetes turísticos; por otra parte, su hermano John Freider Espinal, era el encargado de la logística y finanzas criminales.
Anderson Giraldo Espinal, fue capturado durante una diligencia de registro y allanamiento en el municipio de Itagüí junto con su madre Alba Luz Espinal, esta última sindicada de ser la presunta encargada de hospedar y custodiar a las víctimas; cuatro presuntos coyotes más fueron capturados en el Valle de Aburrá, incluyendo a Daniel Fernando López propietario de dos vehículos de servicio público quién al parecer los ponía a disposición de la organización criminal para transportar migrantes.
Simultáneamente en la isla de San Andrés, fue capturado Víctor Hugo Hooker, funcionario de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE), quien vía telefónica daba instrucciones a la organización criminal de cómo y cuándo deberían llegar las víctimas para no ser detectadas por la policía y el poderlas recibir sin levantar sospechas.
En la ciudad de Popayán fue capturado Deimer Enrique García, exmilitar y presunto coyote, quien con su experiencia militar y reconociendo la zona del sur país conocía la rutina de los puestos de control militares y policiales conocimiento que utilizaba para evadirlos; en la misma ciudad fue capturado Andrés Felipe Bambague, también presunto coyote al servicio de Deimer García.
Uno de los presuntos coyotes más experimentados y tentáculo principal de Anderson Giraldo Espinal en el sur del país, era Pedro Leonel Tobar, quién fue capturado en la ciudad de San Juan de Pasto del departamento de Nariño, en vía pública cuando se movilizaba en el mismo vehículo que días antes había utilizado para transportar migrantes.
Mediante controles técnicos y el trabajo de campo de los investigadores se logró establecer, que la organización delincuencial se habría beneficiado en tan sólo un mes con una de las rutas en más 120 millones de pesos y que habían traficado ilegalmente por el territorio nacional colombiano con personas de Ecuador, Venezuela, Cuba, Rusia, China y Kirguistán.
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Los capturados fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de migrantes y un Juez de Control de Garantías concedió a seis de sus integrantes medidas de aseguramiento privativa de la libertad incluyendo los dos cabecillas y los otros cinco fueron cobijados con medidas no privativas de la libertad, con prohibición para salir del país y presentaciones ante las autoridades competentes.
El General (Bg.)José Luis Ramírez Hinestroza, director de Investigación Criminal e INTERPOL detalló lo que fue el desarrollo de las capturas en varias ciudades del país.
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