La Procuraduría General de la Nación advirtió a las entidades territoriales de Santander que disponen sus residuos sólidos en El Carrasco, que están en la obligación de cumplir con el cierre definitivo del sitio de disposición final, tras la decisión del Juzgado 15 Administrativo del Circuito de Bucaramanga de no autorizar nuevas prórrogas a la orden dada hace más de 10 años por el Tribunal Administrativo de Santander.
En requerimiento enviado el 11 de agosto al gobernador, al gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander ESANT SA ESP; a los directores de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB); de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, y a los alcaldes del Área Metropolitana de Bucaramanga y de 16 municipios del departamento, el Ministerio Público mostró su preocupación ante ausencia de planes de contingencia para la disposición final de cerca de 1.000 toneladas diarias que se depositan actualmente en el relleno sanitario.
“Se observa que, a lo largo de 10 años, las diferentes administraciones municipales han continuado disponiendo en ‘El Carrasco’ vía decretos de emergencia y calamidad, pese a la orden judicial y administrativa de cierre, sin avanzar en la construcción de una solución definitiva para la disposición final de sus residuos”.
La Procuraduría recordó que el principio de precaución impone a las autoridades el deber de adoptar todas las medidas encaminadas a prevenir y mitigar las situaciones de riesgo de desastres, cuando existe un peligro de daño a los bienes, vidas y derechos de las personas, y advirtió que “la materialización efectiva del cierre de ‘El Carrasco’ no tiene por qué ser sorpresiva o inesperada”, teniendo en cuenta que desde 2011 ya se conocía la decisión del tribunal.
Esta orden de cierre corresponde principalmente a una restricción normativa que prohíbe la ubicación de rellenos sanitarios en el predio El Carrasco, teniendo en cuenta que está en el cono de aproximación del Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga, Santander.
La Procuraduría hizo un llamado a los alcaldes de los municipios en los que existen rellenos sanitarios legalmente autorizados y que cuentan con capacidad técnica para recibir los residuos que se disponen en El Carrasco, que como funcionarios tienen prohibido obstaculizar, impedir, torpedear el buen funcionamiento de un servicio público esencial e indicó que estos comportamientos podrán dar lugar a acciones disciplinarias.