Con el respaldo de 58 firmas de legisladores, la Asamblea Nacional (parlamento) de Ecuador recibió el jueves la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por los delitos de concusión y peculado en el caso investigado como “El Gran Padrino”, donde se ha vinculado al cuñado del mandatario, el empresario Danilo Carrera.
“Nosotros establecemos responsabilidades políticas y hemos presentado este juicio político porque los hechos fácticos, la relación circunstancial y la conducta del presidente se adecua a lo que dispone el (artículo) 129, numeral 2: delitos por concusión y por peculado, tanto en las empresas Petroecuador, Flopec y EMCO”, dijo la legisladora Viviana Veloz, de la coalición opositora Unión por la Esperanza (UNES, centroizquierda).
La parlamentaria encabezó una comisión legislativa que investigó las denuncias de un medio digital ecuatoriano respecto a la presunta existencia de una red de corrupción para la venta de cargos y contratos en empresas públicas como la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO).
A ello se añadió los presuntos vínculos de operadores políticos cercano al círculo presidencial con el narcotráfico, e incluso se reveló un audio que señalaría un supuesto financiamiento a la campaña electoral del entonces candidato Lasso en su camino a la Presidencia en 2021.
El informe de la comisión parlamentaria, aprobado por 104 votos a favor de 137 integrantes del órgano legislativo, propuso el enjuiciamiento político del presidente por delitos contra la administración pública y la seguridad del Estado.
Además, el mandatario ha sido señalado por no haber dado paso a dos informes, uno de la Policía Nacional que fue reservado por la Fiscalía y daba cuenta de eventuales nexos con la mafia albanesa, y otro elaborado por la gubernamental Secretaría Anticorrupción donde se alertó de indicios de corrupción en el sector público.
Veloz señaló que este juicio político representa a 18 millones de ecuatorianos que tienen miedo de perder la vida por la inseguridad y el narcotráfico.
“Encarna la voluntad popular que enfrenta a un presidente incompetente y corrupto que nos ha llevado al abismo de la pobreza y precariedad”, aseveró.
Entre los críticos de esta acción, el legislador Juan Fernando Flores, del oficialista Movimiento CREO, dijo que “este es otro paso dentro del proceso de desestabilización” y que queda claro que no hay pruebas ni causales sino que sólo establecen que “existe un hilo conector según una presunción”.
El siguiente paso es que en un plazo máximo de tres días el presidente de la Asamblea Nacional Virgilio Saquicela, debe poner la solicitud del juicio político en conocimiento del Consejo de la Administración Legislativa (CAL).
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Posteriormente, esta debe ser enviada a la Corte Constitucional y de ser positiva la respuesta, esta propuesta regresa al órgano legislativo.
Para su aprobación se necesitarán como mínimo 92 votos.
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Con información de Sputnik.