Al término de la audiencia del proceso a la Unión Temporal Centros Poblados, quedó en firme la declaratoria de caducidad del contrato 1043 de 2020.
La caducidad es la sanción más drástica que se puede aplicar en materia de contratación estatal. Los contratistas que conforman la Unión Temporal quedan, en virtud de la decisión, inhabilitados por 5 años para contratar con el Estado, y cesan automáticamente los contratos que tengan vigentes con cualquier entidad del Estado, a nivel nacional o regional.
La ministra de las TIC, Karen Abudinen, señaló: “Desde hace 45 días, el grupo de actuaciones administrativas del MinTIC inició este trabajo, en el que cumplimos siempre el debido proceso. Con firmeza y convencimiento les digo: esta es la decisión más acertada”.
La funcionaria enumeró ocho acciones de impacto que su despacho emprendió desde el momento en que trascendió la inexistencia de una garantía válida para el contrato. Tales acciones son:
- Denuncia inmediata ante la Fiscalía General de la Nación para que iniciara las investigaciones pertinentes, documento que fue radicado con el No. 21-20-59-637, y al que se le han hecho 8 ampliaciones.
- Traslado expedito a los entes de control: Procuraduría y Contraloría, a quienes el ministerio entregó toda la información para que iniciaran sus investigaciones.
- Se dio comienzo, al interior del Ministerio, a la actuación administrativa para caducar el contrato.
- Se inició un proceso de control interno para establecer si hubo fallas al interior del Ministerio.
- Está en curso una actuación administrativa a la firma interventora, Consorcio PE 2020 C Digitales, responsable de supervisar la ejecución del contrato y avalar los anticipos y giros.
- Remplazo inmediato de la supervisión del contrato para garantizar la transparencia y facilitar las acciones de los entes de control.
- Actuaciones frente a la fiducia y a SESCOLOMBIA, este último contratado por el Ministerio para revisar los riesgos y las garantías del proceso, y quien dio el concepto favorable sobre la validez de las garantías.
- ‘Plan de Choque’ para revisar las bodegas y los colegios donde se encuentra la infraestructura tecnológica, para hacer un levantamiento y corroborar el plan de inversión del anticipo.
La ministra Abudinen confirmó que el 29 de julio el ministerio puso en conocimiento de la Fiscalía que el Banco Itaú señaló que la garantía bancaria de seriedad de la oferta tampoco fue expedida por esa entidad. Por eso, anunció que la cartera que dirige adelantará un proceso de nulidad parcial del acto de adjudicación, así como la nulidad del contrato con la Unión Temporal Centros Poblados y pedirá las restituciones mutuas por daños y perjuicios.
Proteger el patrimonio público
Al término de la audiencia, Abudinen dijo: “Por respeto al debido proceso y para mantener la firmeza de la actuación administrativa, durante dos semanas no he dado declaraciones públicas, aun cuando recibimos toda clase de ataques y campañas de desprestigio, con una gran dosis de desinformación que busca confundir y engañar a la ciudadanía sobre mi proceder y el de esta entidad. Pero hoy que ha quedado en firme la caducidad, estoy aquí para comunicar las medidas que hemos tomado, para proteger el patrimonio público y asegurar el cumplimiento de la meta de conectividad”.
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A continuación, enumeró las acciones que ya inició el ministerio para que el anticipo de 70 mil millones de pesos regrese a las arcas de la Nación.
La primera es el mencionado ‘Plan de Choque’ desde la Supervisión, que por orden de la ministra pasó a cargo del viceministro de Conectividad, Walid David. El funcionario detalló que el ministerio ha visitado las bodegas y los colegios donde se encuentran los equipos adquiridos para conectar los Centros Digitales correspondientes al contrato caducado.
Aludiendo a una declaración de la Unión Temporal Centros Poblados en el sentido de que ‘el Ministerio ha visitado los puntos y bodegas y no ha realizado ninguna objeción’, el viceministro aclaró: “Las visitas fueron realizadas con el objetivo único de hacer un levantamiento de cantidades, que no implica una aceptación de lo encontrado, ni implica un pronunciamiento por parte de la supervisión hacia la Unión Temporal”.
La ministra Abudinen agradeció el respaldo del presidente Iván Duque y enfatizó que la intención del ministerio TIC es no solo proceder a cobrar los 70 mil millones del anticipo, sino hacer efectiva la cláusula penal en contra de la Unión Temporal, por la suma de hasta 39 mil millones de pesos. Del mismo modo, pidió el acompañamiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y de la Contraloría, a través de su Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de prevención, investigación e incautación de Bienes.
La funcionaria terminó reiterando su compromiso de proteger los recursos del Estado y de lograr las metas de conectividad del Gobierno: “El país recuerda que en el pasado dije que para mí las opciones son el cumplimiento de las metas o el cementerio…. ¡Hoy lo sostengo! Es una convicción que ha guiado mi trayectoria profesional y no cambia, ni siquiera tras haber enfrentado las acciones de redes ilegales que activamente trataron de engañarnos”.