La Contraloría General de la República informó que detectó, en auditorías, 30 hallazgos fiscales por $132.025 millones de regalías en La Guajira. Del total, 95% ($125.739 millones) fueron declarados de impacto nacional. Tal y como lo describió ese organismo, hay proyectos “con evidente falta de planeación, obras que no prestan el servicio para el cual fueron hechas, urbanizaciones de vivienda sin terminar, escenarios recreativos y deportivos que fueron entregados y se encuentran en mal estado y abandonados”.
De la millonaria cifra, se calcula que $37.000 millones corresponden a resultados de la Actuación Especial sobre el OCAD Paz. Por el otro, el mayor detrimento patrimonial detectado y declarado de impacto nacional alcanza los $15.616 millones que resultan de la implementación de un sistema de producción agrícola y pecuario para fomentar la agricultura campesina, familiar y comunitaria (ACFC) en el municipio de Dibulla.
Dentro de los hallazgos fiscales que determinó la Contraloría están los más de 14 mil millones que están detrás del proyecto de construcción y adecuación de escenarios recreativos y deportivos en la zona rural y urbana en el municipio de Jagua del Pilar. La obra, a pesar de haber sido entregada, no se encuentra a disponibilidad del uso de la comunidad. “Se encuentra en mal estado y en condición de abandono”, dice la entidad.
Al listado de obras se suma la construcción del colector de redes de acueducto y obras complementarias del corregimiento El Pájaro, del Municipio de Manaure. El proyecto, que supera los $11.384 millones de pesos en costos, se encuentra suspendido. La obra tiene un avance del más del 90%, sin embargo, por un conflicto de deudas con la empresa AIRE, se ha impedido que haya energía para el funcionamiento de la obra. Se encuentra suspendido desde junio del 2022.
Le sigue a este escándalo los $10.103 millones de pesos que fueron destinados a la construcción de viviendas de interés prioritario en los municipios de Riohacha y Manaure.
“Este detrimento correspondió a la ejecución de una obra que no prestó los servicios para los que fueron aprobados los recursos. De igual manera, esta obra sufre de una suspensión y tiene cerca de 700 viviendas construidas que no prestan servicio”, dice la Contraloría en su comunicado.
Además, un hallazgo fiscal por $8.420 millones en relación al proyecto “Implementación de estrategias para la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático ante la escasez hídrica en las comunidades indígenas de La Guajira”, por el no cumplimiento del objetivo principal del mismo, ya que en realidad solo se hicieron pozos para extracción de agua, una práctica ambientalmente NO sostenible. La entidad afectada es el Municipio de Manaure.
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Se trata de una obra inconclusa y abandonada por parte del contratista, con falta de vigilancia y control por parte de la interventoría y el supervisor de obra. Por el abandono del proyecto, el sistema de acueductos se deteriora cada día más, lo cual hace que los recursos invertidos en las actividades ejecutadas se pierdan.
La implementación de sistemas acuapónicos generadores de seguridad alimentaria e ingreso familiar en diferentes comunidades del municipio de Albania generó un detrimento de $8.050 millones.
Esta es una obra que se ha encontrado abandonada, con estanques en mal estado y cultivos desatendidos. El proyecto, en el que además se presentó la muerte de más de 1000 alevinos en estados de precría, no cumplió con el objetivo principal y fue objeto de hurtos en diferentes puntos.
Por $5.688 millones se determinó hallazgo fiscal correspondiente a la optimización de colectores principales sanitarios del sistema de alcantarillado en los barrios Cooperativo y Olivos, en Riohacha.
El proyecto fue impulsado por una emergencia sanitaria, que permitió una contratación directa con un alcance limitado y ha tenido como resultado múltiples suspensiones y prórrogas.
Los tramos de la obra que fueron “optimizados” siguen presentando inundaciones, dando continuidad a la emergencia sanitaria.
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Hallazgo fiscal de $3.799 millones, por la construcción de la planta de tratamiento de agua potable en el corregimiento de Buenos Aires (Municipio de Uribia), dado que no se cuenta con recurso hídrico apto para la explotación y tratamiento de agua con destino a la comunidad objeto del contrato.
No se agotaron las instancias previas a la ejecución del proceso contractual que evidenciara la presencia de agua en la zona.
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