Las autoridades desarticularon una red dedicada a la adulteración de alimentos que eran suministrados al Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en las ciudades de Barranquilla, Medellín y Bucaramanga.
Gracias al trabajo de investigación de la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, INVIMA, Secretarías de Salud y peritos especializados, se logró la identificación de los 12 integrantes de esta red, quienes también falsificaban productos de aseo y medicamentos vencidos que eran distribuidos en tiendas de barrio.
Los operativos se realizaron en las ciudades mencionadas, en donde además se logró la incautaron aproximadamente 70 toneladas productos manipulados y en malas condiciones sanitarias.
El material de prueba obtenido da cuenta de que, al parecer, esta organización criminal adquiría grandes cantidades de alimentos en descomposición, deteriorados, con fechas de caducidad vencidas o muy cercanas a vencerse en puertos marítimos de la Costa Atlántica como Cartagena y Barranquilla o en almacenes de grandes superficies.
Posteriormente, los productos eran trasportados a diferentes bodegas de acopio, en donde presuntamente, les modifican las fechas de vencimiento, los mezclaban con otros insumos de menor calidad con el fin de alterar y rendir los alimentos, tratando de darles apariencia de originalidad. Una vez surtido el proceso de alistamiento, los productos eran reempacados sin las mínimas condiciones de higiene.
Además, se estableció que, para algunos insumos como la leche y formulas infantiles, aparentemente utilizaban empaques de marcas reconocidas en los que envasaban barreduras de leche (sobrantes que salen de las bodegas de almacenamiento en puertos) o lácteos en polvo de baja calidad, que han ingresado al país de forma ilegal, provenientes de otros países como Chile, Uruguay, Finlandia, sin contar con registro sanitario del INVIMA.
En cuanto a los elementos de aseo y medicamentos, entre estos antibióticos, hay indicios de que, presuntamente, los distribuían en tiendas, supermercados y droguerías de pequeña superficie, también con las fechas de caducidad alteradas, representando un peligro para la salud de la comunidad.
Por estos hechos, fiscales adscritos a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentaron ante jueces de control de garantías a los señalados responsables de estas actividades ilegales, y les fueron imputados, de acuerdo con su participación y posible responsabilidad, los delitos de: corrupción de alimentos, productos médicos y material profiláctico; imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias; usurpación de derechos de propiedad industrial; y concierto para delinquir.
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Los procesados fueron identificados como Robinson Varón Cano, Yoni Alexander Naranjo Parra, Lisdley Herrera Montoya, Gloria Teresa Reyes Lozano, Jairo Quintero Felizzola, Jesús Arnulfo Giraldo Aristizabal, Jhon Fredy Sierra Ospina, José William Giraldo Gómez, Farley Alberto Jiménez Macías, Javier Díaz Plata, Doris Cardozo Duarte, y Álvaro Quintero Gutiérrez, quienes fueron cobijados con medida de internamiento en la cárcel.
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