Miembros del Partido Comunes (exFarc) pidieron este lunes a la Corte Constitucional que pida “medidas específicas” al gobierno, ante el asesinato continuado de decenas de excombatientes de la mencionada guerrilla, que firmaron la paz en 2016.
“Estamos solicitando a la Corte que ordene medidas muy específicas al Ministerio de Hacienda, al Alto Comisionado para la Paz, al Presidente”, dijo en declaraciones al informativo CMI Rodrigo Granda, integrante de esa colectividad.
De acuerdo con el Instituto de Estudios para la Paz, Indepaz, que hace seguimiento a la situación de los firmantes de paz, en 2021, al menos 36 exguerrilleros han sido asesinados o desaparecidos.
Sin embargo, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal creado por el acuerdo de La Habana, la cifra asciende a más de 200 desde la firma.
El gobierno de Iván Duque ha declarado varias veces que los autores de estos asesinatos son las disidencias de las mismas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
“¿De quién es la responsabilidad de la seguridad de los firmantes de la paz? Por acción u omisión, recae en el Estado, en el gobierno colombiano”, agregó Granda.
El representante del gobierno en la audiencia, el Consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, respondió a estos cuestionamientos: “Además de las medidas de protección, tenemos el cartel de los más buscados, la coordinación entre el Ejército y organizaciones de inteligencia, y tenemos a la Fiscalía funcionando 50 por ciento más eficientemente de lo que lo hace con el resto de delitos”.
Voceros de Comunes también denunciaron este lunes amenazas por parte del grupo narcotraficante de origen paramilitar ‘Clan del Golfo’.
Con información de Sputnik.