La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) anunció este lunes que ordenó el traslado del expediente del coronel retirado del Ejército Publio Hernán Mejía Gutiérrez a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de ese tribunal ante la negativa del militar de reconocer su responsabilidad en casos de asesinatos de civiles por parte de uniformados para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate (falsos positivos).
“La orden de traslado se dio luego de que el excomandante de dicha unidad militar no reconociera su responsabilidad en los hechos que son estudiados en el Caso 03 (Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combates)”, indicó la JEP en un comunicado.
Aunque Mejía Gutiérrez firmó en junio de 2017 un acta de compromiso para someterse a la JEP ha negado toda su responsabilidad en los hechos imputados y, por el contrario, ha catalogado los testimonios de los demás testigos y comparecientes del tribunal que lo mencionan como “descabelladas” y “criminales versiones” que solo faltan a la verdad, indicó la JEP.
El militar es investigado por el subcaso denominado “Costa Caribe”, que abarca lo ocurrido entre 2002 y 2005 en el norte del departamento del Cesar y en el sur de La Guajira, atribuido a algunos integrantes del Batallón La Popa, cuando presentaron las muertes de civiles como resultados operacionales legítimos, en medio de una alianza criminal entre militares y paramilitares.
“A través del auto 128, emitido el 7 de julio de 2021, la JEP declaró como máximos responsables a 15 miembros del Ejército (dos tenientes coroneles, tres mayores, un teniente, dos subtenientes, dos sargentos primero, un sargento viceprimero, un cabo tercero y tres soldados profesionales) por su participación determinante en el asesinato de 127 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira”, dijo la JEP.
Uno de esos 15 imputados fue Mejía Gutiérrez, a quien se le atribuye responsabilidad en 75 asesinatos cometidos por el Batallón La Popa entre enero de 2002 y diciembre de 2003, cuando él era el comandante de dicha unidad militar.
Por eso la Sala de Reconocimiento de la JEP le imputó los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, que también constituyeron a crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada de personas, y el crimen de guerra de homicidio.
Ante la negativa del militar de aceptar su participación en tales casos de falsos positivos, la Sala de Reconocimiento de la JEP dio por terminada la parte dialógica del proceso y abrió la posibilidad de que se inicie un juicio adversarial.
En consecuencia, será la UIA (conocida también como la Fiscalía de la JEP) la instancia que deberá continuar con el trámite adversarial.
De ser vencido en juicio adversarial, Mejía Gutiérrez podría ser condenado a 20 años de cárcel.
Con información de Sputnik.